El "caso Begoña" acumula más pruebas
Ni las querellas por prevaricación presentadas contra el juez Juan Carlos Peinado ni los recursos de la Fiscalía y las defensas ante la Audiencia Provincial de Madrid han servido para terminar con un «caso Begoña Gómez».
La instrucción ha asumido a lo largo de este año que se cierra más material probatorio que pone en un brete penal a la mujer del presidente del Gobierno, su asesora en Moncloa y el empresario Juan Carlos Barrabés. El procedimiento ya apunta hacia un juicio con jurado y un margen para la instrucción hasta marzo. Los últimos 12 meses, han supuesto, por ejemplo, la aparición de un centenar más de «mails» de Cristina Álvarez con la Universidad Complutense de Madrid (UCM) que refuerzan la tesis de que realizaba gestiones de la cátedra extraordinaria que Gómez codirigía allí.
También figuran otros correos con empresas que desarrollaron el software que se investiga si se apropió indebidamente la esposa de Pedro Sánchez. De momento, se ha conocido que son 38 los mensajes con Indra, que también hay con Telefónica y falta aún la respuesta de otras compañías. Estas pruebas apuntalan para ella y la alto cargo de Presidencia del Gobierno el delito de malversación de fondos públicos por el que ambas están siendo investigadas.
"Clara desviación de poder"
Este ha sido el año en que la Audiencia de Madrid, instancia superior al instructor, confirmó que existen indicios de que se produjo una «clara desviación de poder» en la promoción profesional de Gómez y apuntó a que de la investigación desarrollada «se podría deducir» que esta pudo «aprovechar» su proximidad al jefe del Ejecutivo, como su esposa» para «vender supuestos favores u ofrecer supuestas influencias».
Los magistrados madrileños señalaron que, a cambio, Gómez recibía contraprestaciones dirigidas a «proyectar su carrera profesional en la búsqueda de una posición privilegiada» en el «novedoso sector» de la «captación de fondos para entidades, en relación al establecimiento de criterios de responsabilidad social competitiva transformadora de la sociedad». Precisamente, los ámbitos en los que formaba a los alumnos de los dos másteres propios que ofrecía Gómez a través de la cátedra.
Los magistrados madrileños resaltaron que el grupo empresarial del otro investigado, Juan Carlos Barrabés, resultó «una pieza clave en el desarrollo e implementación» de la cátedra, y esta, posteriormente, sirvió de plataforma «para el lanzamiento y supuesta excelencia profesional» y desde ella «se habrían urdido el resto de actividades, sobre las que se proyecta la sospecha delictiva».
También dejó clara la Audiencia madrileña por qué está imputado Barrabés. Por las «adjudicaciones públicas de las que ha sido beneficiaria» su empresa Innova Next SL y que fueron concedidas en un corto periodo de tiempo, entre 2021 y 2022, once contratos públicos con distintas Administraciones, ganando a propuestas más ventajosas por un valor de unos 21 millones de euros. Contando, en algún caso, señala, «con el aval personal de Gómez».