¿Cuánto nos cuesta que 1,6 millones de trabajadores no acudan cada día a su puesto? Más de 128.600 millones de euros
España ha alcanzado un máximo histórico de ocupación, con 22,4 millones de personas trabajando en 2025. Este dato, en apariencia positivo, esconde una paradoja cada vez más evidente: el número de horas efectivamente trabajadas no acompaña. Crece a un ritmo mucho menor que el empleo.
El resultado es un "desacople inédito" entre puestos de trabajo y productividad, en el que el absentismo laboral emerge como uno de los factores clave y más preocupantes, según remarca un informe sobre regulación laboral, mercado de trabajo y el impacto del absentismo realizado por el Foro Regulación Inteligente (FRI).
El documento recoge que desde 2019 los puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo han aumentado un 14%, mientras que las horas trabajadas solo lo han hecho un 11%. Esta brecha se explica, en buena medida, por el fuerte incremento de las ausencias laborales.
El porcentaje de ocupados que no trabajaron en la semana de referencia ha pasado del 5,5% en 2019 al 8,8% en 2025, una evolución que confirma que el absentismo ha dejado de ser un fenómeno coyuntural para convertirse en un rasgo estructural del mercado laboral español.
Las ausencias vinculadas a enfermedad, accidente o incapacidad temporal se han incrementado un 53% entre 2019 y 2025. En términos individuales, cada trabajador pasó de ausentarse una media de 80 horas al año en 2019 a 114,6 horas en 2024.
Al mismo tiempo, el peso de las horas no trabajadas por causas distintas a las vacaciones creció del 4,8% al 6,7%. Nueve de cada diez horas perdidas se justifican por motivos médicos, lo que refleja tanto el envejecimiento de la población ocupada como la mayor duración media de las bajas.
Cada día, casi 1,6 millones de trabajadores no acuden a su puesto de trabajo en España.
Las diferencias territoriales son notables y están estrechamente ligadas a la estructura productiva de cada región. Cantabria lidera las tasas de absentismo (9,2%), seguida de Canarias (8,8%) y el País Vasco (8,6%).
En el extremo opuesto se sitúan Baleares (5,5%), La Rioja (6,1%) y la Comunidad de Madrid (6,1%), donde el mayor peso del empleo cualificado y una menor exposición física contribuyen a reducir las ausencias.
Por sectores, las cifras más elevadas se concentran en actividades con alta exigencia física y fuerte presión organizativa, como los servicios de limpieza (10,7%), la recogida y tratamiento de residuos (9,6%) o los cuidados en residencias (9,2%).
El impacto económico del absentismo es muy superior al que suele reflejar el debate público. Habitualmente, la atención se centra en los costes directos de las bajas médicas -los pagos asumidos por empresas y Seguridad Social-, que en 2024 ascendieron a 28.969 millones de euros, el 1,82% del PIB. Sin embargo, esta cifra solo representa una parte del problema.
Los costes indirectos, mucho menos visibles pero más relevantes, incluyen la pérdida de productividad, los retrasos en los procesos, las reorganizaciones internas, la sobrecarga del personal presente y los gastos asociados a la contratación y formación de sustitutos.
Según las estimaciones del FRI, el coste de oportunidad de la producción no generada mientras 1,66 millones de trabajadores estuvieron de baja alcanza hasta 130.534 millones de euros en su cálculo máximo.
Tras descontar la producción recuperada gracias a los más de 750.000 contratos de sustitución, la pérdida neta sigue siendo muy elevada, con hasta 71.533 millones. A ello se suman 28.166 millones en costes de sustitución, derivados de la duplicación temporal de gastos laborales.
En conjunto, el coste total del absentismo se eleva a 128.668,7 millones de euros, el equivalente al 8,1% del PIB español, una magnitud comparable al presupuesto nacional de educación y superior a la inversión pública anual.
El fenómeno tiene además un claro impacto fiscal. Para las Administraciones Públicas, la incapacidad temporal supone una carga directa superior a los 15.000 millones de euros anuales. Sumados los costes empresariales, el gasto total por bajas médicas equivale a cerca de una cuarta parte de la recaudación autonómica por IRPF o a casi un tercio del gasto sanitario de las comunidades autónomas.
A este escenario se añade un debate incómodo pero inevitable: el fraude en las bajas laborales. Diversos estudios y organismos han señalado que una parte de las incapacidades temporales carece de justificación médica suficiente. Aunque se trata de una minoría, su impacto económico y social es significativo y se ve agravado por un marco legal que dificulta determinadas actuaciones de control, subraya el análisis del FRI.
Los expertos coinciden en la urgencia, con un enfoque integral de largo plazo, para reducir este problema ya que cada punto porcentual de absentismo supone miles de millones de euros y millones de horas de trabajo perdidas, con efectos directos sobre la productividad y la sostenibilidad del sistema de protección social.