El hermano de Sánchez, camino del banquillo
2026 será el año en que el hermano de Pedro Sánchez se siente en el banquillo de los acusados por la creación "a dedo" de la plaza de coordinador de conservatorios que obtuvo en la Diputación de Badajoz en 2017. La causa, que arrancó a mediados de 2024, cogió fuerza este año hasta el punto de que su instructora, Beatriz Biedma, concluyó que había indicios para juzgar a todos los imputados por presunta prevaricación y tráfico de influencias. Las declaraciones de los testigos y los correos incautados por la Guardia Civil a los altos cargos de la Diputación llevaron a la juez a concluir que dicha plaza pública se creó expresamente para el hermano del entonces secretario general del PSOE.
Además, la instructora dijo que David Azagra -nombre artístico del músico- era plenamente consciente de que este puesto se hizo para él y que se presentó a la convocatoria e hizo la entrevista “para simular la legalidad formal del procedimiento”. La investigación permitió constatar también que, una vez asentado en la Diputación que entonces presidía Miguel Ángel Gallardo, medió para enchufar a un asesor de Moncloa que se refería a él como “hermanito”. Se trata de Luis Carrero, un funcionario que mientras estuvo adscrito al Ministerio de Presidencia (entre 2020 y 2023) colaboró con proyectos de David Sánchez, tales como el programa "Ópera Joven".
Los mensajes incautados evidenciaron que Carrero sabía que iba a salir a concurso la plaza que finalmente se adjudicó en comisión de servicios como jefe de Sección de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas. En concreto, figura un correo que el músico envió al asesor de Moncloa el 30 de octubre de 2023 en el que le indicó que, "en cuanto" se incorporara quería pasar una semana por su puesto de trabajo para servirle "de apoyo". El funcionario le respondió que no tenía el calendario de convocatoria de la plaza pero que Manuel Candalija (exalto cargo también acusado en el procedimiento) le dijo que saldría en noviembre. La juez constató que, efectivamente, un mes después de esta conversación se publicaron las bases de esta plaza a la que solo se presentó él.
Tres años de prisión
Las acusaciones populares -integradas por Manos Limpias, Hazte Oír, el Partido Popular, Iustitia Europa, Liberum y Abogados Cristianos- solicitan para el hermano de Sánchez tres años de prisión por los delitos de tráfico de influencias en concurso medial con prevaricación y nombramiento ilegal, mientras que para Carrero reclaman año y medio de cárcel.
En su escrito de acusación expusieron que se creó el puesto "a medida" para él y que se fingió el proceso selectivo pese a que el resto de candidatos no tenían posibilidad alguna. Además, advirtieron de que se le permitió trabajar lo que él quería y que no se controlaron sus ausencias en su puesto de trabajo, pese a que en el contrato se dejaba claro que su labor era presencial.
La causa dio un giro de 180 grados cuando Gallardo decidió aforarse a las puertas tras su procesamiento. El movimiento obedeció a un intento porque la causa no fuera juzgada en la Audiencia Provincial de Badajoz, sino en el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Sin embargo, este ente se negó a asumir la competencia del asunto al entender que la "torticera" maniobra del candidato del PSOE en las elecciones de Extremadura respondió a un "fraude de ley".
El aforamiento de Gallardo
Por ello, devolvió la causa a la Audiencia de Badajoz, que fijó como fechas de juicio del 9 al 14 de febrero. No obstante, el tribunal enjuiciador retrasó la vista a mayo, a petición de abogados de las partes que advirtieron que este señalamiento les coincidía con otros acordados previamente. Finalmente, y de no haber sorpresas, el hermano de Sánchez y la otra decena de acusados serán juzgados los días 28 y 29 de mayo, y 1, 2, 3, y 4 de junio.
Con todo, el procedimiento puede dar un nuevo vuelco tras las elecciones autonómicas del pasado 21 de diciembre en Extremadura. En este caso Gallardo obtiene su acta de diputado como resultado de un proceso electoral y, por lo tanto, el TSJ extremeño sí podría entender que en este caso es competente para asumir el procedimiento. De hacerlo, es muy probable que la fecha de arranque del juicio volviera a demorarse. Tampoco es descartable que el candidato socialista apueste por la vía del Senado. De ser nombrado miembro de la Cámara Alta, el competente para enjuiciar todo el procedimiento sería el Tribunal Supremo.