Cierran en Cataluña la mayoría de las oficinas bancarias en dos décadas
En marzo de 2001, Cataluña contaba con más de 7.100 oficinas bancarias repartidas por todo el territorio, según los registros oficiales del Banco de España. Dos décadas después, el número apenas supera las 2.000. La caída, cercana al 75%, refleja uno de los mayores procesos de repliegue del sector financiero en Europa occidental.
Durante los años previos a la crisis financiera de 2008, el número de sucursales creció de forma sostenida, impulsado por la expansión del crédito y la competencia entre entidades. Ese modelo se quebró con el estallido de la burbuja inmobiliaria y dio paso a una reestructuración sin precedentes.
Del auge a la concentración bancaria
El punto de inflexión llegó entre 2009 y 2014. En ese periodo desaparecieron la mayoría de cajas de ahorros catalanas, absorbidas o fusionadas en grandes grupos financieros. Entidades históricas dejaron de existir como marcas independientes y el negocio quedó concentrado en pocos operadores.
Hoy, el grueso de la red bancaria en Cataluña se reparte entre CaixaBank y Banco Sabadell, tras un largo proceso de fusiones y adquisiciones que redujo drásticamente la competencia territorial. A junio de 2025, el número total de sucursales activas se situaba en torno a las 2.090.
Menos oficinas, menos entidades
La reducción no responde únicamente a una estrategia de ahorro de costes. El descenso del número de entidades operativas explica buena parte del fenómeno. Donde antes coexistían varias cajas y bancos, ahora suele haber una única opción o ninguna.
A esta concentración se suma la digitalización acelerada de los servicios financieros. Operaciones que antes exigían presencia física se han trasladado a aplicaciones móviles y plataformas online, modificando la relación entre clientes y entidades.
Un impacto desigual en el territorio
El cierre de sucursales no ha afectado por igual a todas las zonas. Las demarcaciones de Barcelona, Girona y Tarragona han perdido alrededor del 70% de sus oficinas desde 2001. En la ciudad de Barcelona, la reducción supera el 75%.
Las comarcas de Lleida han resistido algo mejor, aunque también registran un retroceso significativo. En términos absolutos, el resultado es claro: la mayoría de municipios catalanes ya no dispone de oficina bancaria.
Municipios sin efectivo
Según informes de la Autoridad Catalana de la Competencia elaborados a partir de datos del Banco de España, en 2021 casi la mitad de los municipios catalanes carecía de acceso directo al efectivo. En Girona y Lleida, los municipios afectados eran mayoría.
Esta situación impacta a más de 200.000 personas, muchas de ellas de edad avanzada, con escasa familiaridad con la banca digital y con limitaciones de transporte público.
El acceso a la banca como servicio básico
Las asociaciones municipalistas alertan de que la desaparición de sucursales va más allá de una cuestión económica. En los micropueblos, la falta de servicios financieros dificulta la vida cotidiana y acelera la pérdida de población.
La imposibilidad de retirar efectivo, domiciliar recibos o recibir atención presencial obliga a depender de terceros o a realizar desplazamientos de decenas de kilómetros, una barrera adicional para fijar población en el territorio.
La respuesta institucional
Ante este escenario, la Generalitat de Catalunya puso en marcha en 2024 un servicio de banca móvil para garantizar la inclusión financiera. Se trata de oficinas itinerantes que visitan periódicamente los municipios sin sucursal.
El programa cubre cerca de 500 municipios y atiende a una población estimada de 300.000 personas. En su primer año de funcionamiento, el servicio registró más de 18.000 usuarios y superó las 14.700 operaciones de ingreso y retirada de efectivo.
Una solución parcial
La banca móvil ha sido bien recibida, especialmente entre las personas mayores, pero no cubre toda la demanda. La frecuencia limitada de las visitas y los horarios reducidos dificultan su uso para parte de la población activa.
En municipios turísticos o con fuerte afluencia estacional, la ausencia permanente de cajeros automáticos sigue siendo un problema. Los picos de demanda coinciden a menudo con periodos en los que el servicio móvil no está presente.
Un debate abierto
El repliegue bancario plantea un dilema de fondo: hasta qué punto el acceso a los servicios financieros debe considerarse un derecho básico garantizado, al margen de la rentabilidad económica de cada oficina.
Mientras la digitalización avanza y las sucursales tienden a convertirse en puntos marginales, cientos de municipios catalanes siguen reclamando una solución estable que evite que la exclusión financiera se sume a otros factores de despoblación y desequilibrio territorial.