El sudoku electoral de Montero: un cheque de 5.800 millones para una Andalucía que impugne las políticas de Moreno

El sistema de financiación autonómica regula el reparto de los fondos del Estado entre las comunidades para sostener las políticas públicas —sanidad, educación, vivienda, dependencia— y para garantizar los mismos derechos y la misma calidad de esos servicios a todos los españoles, vivan donde vivan.

Es la arquitectura del Estado de Bienestar en un país con 17 arquitectos autonómicos, pero sin cemento ni argamasa para todos. Hablar de modelo de financiación autonómica también es hablar del modelo territorial de España. Todos los gobiernos asumen que es lo más difícil de cuadrar, lo más complejo de negociar, lo más costoso de explicar desde Madrid, sin levantar ampollas en Barcelona, Sevilla, València o Santiago de Compostela.

“Ningún Gobierno ha dedicado tanto tiempo y esfuerzo a explicar su propuesta de reforma del modelo de financiación como el Ejecutivo de Pedro Sánchez”, ha reseñado la ministra de Hacienda este viernes, tras hora y pico desgranando ante la prensa los entresijos del nuevo sistema de reparto de fondos a las comunidades, que viene a sustituir un modelo caduco hace 11 años.

Ningún otro ministro de Hacienda ha necesitado tanto dar esas explicaciones como María Jesús Montero, a la sazón, candidata socialista en las elecciones andaluzas previstas para dentro de unos meses.

El arenoso tema de la financiación autonómica va a ser capital en la contienda electoral contra el presidente Juan Manuel Moreno, que hoy goza de crédito político, de una robusta mayoría absoluta, y de un fortísimo control mediático e institucional que va a repetir, cada día hasta las urnas, que su rival ha pactado la financiación de su tierra con un independentista catalán condenado e inhabilitado por la Justicia.

Las elecciones andaluzas vienen a resolver este dilema, entre otros muchos: Montero, la candidata socialista, ¿es responsable de agraviar o de privilegiar a Andalucía desde su posición de ministra de Hacienda y vicepresidenta del Gobierno?

En el Gobierno creen que, con todas sus aristas, este simple marco mental beneficia a la líder del PSOE andaluz, con un nivel de conocimiento muy superior a su predecesor (Juan Espadas), y capaz de adueñarse de la iniciativa política en el arranque del curso lanzando en plena precampaña una reforma integral del modelo de financiación que coloca a Andalucía por delante de Catalunya en recursos extraordinarios, y por encima de las expectativas del Parlamento autonómico (4.000 millones de euros).

El sudoku de números que ha diseñado Montero, un complejísimo juego de contrapesos monetarios, reserva a su región la partida más grande: un cheque de 5.811 millones al portador, es decir, al futuro presidente de la Junta. A condición, claro, de asumir todo el cuerpo teórico que acompaña la propuesta, que no es sino una impugnación explícita a las políticas económicas y fiscales de Moreno: revertir la privatización paulatina de la sanidad y de la educación; revertir las ocho rebajas de impuestos autonómicos ejecutadas por la Junta en los últimos siete años, mientras exigían más fondos al Gobierno para taponar la pérdida de ingresos; revertir el dumping fiscal con otras comunidades, usando la retirada de impuestos a las grandes fortunas para captar las rentas más ricas de Madrid y Barcelona...

“¡Que todo ese dinero vaya a lo público, y no a los bolsillos de los intereses privados que buscan maximizar el volumen de negocio en la sanidad y la universidad privada! ¡No hacemos ese esfuerzo inversor de 21.000 millones en las comunidades para que al final el dinero vaya a la clínica Quirón!”, clamó este domingo Montero, esta vez como secretaria general del PSOE andaluz, ante alcaldes, concejales, diputados, senadores, parlamentarios autonómicos y eurodiputados, convocados a la Interparlamentaria del partido en Alcalá de Guadaira (Sevilla).

