El TC afronta otro choque con el Supremo antes de los amparos del "procés" por la amnistía
El Tribunal Constitucional (TC) tiene previsto, según las fuentes consultadas, corregir hoy de nuevo al Tribunal Supremo (TS), ahora a cuenta de un nombramiento de la ex fiscal general del Estado Dolores Delgado que el alto tribunal anuló por dos veces (el de Eduardo Esteban como fiscal de Sala de Menores). Esteban acudió en amparo a la corte de garantías que preside Cándido Conde-Pumpido, que previsiblemente le dará la razón y anulará, con el voto en contra de la minoría conservadora, la decisión del Supremo.
Tanto Conde-Pumpido como el magistrado César Tolosa, ex magistrado del Supremo, no participarán en la deliberación porque se abstuvieron voluntariamente del conocimiento del recurso.
La decisión del TC se producirá a la espera de que el tribunal resuelva los recursos de amparo de los líderes del «procés» contra la negativa del Supremo a aplicarles la amnistía y después de que el Constitucional anulase las condenas por el fraude de los ERE que ratificó el TS, entre otros a los expresidentes socialistas de Andalucía José Antonio Griñán y Manuel Chaves (un tira y afloja ahora en manos de la Justicia europea).
Y es que la mayoría progresista concluirá –de acuerdo con la ponencia elaborada por el magistrado Ramón Sáez– que el alto tribunal vulneró el derecho del fiscal Esteban a acceder a la función pública en condiciones de igualdad al priorizar su menor especialización en la jurisdicción de menores para anular la propuesta de nombramiento que firmó Dolores Delgado tras los recursos interpuestos por otro de los candidatos al puesto, el fiscal José Miguel de la Rosa, y la mayoritaria Asociación de Fiscales (AF).
"Desvirtúa" el régimen legal
Según la ponencia que debatirá el Constitucional, las resoluciones del Supremo que estimaron ambos recursos «desvirtúan» el régimen legal de nombramientos.
El Supremo reprochó a Delgado (que volvió a nombrar a Esteban después de que el TS anulase por primera vez su designación por falta de motivación) que esa motivación «no puede fundarse en la mayor sintonía política de la fiscal general del Estado con uno de los candidatos, como si de un cargo de confianza se tratase».
Y es que la entonces máxima representante de la Fiscalía achacó a De la Rosa una «falta de sensibilidad» al abordar cuestiones jurídicas desde la perspectiva de género y cuestionó que no apostara por una «respuesta social» reflejo de una justicia «descriminalizadora» en la jurisdicción de menores, dejando claro que con el nombramiento de Esteban buscaba «una orientación diferente» que hiciese prevalecer «los derechos humanos» y los derechos de los menores en «una visión universal e integradora».
A este respecto, la ponencia de Sáez reprocha al Supremo que considere que la propuesta de nombramiento de Delgado valore «la mayor sintonía política de la fiscal general del Estado con el recurrente de amparo, como si de un cargo de confianza se tratase». Sin embargo, puntualiza, ese reproche no se corresponde «con lo que en la propuesta de nombramiento se razona».
"Política criminal"
Se trata, dice, de optar por un modelo de fiscal de Sala de Menores que prime «la dimensión de tutela de los derechos fundamentales y avance en la línea de la justicia de menores descriminalizadora». En todo caso, asegura que no corresponde al TC valorar si esas pautas de política criminal y ese modelo en el área de menores «es el más idóneo para satisfacer el interés general», tarea que la ley encomienda –recuerda– a la fiscal general del Estado y al Gobierno.
Pero sí enfatiza que la idoneidad del candidato también puede ser evaluada «desde la óptica de la mayor capacidad y preparación para impulsar, en un área concreta de actuación del Ministerio Fiscal, unas determinadas directrices de política criminal desde la Fiscalía General del Estado».
Según la ponencia aprobada por la mayoría, lo que hizo el Supremo fue «descartar globalmente los criterios que el órgano competente había considerado adecuados para integrar la norma legal incompleta y sustituirlos por un único criterio» –la especialización en menores– «sin indicar siquiera la fuente legal de semejante naturaleza determinante». Vulnerando así el derecho de Eduardo Esteban a acceder en condiciones de igualdad a las funciones públicas con los requisitos que señalen las leyes.
El TC matiza no obstante que las consecuencias de la anulación de las dos resoluciones judiciales del Supremo se ciñen a exclusivamente a la restitución de Esteban en la condición de fiscal de Sala, máxima categoría de la carrera, pero no a su restitución en la plaza de fiscal de Sala de Menores, pues la misma ya ha sido «adjudicada a una tercera persona», Teresa Gisbert, «en una convocatoria posterior».