Podemos carga contra la obra del escultor del Valle de los Caídos en Tenerife

La presentación de una denuncia por parte de Podemos Canarias contra el conjunto escultórico de Juan de Ávalos en Santa Cruz de Tenerife ha desatado una dura crítica por parte de la Asociación para la Investigación y Protección del Patrimonio Histórico San Miguel Arcángel (Aipphsma).

Podemos acusó al Ayuntamiento santacruceño –en manos del Partido Popular y Coalición Canaria (CC)– de llevar a cabo una estrategia deliberada de dilación para mantener el conocido como «monumento a Franco» y presentó una denuncia ante la Fiscalía por lo que considera un posible delito de «prevaricación, falsedad documental y omisión».

Ley de Memoria Democrática

La diputada de Podemos en el Congreso por la provincia de Las Palmas, Noemí Santana, señaló que su partido entiende que se está vulnerando la Ley de Memoria Democrática con la connivencia no solo del Consistorio, sino también del Gobierno de Canarias, para el que también «se reservan» la posibilidad de denunciar por idénticos motivos. Mantener vestigios franquistas en los espacios públicos contraviene lo indicado por la normativa de octubre de 2022, recordó Santana.

Por ello insistió en pedir a las instituciones que deben retirarlo que no obvien el «marcado carácter franquista» del conjunto del escultor del Valle de los Caídos para que dejen de buscar «vericuetos legales» mediante «informes falsos».

Podemos vincula esta supuesta estrategia en que quienes gobiernan en Ayuntamiento y Gobierno canario, CC y PP, no quieren incomodarse mutuamente ni tampoco hacerlo con sus «posibles y futuribles socios» de Vox.

Bien de Interés Cultural

El presidente de Aipphsma, Luis Sosa Tolosa del Valle –también concejal de Vox en el municipio chicharrero– ha echado abajo estos planteamientos con unas declaraciones en las que deja claro que la obra de Ávalos está inmersa, desde 2021, en un proceso judicial para su declaración como BIC (Bien de Interés Cultural).

Recuerda el edil que han sido «otorgadas por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Santa Cruz de Tenerife, medidas cautelares que hacen» del monumento «ya un bien protegido, hasta al menos la finalización del proceso».

Estas medidas, incide Luis Sosa, «lo protegen de cualquier actuación», por lo que «ni el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, ni ninguna administración está capacidad para actuar de ninguna manera sobre el monumento».

El presidente de Aipphsma deplora además que «los podemitas hablan también de denunciar al Gobierno de Canarias» por «la indebida aplicación de la Ley de Memoria en base al “catálogo de vestigios” elaborado por el Gobierno de Canarias en la anterior legislatura, y no han de haberse enterado de que este catálogo fue primero suspendido y luego anulado por sentencia judicial y que actualmente no existe ningún catálogo vigente en Canarias».

Refiere además el edil que los «informes falsos» a los que se refiere Podemos no son sino «estudios histórico-artísticos, informes jurídicos y peritajes de prestigio que prueban el indudable valor artístico de la obra, que no incumple ninguna ley, pues no existen en ella elementos que la contravengan y que, por lo tanto, debería estar protegida», que «es lo que esta asociación siempre ha defendido por el interés patrimonial que tiene para todos los canarios».

«Cumplir su voluntad»

«Para ellos», asegura, «el único argumento es su odio visceral e irracional al pasado y su falta total de proyecto y futuro, por lo que tienen que estar alimentando su discurso para contentar a sus feligreses, aunque no se sostenga ni jurídica ni históricamente, pretendiendo ir contra las administraciones para que cumplan su voluntad».

Todo ello con «desconocimiento de la situación jurídica del monumento y su actual protección en el expediente de declaración de BIC y, para rematar el disloque, el catálogo que piden aplicar está anulado», concluye Luis Sosa.

Medida cautelar «en tanto se discute» su valor

En julio de 2024, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Santa Cruz de Tenerife condenó al Cabildo insular a incoar expediente para su conversión en BIC, al entender que el monumento de Juan de Ávalos «goza de valor artístico y cultural que lo hacen merecedor de dicha declaración».

El conjunto es uno de los más de 70 símbolos considerados franquistas que se habían incluido en el catálogo de Santa Cruz, aprobado en el anterior mandato (PSOE-Cs) y anulado por el actual Ejecutivo (CC-PP).

Aquel fallo venía a resolver el recurso de apelación interpuesto por Aipphsma, que fue estimado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), suspendiendo la decisión de la Corporación insular y estableciendo la protección cautelar de la escultura «en tanto se discute el fondo de la cuestión», es decir, su posible interés cultural. La Corporación insular intentó mantener su decisión, por lo que presentó un recurso de casación, pero el Tribunal Supremo avaló el fallo del TSJC.