La nueva financiación estatal para Andalucía ha lanzado como un torpedo la campaña de los socialistas, hambrientos desde hace meses de un relato sólido con el que confrontar el exitoso discurso del agravio que explota Moreno, acusando a Montero de “privilegiar” a sus socios catalanistas, y al PSOE andaluz de malvender su autonomía y plegarse a las directrices de Sánchez.

Los 5.800 millones para Andalucía para los próximos cinco años son el único vehículo de salida a esa encrucijada política: “Esta oportunidad de futuro, cuantificada ya en la propuesta de financiación, se juega en las elecciones andaluzas. Esto es lo que vamos a votar”, ha sentenciado la candidata ante su tropa, azuzándoles para movilizar hasta el último tendón del otrora poderoso PSOE andaluz.

Números contra la foto de Junqueras

En el croquis financiero de Montero, todas las comunidades logran mejorar su financiación, aupadas sobre una cifra ostentosa: esos casi 21.000 millones que el Gobierno inyectará en la caja común.

Es una propuesta global de las reglas del juego que echa a pelear a unas con otras, y a todas contra Catalunya, coautora intelectual del reparto. La ministra candidata lanza el órdago a las puertas del ciclo electoral, con elecciones en Aragón el mes que viene, elecciones en Castilla y León en marzo y elecciones andaluzas en primavera, en paralelo a la tramitación su propuesta de reforma, que el Gobierno aspira a llevar al Congreso para su votación en junio.

Moreno lo llama “conejo en la chistera” y le afea el “tufo electoralista” y el ánimo de soliviantar en precampaña a las 14 comunidades del PP, donde no hay consenso sobre el nuevo sistema de reparto ni fórmula alternativa que se conozca. Es indudable que el órdago de la ministra provoca alteraciones en la arena política y obliga a los barones regionales a explicar a sus ciudadanos por qué dan un portazo a una financiación extra destinada a mejorar su sanidad, su educación, sus políticas sociales...

Pero también hay riesgos evidentes para el Gobierno de Sánchez, que renuncia a la capacidad política que le otorgan esos 21.000 millones, y se la cede a las comunidades gobernadas por el PP (que acaparan el 70% de esos fondos), con autonomía política para usar ese dinero como les venga en gana, y con amplio margen para vender los beneficios que compran esos millones ante su electorado...

Andalucía, con 4.846 millones más (23% del total), y Catalunya, con 4.686 millones, son las más beneficiadas en términos absolutos. Montero necesitaba priorizar la comunidad que aspira a gobernar, para desmontar con números el potente relato de la Andalucía agraviada frente al “chantaje” del independentismo y los privilegios a Catalunya. “Menos palabras y más números. ¡Queremos ver los números!”, ha subrayado este domingo, tratando de arrastrar a Moreno al debate más cómodo para ella.

En la foto fija, esto es: en un contexto de bonanza económica del país, con unos recursos estimados en 224.507 millones de euros para 2027 (cuando entraría en vigor el nuevo modelo), la ministra de Hacienda puede presentarse a las elecciones con el maná bajo el brazo.

Andalucía incrementará sus ingresos por dos vías distintas: con el nuevo modelo de financiación autonómica, recibirá 4.846 millones extraordinarios. El nuevo sistema de reparto, que prima el criterio de población ajustada y “protegida”, también cuenta con nuevos mecanismos correctores que benefician a Andalucía.

Por ejemplo, un fondo extraordinario dotado con algo más de mil millones para compensar el coste de los servicios en las regiones más afectadas por el cambio climático, del que dos tercios irán destinados a las regiones del arco mediterráneo, siendo Andalucía la principal perceptora de estos fondos.

La otra inyección de capital le llegará a través de un nuevo Fondo de Compensación Interterritorial, que el Gobierno prevé tramitar en paralelo con otra ley, para dinamizar económicamente a las comunidades situadas por debajo de la media en financiación y con menos capacidad tributaria. Andalucía obtendrá otros 965 millones, de los 3.300 millones que contendrá el fondo.

