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Contraloría valida Estado de Catástrofe en medio de críticas por demora en la firma de decretos

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La Contraloría General de la República confirmó la toma de razón de los Decretos N°2 y N°3, oficializando el Estado de Catástrofe para las regiones de Ñuble y Biobío. Sin embargo, el trámite administrativo no estuvo exento de polémica, debido a la brecha temporal entre el anuncio realizado por el Ejecutivo y la formalización de los documentos ante el organismo fiscalizador.

Los decretos ingresaron al órgano contralor cerca de las 09:30 horas de este domingo, lo que representa un desfase de más de seis horas respecto al anuncio emitido por el Gobierno a través de sus canales oficiales durante la madrugada. Esta demora generó cuestionamientos inmediatos sobre la agilidad del Ejecutivo en un momento donde la cifra de fallecidos sigue en aumento y cada minuto resulta vital para la coordinación de la emergencia.

Cuestionamientos desde el Biobío

La tardanza fue duramente criticada por el gobernador regional del Biobío, Sergio Giacaman, quien calificó la situación como una falta de prolijidad institucional. La autoridad regional advirtió que, si bien las unidades militares de emergencia (BRIFEs) pueden movilizarse de forma preventiva, la ausencia del decreto debidamente firmado inhibe facultades críticas, como la posibilidad de decretar toques de queda de manera inmediata. Según Giacaman, el hecho de que el Presidente anuncie la medida pero no la firme a tiempo refleja una falta de seriedad frente a la gravedad que vive la zona.

Desde el Ministerio del Interior, en tanto, desestimaron que el retraso administrativo haya afectado las operaciones en terreno. Según la cartera, al tratarse de una emergencia de esta magnitud, el despliegue operativo puede iniciarse inmediatamente tras el anuncio público, sin que sea estrictamente necesario esperar la toma de razón para las labores de auxilio y combate del fuego.

Alcances legales de la medida

Con la formalización de los decretos ya concretada, el Estado cuenta ahora con todas las facultades legales para reforzar el uso de recursos fiscales extraordinarios y entregar formalmente el mando del orden público a los Jefes de la Defensa Nacional. Asimismo, el Ejecutivo queda habilitado para implementar restricciones de movilidad, como el toque de queda, en caso de que las condiciones de seguridad lo requieran, además de agilizar toda la coordinación interinstitucional necesaria para las labores de reconstrucción y la entrega de ayuda directa a los miles de damnificados.

La ratificación por parte de Contraloría despeja finalmente el camino legal para que los generales designados asuman plenamente sus funciones en una jornada marcada por el combate activo de 24 focos de incendio.















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