Montero desvincula a la SEPI del caso Fernández y subraya que la investigación de la UCO es posterior a su mandato
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido este jueves que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil está investigando al expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) por su actividad en un periodo en el que ya no se encontraba al frente de la empresa pública.
Al tiempo, la también candidata en las elecciones andaluzas, ha sostenido que, hasta el momento, las investigaciones no apuntan a ninguna ilegalidad en la tramitación de contratos. Además, la ministra ha rechazado las "insidias" del PP sobre la SEPI, defendiendo el trabajo de la compañía y asegurando que las cuentas están auditadas tanto de forma interna como externa.
Montero ha comparecido en el Senado para dar explicaciones sobre las presuntas irregularidades en la SEPI detectadas tras las detenciones, el pasado diciembre, del expresidente de la compañía, Vicente Fernández, la exmilitante socialista Leire Díez y el empresario Antxón Alonso -supuesto socio de Santos Cerdán-, en el proceso de una investigación de la Audiencia Nacional (AN) para indagar si hubo o no irregularidades en la contratación pública.
Precisamente esa investigación precipitó registros de la Guardia Civil en las sedes de los ministerios de Hacienda y Transición Ecológica en busca de documentación
En ese sentido, la vicepresidenta -responsable política la SEPI- ha puesto de manifiesto que Vicente Fernández dejó el organismo "dos años" antes del periodo que la UCO está investigando.
"Los hechos que investiga la UCO no están paralelos con el tiempo del desempeño de las personas investigadas en la SEPI, sino que esas investigaciones están apuntando al periodo entre los años 2021 y 2023, dos años después de que esto se hubiera producido", ha explicado.
Montero ha señalado que no hay "ninguna investigación" en la que se ponga de manifiesto, "al menos por ahora", que haya habido "algún expediente" que se haya tramitado "de forma distinta a la legalidad". "Por tanto, tendrán que responder de sus actuaciones aquellas personas que, una vez que salieron de ese ámbito político, presuntamente se habrían relacionado con empresas que en ese momento está investigando la UCO", ha argumentado Montero.
La ministra ha considerado que, en base a las informaciones publicadas, no hay "nada achacable" a "un mal funcionamiento que se pueda trasladar a la SEPI". "Lo que tendremos que ver es si los comportamientos de personas concretas cuando los tribunales lo sustancien han sido o no han sido delictivos", ha aducido.
Montero ha expresado que tanto el Ejecutivo como el PSOE "estarán siempre entre los que actúan y toman decisiones" cuando aparecen presuntos casos de corrupción. "Exigimos responsabilidades políticas, iniciamos expedientes de expulsión del partido y colaboramos con la Justicia, como hemos hecho desde el primer día", ha zanjado.