El ascenso de Barrio 18 y de la Mara Salvatrucha en Guatemala pone en jaque al Gobierno frente al hampa
La crisis de seguridad que atenaza Guatemala tiene su epicentro en un lugar insospechado: las propias cárceles del país. Lejos de ser centros de reinserción, los penales se han convertido en el caldo de cultivo perfecto para el crimen organizado. Con una sobrepoblación que roza el 367 %, el desbordado sistema penitenciario funciona como el cuartel general desde donde las pandillas rivales, Barrio 18 y Mara Salvatrucha, dirigen sus operaciones con una impunidad alarmante, transformando las prisiones en auténticos centros de mando criminal.
De hecho, la porosidad del sistema permite a los reclusos mantener una comunicación fluida y constante tanto entre ellos como con el exterior. Esta capacidad logística es la que les ha permitido orquestar motines coordinados en tres prisiones distintas para exigir mejoras en sus condiciones, demostrando un nivel de organización que desborda por completo a las autoridades.
En este contexto de caos controlado, ambas maras, cuyo origen paradójicamente se encuentra en la ciudad estadounidense de Los Ángeles, se disputan violentamente el control del territorio guatemalteco. Barrio 18 es hoy por hoy la organización criminal más poderosa del país. Su principal adversaria, la MS-13, fue fundada en la misma urbe californiana por inmigrantes salvadoreños y, aunque ha perdido fuerza en El Salvador, sigue siendo una amenaza de envergadura.
Además, el poder de estas bandas se extiende a una vasta red de actividades ilícitas que van desde la extorsión sistemática a ciudadanos y empresas hasta el tráfico de personas o el contrabando. La gravedad de la situación ha llevado a que tanto el Congreso guatemalteco como el Departamento de Estado de Estados Unidos las tengan designadas como organizaciones terroristas.
Una espiral de violencia que obliga a tomar medidas drásticas
Precisamente, esta escalada de terror ha alcanzado su punto álgido con el asesinato de nueve agentes de policía, un ataque que ha sido la gota que colmó el vaso para el Ejecutivo. Este brutal suceso, sumado a otros recientes como la matanza de siete personas durante un velorio, ha forzado al Gobierno a decretar el estado de sitio en todo el país durante un periodo de 30 días.
Por su parte, el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, enmarca esta oleada de violencia en un plano político. El mandatario sostiene que los ataques no son casuales, sino una reacción de grupos corruptos enquistados en las instituciones que se oponen frontalmente a su agenda de reformas profundas en el sistema de justicia.