Gobierno repondrá “normas de amarre” en el Senado y oposición adelanta rechazo

La Comisión de Hacienda del Senado espera votar hasta total despacho el proyecto de reajuste al sector público el lunes que viene, con la intención de que se revise en sala el martes. Todo cuando el Ejecutivo confirmó que repondrá la denominada “norma de amarre”, que es un acuerdo con la Mesa del Sector Público y al mismo tiempo un nudo crítico por la resistencia de la oposición. 

En la primera sesión de la Comisión expuso el ministro de Hacienda, Nicolás Grau y defendió justamente el artículo referido a la renovación de contratas, que tiene como objetivo “evitar la discrecionalidad en la no renovación de las contratas”. Eso sí, el Gobierno resolvió mantener la indicación que aumenta de 2 a 5 años el tiempo para acudir a Contraloría. 

“Mediante indicación se establece un plazo mínimo de cinco años continuos de desempeño a contrata, en vez de los 2 años del proyecto original, como requisito para reclamar, en caso de que se hubieren producido vicios de legalidad en la no renovación”, indicó en su presentación el jefe de cartera. 

Esa indicación no prosperó en la Cámara por el rechazo del oficialismo, aunque ninguno de los dos límites de años convence a la oposición. “Voy a hacer un esfuerzo de, ojalá, convencerlos respecto a lo que acá se está haciendo (…) la no renovación de una contrata requiere una justificación, eso es algo que no cambia, solo lo refuerza. Lo importante que hace este proyecto es que pone en ley algo que llevamos haciendo desde hace mucho tiempo”, indicó Grau en la comisión.

“Tenemos un instructivo del 2012 en el que se especifica exactamente esto, que las contratas que eventualmente no se renueven, tienen que tener una justificación, tiene que existir un plazo en el cual esto se avise y, además, en esa época, de hecho hasta el 2024, se podía reclamar en la Contraloría”, agregó. 

Finalmente, sobre el punto, el ministro aseguró que como Gobierno están de acuerdo respecto a la necesidad de una reforma del trabajo en el sector público que “se haga cargo de este crecimiento inorgánico del punto de vista del espíritu de la ley y que, sobre todo, se haga cargo de pensar cuál es la real labor de las contratas, porque cuando uno tiene casi 300.000 personas trabajando a contratas, eso no es un trabajo transitorio”. 

Sobre otras normas que fueron rechazadas en la Cámara y el Gobierno confirmó que repondrá en el Senado, está el artículo que permite aportes de gobiernos regionales a empresas públicas, el que modifica el cronograma de los Servicios Locales de Educación Pública (Slep), el que posterga el cambio a la estructura de cursos de Educación Básica y Media y el que aborda las labores en Correos de Chile.

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Hacienda, la senadora Ximena Rincón (Demócratas), adelantó que es poco probable que sean aprobadas las normas que ya tuvieron negativa en el trámite anterior. “En general, todo lo que dice en relación con el reajuste propiamente tal está bastante despejado, todo lo que dice en relación con las normas que son parte del compromiso de la discusión presupuestaria en el 2026, que es parte de las normas comprometidas también. Todas aquellas otras cosas que han tenido este debate público, la verdad es que se ve muy difícil que se puedan aprobar, ya fueron rechazadas en la cámara, nosotros ya lo anticipamos en el Senado y esperamos que eso no entrave la discusión del reajuste propiamente tal”, dijo. 

Ya adelantó la postura de la oposición sobre la norma de renovación de contratas a través de su cuenta de X el senador parte de la misma instancia, Javier Macaya (UDI), quien escribió: “La “norma de amarre” es una maniobra inaceptable. El Gobierno pretende dejar blindados a operadores políticos y amarrar al próximo, restringiendo despidos y afectando la capacidad de gestión. No es estabilidad laboral: es abuso de poder y una trampa institucional que vamos a rechazar con fuerza”.

Estuvo presente en el Senado el presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), José Pérez, también defendió el acuerdo con la Mesa del Sector Público respecto a las contratas. “Esperamos que los senadores y senadores tengan claridad de que esto no es una “ley de amarre”, mal llamada, porque no estamos amarrando nada, aquí los único que amarraron lo hicieron en dictadura. Es un paso que se justifica con claridad, con aspectos centrales, con procedimientos administrativos que tiene que rendir una autoridad de turno, porque no queremos experimentar lo que vivimos el año 2010 cuando nos despidieron arbitrariamente a casi 12.000 personas, 12.000 familias que quedaron sin trabajo”, enfatizó.

Respecto a números, el alza que contempla este reajuste es de 3,4% gradual en dos períodos. El costo fiscal que tiene es de US$1.775 millones en 2026 y de ese total, el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) advirtió que US$822 millones debían financiarse vía reasignaciones o holguras fiscales. Algo que también ha sido sido ampliamente criticado por la oposición y se espera que el mismo CFA asista el lunes a la Comisión de Hacienda del Senado. 

El ministro Grau insistió en su presentación que históricamente se ha utilizado esta fórmula, dijo que “siempre se ha financiado una parte importante del reajuste a través de holgura del subtítulo 21, reasignaciones (…) nosotros hemos sido muy enfáticos en señalar que nada se compara a lo que nosotros enfrentamos respecto a la PGU, tuvimos que hacer una resignación por más de US$2000 millones en la PGU”.