Frente a esta foto, cartel electoral de Montero, está otra que nada tiene que ver con números, cálculos y criterios de reparto: la imagen de Sánchez reunido en el Palacio de la Moncloa con Oriol Junqueras, líder independentista de ERC condenado por el órdago soberanista de Catalunya, e inhabilitado para cargo público por el Tribunal Supremo.

A Junqueras se le cedió el espacio político para vender su particular lectura de la reforma del modelo de financiación un día antes de la presentación oficial de Montero. Los españoles —los andaluces— se enteraron primero por el dirigente catalanista que por la ministra de Hacienda. Y Junqueras anunció que el principio de solidaridad, que hasta la fecha ha inspirado el reparto de fondos del Estado entre comunidades, vendría limitado por la “ordinalidad” garantizada para Catalunya.

Es decir, que Catalunya seguirá aportando al sistema común para nivelar los ingresos de todas las autonomías, pero lo hará, como máximo, en la medida que no pierda puestos respecto a su capacidad de recaudación. La ministra no enmendó sus palabras, al contrario, confirmó que la ordinalidad —“que quien más aporta al Estado sea quien más reciba”— funcionará para Catalunya (seguirá siendo la tercera mejor financiada), pero no necesariamente para el resto. “El modelo tiende a la ordinalidad, pero depende de cada comunidad”, matizó.

“Ordinalidad” o cómo topar la solidaridad de Catalunya con el resto

Ordinalidad es un palabro intragable que, sin embargo, Juanma Moreno se está esforzando en popularizar asimilándolo a “desigualdad”. “¡Qué palabra más fea!”, dijo el presidente de la Junta el pasado 4 de diciembre, Día de la Bandera Andaluza, que conmemora las movilizaciones masivas de andaluces ese mismo día de 1977 como preámbulo de la conquista autonomista.

En el Ministerio de Hacienda refunfuñan porque sus socios catalanistas han logrado instalar “el marco mental” de la ordinalidad, como una suerte de conquista pseudoindependentista cuando, en realidad, dicen, ese principio no rige en el nuevo modelo ni está garantizado a largo plazo. Para Andalucía no hay ordinalidad, porque la financiación extra de casi 5.000 millones eleva su posición en el ranking de comunidades, aunque la ministra se haya reservado mucho dar ese dato.

Tampoco lo hay para otras comunidades, como Cantabria, que es la más beneficiada con el modelo actual y lo seguiría siendo con el nuevo, en virtud de otro de los pilares de la reforma, el status quo, es decir, que ninguna de las regiones reciba menos de lo que ahora tiene. Una de las preguntas pendientes, que se resolverá cuando la propuesta de Montero aterrice en el borrador de la ley orgánica, es si el principio de ordinalidad para Catalunya está blindado en el modelo, con independencia de las fluctuaciones de la economía del país.

Porque los números de hoy para todas las comunidades brillan bajo el sol de los 21.000 millones extra que les cede el Gobierno, pero está por ver cómo funcionará el sistema de reparto en un contexto de recesión económica, como el que se llevó por delante el Estado de bienestar en las comunidades hace una década.

Por ahora, el equipo de la ministra no pone el acento ahí: resta importancia a la ordinalidad, porque el objeto principal del nuevo modelo es acortar la brecha entre las que más reciben y las que menos. Ahora, esa brecha es de 1.500 euros por habitante de diferencia entre Cantabria, la más beneficiada con el sistema actual, y Canarias o Murcia, las que menos perciben.

Los nuevos números acortan ese diferencial casi a la mitad, a unos 700 euros. “Lo importante no es la posición que tiene una u otra región, sino achatar la brecha que existe entre ellas, y eso es lo que busca esta reforma: no es lo mismo estar tres euros por debajo de la media de financiación autonómica que 1.500 euros por debajo”, advierten.

El duelo PSOE-PP en las elecciones andaluzas va a pendular entre la foto de Junqueras en Moncloa y la foto de los casi 5.000 millones de financiación extra que ofrece Montero y rechaza Moreno. Un duelo entre números y símbolos, en un contexto político adverso para los socialistas, que aún mascullan cómo movilizar a los suyos para derrotar a su gran rival: la abstención.