El nuevo cisma transatlántico: el asalto de EE UU al orden europeo
El vínculo entre la Unión Europea (UE) y Estados Unidos ha entrado este 2025 en una fase de fricción que va mucho más allá de simples desencuentros diplomáticos. Lo que antes era una alianza sólida se ha convertido en una disputa por la soberanía, donde la autonomía estratégica comunitaria y los intereses nacionales de Washington chocan en frentes tan diversos como la integridad territorial y la gobernanza del espacio digital. Esta crisis se vio particularmente reflejada en la reformulación de la Estrategia de Seguridad Nacional estadounidense anunciada este mes de septiembre por la Casa Blanca.
Los acontecimientos de esta última semana han confirmado la gravedad de la fractura. En el ámbito geoestratégico, el nombramiento por parte de la Casa Blanca de un enviado especial para Groenlandia –con el objetivo explícito de avanzar hacia una posible anexión de la isla– representa un movimiento que Bruselas interpreta como un desafío directo a la estabilidad y las fronteras de la Unión. A esta tensión territorial se suma el choque digital, tras la decisión de Washington de prohibir la entrada a territorio estadounidense al excomisario Thierry Breton y a otros expertos vinculados a la Ley de Servicios Digitales (DSA) e implicados en la lucha contra el discurso de odio en redes sociales. La medida forma parte de un paquete de sanciones dirigido contra lo que la Casa Blanca describe como «censura digital».
Desde su puesta en marcha, la Administración Trump ha hecho de la DSA su principal caballo de batalla, al considerarla un intento de restringir la actividad de las grandes tecnológicas norteamericanas. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, calificó de «activistas radicales» a los europeos sancionados, asegurando que trabajaron para «coaccionar a plataformas de EE UU a censurar y suprimir puntos de vista estadounidenses».
Esta ofensiva llega tras las multas multimillonarias impuestas por Bruselas a gigantes como Apple y Meta por infringir normas de competencia. Pero el conflicto escaló cuando Bruselas aplicó la primera gran multa bajo el marco de la DSA, donde la red social X fue sancionada con 120 millones de euros por vulnerar la normativa de moderación de contenidos. Lo que para Bruselas era una medida necesaria para corregir el uso de «diseños engañosos» y proteger la transparencia electoral, fue interpretado por Washington como una agresión directa a sus intereses tecnológicos y una vulneración de la libertad de expresión.
Otra «cacería de brujas»
Breton respondió a la sanción con un comunicado en el que se preguntaba si se estaba reviviendo la «cacería de brujas» anticomunista del macartismo. El excomisario recordó que la DSA fue aprobada democráticamente por el Parlamento Europeo y respaldada por unanimidad por los 27 Estados miembros. La normativa, vigente desde 2023, busca regular el funcionamiento de las redes sociales y buscadores para combatir contenidos ilegales y garantizar un mercado único transparente.
La reacción desde Bruselas fue contundente. Stéphane Séjourné, vicepresidente del Ejecutivo comunitario, salió en defensa de Breton afirmando que las presiones externas no silenciarán la «soberanía de los pueblos europeos». La Comisión emitió un comunicado en el que condenó las medidas tomadas por Washington, exigiendo explicaciones y reafirmando su potestad para legislar sobre la economía digital. «Si es necesario, responderemos de manera rápida y decidida para defender nuestra autonomía regulatoria», advirtió la institución.
Este incidente se produce apenas unas semanas después de que EE UU publicara su Estrategia de Seguridad Nacional, un texto que se refiere al «declive económico de Europa» y acusa a Bruselas de socavar la libertad política y la autonomía utilizando «la censura de la libertad de expresión» y reprimiendo a los oponentes políticos. El documento presenta un escenario apocalíptico para el continente asegurando que será «irreconocible en 20 años».
António Costa, presidente del Consejo Europeo, exigió a Washington respeto por la soberanía y la independencia democrática de la UE. «No habrá libertad de expresión si la libertad de información de los ciudadanos se sacrifica para defender a los oligarcas tecnológicos de Estados Unidos», sostuvo.
En paralelo al conflicto digital, las pretensiones territoriales de Estados Unidos sobre Groenlandia han encendido las alarmas en Bruselas. El presidente estadounidense, Donald Trump, nombró el lunes al gobernador de Luisiana, Jeff Landry, enviado especial a la isla ártica, con el encargo explícito de situar el territorio bajo control estadounidense alegando motivos de «seguridad nacional». Landry confirmó que viajará a Nuuk para persuadir a los habitantes locales de que «no hay mejor bandera para la libertad y la oportunidad que la de Estados Unidos». «Espero compartir ese mensaje con el pueblo de Groenlandia», apuntó en una publicación en X.
El valor de esta isla para Washington es puramente estratégico debido a su ubicación clave entre Norteamérica y el continente europeo. En el marco de la OTAN, este territorio danés es fundamental para el control del Ártico. Trump ya había planteado la idea de «comprar» Groenlandia durante su primer mandato, pero los políticos daneses y groenlandeses dejaron claro que la isla no está en venta. El pasado mes de enero, el presidente estadounidense incluso sugirió la posibilidad de intervenir militarmente para tomar el territorio.
En este contexto de ruptura de normas, la designación de un enviado especial para Groenlandia –un cargo inédito– supone un desafío frontal a la integridad territorial de Dinamarca y a los principios de la OTAN. Este movimiento de la Administración Trump ha desatado tensiones diplomáticas que Bruselas y Copenhague interpretan como una amenaza de anexión.
Malestar en Dinamarca
El ministro de Asuntos Exteriores danés, Lars Lokke Rasmussen, anunció que convocaría en los próximos días al embajador de Estados Unidos en Dinamarca, Ken Howery, para exigirle explicaciones. Por su parte, el primer ministro groenlandés, Jens-Frederik Nielsen, recordó en un comunicado que «no se puede anexionar otros países». «Nuestro país queda reducido a una simple cuestión de seguridad y poder», lamentó Nielsen. «El futuro de Groenlandia lo determina el pueblo groenlandés. No somos daneses. No somos estadounidenses, y no queremos convertirnos en tales. Somos Inuiaat Kalaallit, somos el pueblo groenlandés. Nuestra tierra es nuestra y nadie más la controlará ni será su dueño», sentenció.
Desde Bruselas, los líderes europeos reiteraron su apoyo total a la independencia de la isla. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y Costa subrayaron en un comunicado conjunto que «la integridad territorial y la soberanía son principios fundamentales del derecho internacional».
La suma de la ofensiva contra el marco regulador europeo y las ambiciones anexionistas sobre Groenlandia marca el fin de una era de alianza inquebrantable. Con la relación transatlántica en horas bajas, la UE se ve obligada a buscar nuevos socios estratégicos y a reafirmar su independencia en un escenario desconocido donde la cooperación tradicional con su aliado más estrecho se desdibuja cada día que pasa.