Congreso inicia debate sobre reajuste al sector público: oposición advierte de normas sin financiamiento

El Gobierno ingresó el proyecto de reajuste al sector público y este martes comenzó su discusión en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados.  El acuerdo previo alcanzado por el Ejecutivo, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y la Mesa del Sector Público (MSP), contempla un reajuste total de 3,4%, parcelado en un 2% desde diciembre de 2025 y un 1,4% desde junio de 2026, además de medidas laborales e institucionales.

Tanto la CUT como la MSP habían expresado su molestia por la demora del ingreso de la iniciativa, que comúnmente se aprueba en diciembre de cada año. Este martes los trabajadores públicos se manifestaron afuera del Congreso Nacional en Valparaíso para pedir celeridad y en ese contexto, el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados, el diputado Boris Barrera (PC), expresó su apoyo a la movilización y confirmó que buscarán despachar la iniciativa mañana. 

“Mañana durante la mañana queremos recibir algunas audiencias, ojalá super acotadas, para avanzar y empezar a votar ya en la sesión de las 15:00 horas de mañana y ojalá despachar el mismo día. Para eso los convido a que sigan presentes, a que sigan haciendo presión a los parlamentarios y parlamentarias para que esto avance, se apruebe y salga lo más pronto posible. Cuando los trabajadores están bien, cuando los trabajadores del Estado están bien, nuestro pueblo, la ciudadanía está bien”, expresó Barrera en compañía de las diputadas Alejandra Plascencia y Consuelo Veloso. 

El proyecto contempla las normas que causaron polémica y fueron denominadas “de amarre”. Según el Ejecutivo, buscan dar estabilidad laboral y garantizar despidos debidamente fundamentados, así lo ha explicado el mismo ministro de Hacienda, Nicolás Grau, mientras la oposición incluso ha amenazado al secretario de Estado con acusarlo constitucionalmente. 

En la manifestación afuera del Congreso, la coordinadora de la MSP de la CUT, Laura San Martín, insistió en la importancia de apurar el proyecto y cuestionó las críticas que hablan de “amarre”.

“Nosotros no estamos pidiendo nada fuera de lo común, sacrificamos un reajuste que es paupérrimo pensando en el bien del país. Solo estamos solicitando libertad sindical, trabajo decente y estabilidad laboral y no una estabilidad laboral que es nueva, una estabilidad laboral que tuvimos antes, no estamos pidiendo esos falsos amarres”, enfatizó. 

Sobre los despidos, la iniciativa del Gobierno dice, por ejemplo, que “la no renovación de una contrata o su renovación en condiciones distintas debe formalizarse mediante un acto administrativo que exprese los fundamentos de hechos y de derecho que informan la decisión, sustentado en criterios objetivos y suficientemente acreditados”. 

El ministro Grau ha insistido que las medidas respecto a despedidos no corren para funcionarios de confianza, puesto que deben renunciar al terminar el periodo. “El personal que presta asesoría directa en el gabinete del Presidente de la República, de los ministros de Estado, subsecretarios (…) cualquiera sea su modalidad de contratación, deberá presentar su renuncia al cargo, para hacerla efectiva a más tardar a partir del 11 de marzo de 2026”, se lee en el documento ingresado al Congreso. 

Respecto a lo anterior, el diputado parte de la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja, Frank Sauerbaum (RN), adelantó que: “No hay votos para aprobar una ley de amarre como esta, es vergonzoso lo que se están queriendo hacer y tampoco los tiene en su propio sector”.

“Esta norma el Gobierno la presentó para dejar tranquilo al sector público diciéndole, ‘mire, el reajuste que proponemos es cero en términos reales, pero le damos a cambio la inamovilidad de muchas personas que entraron en este gobierno’, lo dijo el mismo ministro Grau”, aseveró.

Además, el parlamentario cuestionó que existirían puntos sin financiamiento en el proyecto. “Rompieron el récord porque presentaron una ley de reajuste con 124 normas, cosa que no habíamos visto nunca (…) presentaron una ley de reajuste que compromete recursos, que no estaban debidamente resguardados ni provisionados en la ley de presupuestos para el año 2026″. 

“Es interesante que el Gobierno entienda que la próxima administración va a tener que asumir muchos recursos, casi 1 billón de pesos que no están debidamente provisionados, con compromisos que se toman hoy día y que obviamente no tiene los recursos para poder financiar”, aseguró. 

Sauerbaum advirtió que no respaldarán iniciativas que no cuenten con un financiamiento adecuado, subrayando que el Ejecutivo solo dejó provisionados 600 millones de dólares cuando, según sus cálculos, se requieren más de 1.200 millones. En esa línea, apuntó a que el propio informe financiero reconoce que será el próximo gobierno el que deberá realizar reasignaciones para cubrir esa brecha, lo que calificó como “muy extraño”, cuestionando que la actual administración traslade esa responsabilidad a la siguiente.