Ley Rider: casi cinco años para conseguir su objetivo a costa de empleo, flexibilidad y salarios

Casi cinco años le ha costado a la Ley Rider y al Ministerio de Trabajo conseguir su objetivo: que todos los repartidores de plataformas de delivery en España sean asalariados. Pero su finalidad iba más allá. El propósito de Yolanda Díaz era mejorar las condiciones laborales de unos trabajadores que presumía precarios, irregulares y sometidos a los algoritmos de unas plataformas que no les daban autonomía real. "No queremos jefes que griten ni dispositivos móviles que nos penalicen. [...] Un joven que va en una bicicleta con una app en un dispositivo móvil no es un emprendedor", dijo la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, tras la aprobación de la Ley Rider en mayo de 2021. Sin embargo, aunque la norma se ha vendido como una conquista de derechos, los perjuicios han pesado más: destrucción de empleo, pérdida de flexibilidad, salarios más bajos y costes de reparto más caros para los clientes.

El reparto a través de plataformas echó a andar en España en torno a 2015. Pocos años después llegaron las primeras denuncias de repartidores que afirmaban ser falsos autónomos y fueron llegando las sentencias a favor de la laboralidad de los riders. La más importante, la del Tribunal Supremo, que en septiembre de 2020 sentenció que los riders eran trabajadores por cuenta ajena y no autónomos. Trabajo desplegó su maquinaria legislativa para lanzar la Ley Rider, que reconoce la presunción de laboralidad de los repartidores de plataformas. En mayo de 2021 se aprueba, en julio Deliveroo anuncia que se va de España -dejando de funcionar en noviembre- y entra en vigor el 13 de agosto con un aluvión de desconexiones. Tras la Ley Rider, llegaron otras plataformas de entregas ultrarrápidas como Getir, Gorillas y Rocket que también se acabaron yendo.

Con la entrada en vigor de la Ley Rider, Just Eat no se vio afectada, al trabajar ya exclusivamente con asalariados contratos de forma directa o mediante subcontratas. Mientras, Uber Eats desconectó a todos los riders autónomos y recurrió a subcontratas para crear flotas de asalariados. Glovo, por su parte, contrató a un 20% de la plantilla y mantuvo como autónomos al 80% restante de riders gracias a varias modificaciones de la plataforma.

Pese a haberse mostrado satisfecha con el cumplimiento de la Ley Rider, justo un año después, y amparándose en que su competidor de las mochilas amarillas seguía trabajando con autónomos y esto le otorgaba ventaja, Uber Eats desafió al Ministerio de Trabajo y recuperó a los riders autónomos. En concreto, en 2022, Uber Eats anunció la vuelta del trabajo autónomo tras una modificación de su modelo y alegando que apenas un 26% de los repartidores autónomos quisieron pasar a las flotas tras la entrada en vigor de la Ley Rider. En diciembre de 2024, tras inspecciones y una denuncia penal, Glovo anunció que cesaría su operativa con autónomos, un cambio que se hizo efectivo al 100% en julio de 2025.

Así, Uber Eats se quedó sola en el barco del trabajo autónomo con una inspección en curso -iniciada en julio y en su recta final- y una amenaza de denuncia por lo penal por parte de Trabajo que se efectuaría este mes de enero si la plataforma no corregía su modelo antes de que la inspección concluyese. Finalmente, Uber Eats tuvo que ceder en el tira y afloja con el Ministerio de Trabajo y este pasado jueves anunció que dejaría de repartir con riders autónomos "lo antes posible". Los que deseen seguir trabajando para la plataforma deberán hacerlo mediante flotas externas, consumándose así la aplicación efectiva de la Ley Rider tras casi cinco años de pulsos.

Díaz mostró su satisfacción ante la noticia. "No hay ninguna empresa, por muy grande que sea, que se coloque al margen de la ley y ahora mismo, las grandes empresas de distribución en España cumplen con la Ley Rider", señaló. Pero, ¿en qué se ha traducido esto realmente? En una gran destrucción de empleo. Pese a que Yolanda Díaz presentó esta regulación como un gran avance para los derechos laborales, la tasa de desempleo en el sector se ha disparado un 70% desde la entrada en vigor de la normativa, pasando de un 10% a un 17% desde 2021 a 2024, según un informe de IZA Institute of Labor Economics. En detalle, el empleo en el sector casual (autónomos) ha caído en 13 puntos porcentuales, mientras que el sector regulado (asalariado) solo ha logrado absorber el 46% de la pérdida de empleo generada entre los primeros, causando ese incremento de siete puntos porcentuales del desempleo de los repartidores.

La regulación, por tanto, no ha creado más empleo estable, sino que ha destruido una parte del mercado laboral que había sido una válvula de escape para muchos trabajadores en búsqueda de ingresos rápidos y flexibles. Gustavo Gaviria, presidente de la asociación Repartidores Unidos, defensora del modelo autónomo e impulsora de las protestas contra la Ley Rider durante su entrada en vigor, lo corrobora: "Se supone que la Ley Rider vino a mejorar nuestros trabajos y a traer seguridad jurídica al sector. Sin embargo, lo que hemos vivido con absoluto desconcierto es, en el mejor de los casos, un aumento sustancial de la precariedad y la incertidumbre, y en el peor, la destrucción masiva de trabajos".

"Ahora tenemos a compañeros pedaleando el doble por el mismo dinero que hacían antes, subcontratados, obligados a trabajar bajo la lluvia, el sol o el frío, sin posibilidad de rechazar pedidos, con disponibilidad de lunes a domingo, en turno de mañana, tarde o noche por contrato, controlados al milímetro en cada aspecto de su trabajo a niveles que incluso han llevado a riders a pedir bajas por ansiedad y depresión", denuncia. "Personalmente, tras la Ley Rider, ya acumulo tres despidos: Deliveroo, Uber Eats y Glovo. [...] Tenemos la broma interna de saber cuál de nosotros acumula más despidos o sanciones producto de las laboralizaciones tras la ley", añade. Por ello, Gaviria ve disparatado el cálculo que hizo Yolanda Díaz tras el giro laboral de Uber Eats, indicando que van "aflorar a más de 50.000 personas que eran falsos autónomos en España". "Van a aflorar más de 50.000 puestos de trabajo que se van a laboralizar con un impacto por los procesos administrativos de más de 100 millones de euros y éste es el camino. Ahora, las grandes empresas de delivery en España estarían cumpliendo con esta ley", aseguró. No obstante, Gustavo Gaviria apunta a que ni siquiera el sector tiene esa cantidad de trabajadores.

"Paradójicamente, antes el propio modelo de autónomos nos protegía de estas prácticas, ya que las empresas buscaban evitar cualquier indicio de control sobre nosotros, ahora con la laboralización producto de la Ley Rider tienen el control total sobre nuestras vidas. Aquí es donde cabría cuestionarse: ¿la utilidad de las políticas públicas debería sustentarse en el efecto práctico que tenga sobre la vida del ciudadanos o sobre lo bonitas que suenan en el discurso?", subraya el presidente de Repartidores Unidos.

A este problema se suma un encarecimiento del servicio de reparto a domicilio, habiendo mercados donde incluso dejará de ser rentable que las plataformas ofrezcan el servicio de reparto a domicilio. Esto también repercute en la actividad de los restaurantes –especialmente en municipios pequeños y medianos–, donde el volumen de negocio podría reducirse. Así, la Ley Rider ha terminado causando más perjuicios que beneficios para los trabajadores que, en teoría, debía proteger, así como para el conjunto del sector y para los consumidores finales.