Caso Nexus 2.0: OIJ ejecuta 13 allanamientos por estafa informática y detiene a 8 sospechosos
Agentes de la Sección Especializada contra el Fraude Informático del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizaron este viernes 13 allanamientos simultáneos en distintos puntos del Costa Rica como parte de la denominada “Operación Nexus 2.0”, cuyo objetivo es desarticular una red criminal dedicada a la estafa informática.
Durante el operativo, las autoridades pretendían detener a ocho personas sospechosas de integrar esta organización, la cual operaba mediante una sofisticada modalidad de ciberdelincuencia.
La acción policial da seguimiento a una investigación que se remonta a 2023 y que tuvo su primer gran resultado en 2025, cuando el OIJ, en coordinación con la Policía Nacional de Colombia, logró identificar el funcionamiento de la estructura criminal en el denominado caso Nexus.
Según la investigación, el grupo creaba sitios web fraudulentos que imitaban con alto grado de precisión las plataformas oficiales de diversas entidades financieras.
Al ingresar a estas páginas falsas, las víctimas introducían sus credenciales bancarias sin percatarse del engaño, lo que permitía a los delincuentes apoderarse de información sensible y posteriormente vaciar las cuentas.
El análisis técnico permitió ubicar direcciones IP con localización física en Colombia, donde presuntamente se desarrollaban y administraban las páginas maliciosas.
Mientras el componente tecnológico se ejecutaba desde ese país, en Costa Rica se coordinaba el retiro y la movilización del dinero sustraído, mediante una red de “frenteadores” y cuentas bancarias utilizadas como destino final de los fondos.
El impacto económico para las víctimas es considerable. En el caso Nexus (2025), las autoridades detectaron un perjuicio inicial de ¢35 millones, distribuido en 25 causas judiciales.
En esta segunda fase, Nexus 2.0, el OIJ contabiliza 23 denuncias adicionales presentadas entre 2024 y 2025, que suman una afectación de ¢34.665.146,54 y $5.000.
En total, los investigadores estiman que el daño económico supera los ¢70 millones.
Mediante el rastreo de bitácoras bancarias y conexiones IP, los agentes lograron identificar los domicilios y locales comerciales desde los cuales se realizaban los accesos ilícitos a las cuentas de los ofendidos.
Las ocho personas detenidas durante los allanamientos serán puestas a la orden del Ministerio Público, junto con un informe policial.
La Fiscalía definirá su situación jurídica y las eventuales medidas cautelares por el presunto delito de estafa informática.