Detrás de la demanda de Salinas Pliego en contra de México

Iniciamos 2026 con alarma para México: invasión a Venezuela; envío de petróleo mexicano a Cuba, con desacuerdo de nuestro vecino del norte; violentas persecuciones de agentes del servicio de inmigración de Estados Unidos (ICE) que amenazan la vida de connacionales; revocación de cien mil visas estadounidenses; Trump declarando que el T-MEC es prescindible.

Y, en medio de esta tensión, Ricardo Salinas Pliego —uno de los empresarios más visibles y controvertidos de México—, alegando ser víctima de persecución política disfrazada de litigio fiscal, decidió presentar una denuncia en Washington DC, ante el sistema interamericano, en contra del gobierno de nuestro país.

En México, históricamente, los grandes contribuyentes han esquivado sistemáticamente el pago de impuestos con estrategias fiscales o maromas legales. Esto es, las élites que acaparan la mayoría de los recursos en nuestro país enchulan sus reportes al fisco para pagar menos, nada, o casi nada.

Ricardo Salinas es un empresario que ha mantenido disputas con el SAT por casi dos décadas, y a quien, el pasado noviembre, la Suprema Corte sentenció como deudor fiscal de más de 50 mil millones de pesos.

Sobre esto, el propio Salinas manifestó públicamente, antes de las fiestas decembrinas, que quería dar por cerradas las diferencias con el gobierno; que ha mostrado voluntad para cumplir sus obligaciones fiscales; y que busca certidumbre jurídica para concluir definitivamente los juicios.

No obstante, menos de un mes después, Salinas Pliego ataca internacionalmente la condena fiscal, sabiendo que ni la Comisión ni la Corte Interamericana pueden modificar la resolución de la Corte mexicana.

Esto es, con su demanda, Salinas no busca liberación del pago de impuestos, pretende consecuencias mucho más sofisticadas. Por ello, los argumentos del empresario en su denuncia son que el Estado mexicano lo ha hostigado para restringir su libertad de opinión y su participación en el debate público.

También los tiempos son de llamar la atención. Si bien Salinas tenía hasta mayo de 2026 para presentar la demanda, lo hizo con una anticipación de más o menos cuatro meses. Ello es completamente inusual en estos procedimientos, máxime si con la exhibición de la denuncia no hay suspensión de sus obligaciones fiscales o la obtención de beneficio tangible e inmediato.

Así, en medio de un contexto externo delicado para México y pretendiendo interlocución con audiencias internacionales, Salinas se autocoloca como supuesta víctima del autoritarismo de la 4T.

Estas narrativas antisistema no son nuevas, son el sello de los proyectos de ultraderecha en distintas latitudes con un comportamiento que responde a un patrón de narcisismo político-empresarial en el cual el Estado solo es legítimo cuando sirve a un proyecto mercantilista. Esta es la visión del empresario que quiere ser el siguiente presidente de México. ¿Estará Salinas siguiendo los pasos de algún caso actual?

Si bien acudir a instancias internacionales no es ilegal, no debemos olvidar que el sistema internacional de derechos humanos, incluido el interamericano, está para proteger a quienes históricamente han sido víctimas del poder del Estado: aquellos que son torturados, violentados y sometidos, clásicamente en silencio y sin visibilidad social.

Habrá que esperar a que la Comisión Interamericana determine, después de analizar la demanda, la actuación pública de Salinas y el contenido de sus redes sociales, si estamos hablando de límite a la libertad de expresión; si existen indicios de tortura; o si su libertad o vida se han visto amenazadas.

Personalmente, la conducción pública de Salinas me parece sin recato, pudor o límite. Calificar su caso de persecución política invisibiliza la real persecución estatal. El punto de encuentro está en respetar las estructuras, normas e instituciones sin manipulaciones personales.