La liberación de presos políticos anunciada por el régimen venezolano no es una buena noticia a medias: es una mala noticia envuelta en propaganda. No porque no deba celebrarse que algunos inocentes recuperen la libertad –eso siempre lo es–, sino porque el gesto pretende ser leído como un punto de inflexión moral cuando, en realidad, funciona como una confesión calculada de los crímenes de una dictadura abominable. No se ha liberado a «los presos políticos» , sino a unos pocos. Las organizaciones de derechos humanos cifran en torno al millar los encarcelados por razones políticas. Por eso, la imagen más elocuente no fue el comunicado de Jorge Rodríguez, sino la de decenas de familiares aguardando a las puertas de El Helicoide, de Rodeo o de otras cárceles del país, con bolsas, papeles y teléfonos en la mano, esperando una llamada que nunca llegó. Esa espera desmiente cualquier relato de apertura. El sistema represivo sigue intacto; sólo ha aflojado un tornillo. El chavismo –ahora en fase post-Maduro, pero aún reconocible– vuelve a recurrir a una vieja táctica: la distensión selectiva. Maduro la utilizó durante años, coincidiendo con negociaciones internacionales, presiones externas o momentos de debilidad. Se liberan algunos nombres, se gana tiempo, se rebaja la tensión… y al cabo de unos meses las cárceles vuelven a llenarse. El ciclo es conocido, previsible y profundamente cínico. Lo nuevo no es el gesto; lo nuevo es el contexto de máxima presión externa en el que se produce. Hay, además, un detalle revelador: el régimen no habla de «liberación», sino de «excarcelación». No es una cuestión semántica. Excarcelar implica que los cargos –muchas veces nunca comunicados formalmente– siguen vigentes. El mensaje es claro: hoy sales, mañana puedes volver a entrar. Es una forma de extorsión jurídica, una especie de libertad vigilada que empuja a muchos excarcelados al exilio forzoso, porque permanecer en Venezuela se vuelve incompatible con un proyecto vital mínimamente normal. No es justicia; es chantaje institucionalizado. En su anuncio, Jorge Rodríguez quiso también legitimar a sus mediadores «aceptables»: José Luis Rodríguez Zapatero, Lula da Silva y Catar. No es casual. Son tres actores que el chavismo considera domesticados y que, además, resultan funcionales para una Administración estadounidense obsesionada con estabilizar el terreno sin incendiarlo del todo. El reconocimiento público a Zapatero y a Lula no es un gesto de gratitud; es una señal diplomática cuidadosamente calculada hacia Washington. Pero conviene no confundir mediación con absolución. Que Zapatero haya contribuido a sacar presos de las cárceles venezolanas es un hecho. Que eso no habría sido necesario si Venezuela no fuera una dictadura también lo es. Cada preso liberado no es una medalla para el régimen, sino una prueba de cargo adicional contra él. Nadie puede liberar a un preso político sin admitir implícitamente que antes lo encarceló por hacer política. El régimen pretende que el gesto sea leído como generosidad. No lo es. Es una admisión tácita de que se ha utilizado durante años la justicia como un arma a su servicio y de que están dispuestos a seguir haciéndolo. Por eso resulta tan incómodo –y tan revelador– para quienes, dentro y fuera de España, quisieron creer que no existían presos políticos en Venezuela y hoy asisten a su excarcelación. Cabe destacar la actitud cínica de Podemos, especialmente de sus fundadores, que durante años negaron la existencia de estos presos. Más inquietante aún es que, en paralelo a las liberaciones, empiezan a llegar señales de que el régimen ha comenzado a destruir pruebas de sus crímenes: archivos manipulados, expedientes incompletos, registros judiciales que desaparecen sin explicación. No se trata sólo de liberar, sino de borrar las huellas del delito. Esa urgencia por limpiar el rastro confirma que el aparato sigue operativo y que la impunidad es el objetivo real. La comunidad internacional haría mal en caer en la trampa del alivio momentáneo. Donald Trump, cuyo entusiasmo por los derechos humanos es perfectamente descriptible, ha dicho que este «gran gesto» del régimen anula un segundo ataque militar terrestre. Pero no hay transición creíble sin la liberación total e incondicional de todos los presos políticos, sin la anulación de las causas fabricadas y sin garantías de que el aparato represivo no volverá a activarse. Todo lo demás es maquillaje autoritario. Venezuela no necesita gestos «graciosos». Necesita el desmantelamiento completo del sistema que convirtió la disidencia en delito y la cárcel en herramienta de gobierno. Hasta que eso ocurra, cada excarcelación parcial será menos una señal de cambio que un recordatorio incómodo de todo lo que aún permanece intacto y de todo lo que se intenta encubrir.
