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Opinión y propuestas del INE para la reforma electoral

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El pasado 12 de enero, los integrantes del Consejo General del INE entregaron en mano al titular de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, Pablo Gómez, un escrito firmado por nueve de los once consejeros.

Su escrito lo hicieron acompañar de un extenso documento (de 69 páginas), que contiene las propuestas que aquel órgano hace con motivo del actual proceso de reforma electoral, cuya fase legislativa aún no inicia.

Los consejeros del INE precisan —y hacen bien en hacerlo— que entregan sus propuestas en un documento “cuyo perfil es estrictamente técnico, jurídico y consultivo a efecto de que pueda ser tomado en cuenta de cara al proceso legislativo en el contexto de una reforma electoral”, y que “la finalidad que busca cada una de las propuestas que se entregan es la de contribuir al perfeccionamiento del marco normativo electoral desde la experiencia de esta autoridad organizando elecciones”.

En efecto, si hay alguna instancia, entidad o institución de cualquier naturaleza que tenga verdaderamente la capacidad y experiencia para hacer propuestas pertinentes, valiosas y viables a fin de mejorar el sistema electoral, es precisamente el INE. Por lo menos hasta ahora, en la medida en que aún conserva su naturaleza de organismo autónomo. Más adelante, quién sabe.

En total, suman 204 las propuestas hechas por el INE. Son un número considerable, ciertamente, aunque queda la impresión en el lector de que pudieron haber sido más, pero que por razones de concisión quedó en dicha cantidad.

A pesar de esto, no todas las propuestas tienen el mismo valor, peso o relevancia, como es de suponerse. Además, como deferencia para la referida Comisión Presidencial, el documento que las contiene está ordenado conforme a los diez ejes temáticos adoptados por dicha Comisión.

A la hora de escribir estas líneas, no se conoce aún el contenido de la iniciativa presidencial en la materia, que se ha anunciado habrá de presentarse por estos días. Sin embargo, dos temas han despertado inquietud y acaparado la atención de los opinadores. Uno, la eliminación o la disminución en el número de los legisladores de representación proporcional, los llamados “pluris”, y dos: una reducción sustantiva en el financiamiento público a los partidos políticos. ¿Qué es lo que opina y propone el INE en torno a este par de puntos?

Por lo que hace al primero, el INE plantea lo siguiente: “se recomienda preservar y mejorar el modelo de elección de personas legisladoras por el principio de representación proporcional.

Su eliminación o sustitución por el principio de primera minoría podría causar mayor sobrerrepresentación de los partidos mayoritarios, afectando a los partidos más pequeños”.

A continuación agrega: “Si la crítica a los legisladores ‘plurinominales’ es que las cúpulas partidistas (y no los electores) deciden las candidaturas ganadoras, se sugiere valorar una transición hacia un modelo de proporcionalidad pura.

En el cual, cada partido reciba el porcentaje de escaños equivalente a su porcentaje de votos, a partir de listas de candidaturas abiertas. Bajo este esquema, el partido integra la lista de candidaturas, pero la persona votante decide a quién le asigna su voto” (pág. 16).

Por lo que hace al financiamiento público a los partidos, el INE plantea que debe ser “suficiente para partidos políticos y autoridades electorales. Es indispensable para la supervivencia de los partidos más pequeños y para organizar elecciones íntegras y accesibles”.

Al respecto, presenta y razona la información siguiente. “Reducirlo no resuelve un problema real de gasto: el financiamiento anual del INE representa apenas entre el 0.2% y el 0.5% del Presupuesto de Egresos de la Federación (es decir, entre 20 y 50 centavos de cada 100 pesos), y el de los partidos políticos el 0.08% (8 centavos de cada 100 pesos)”.

En su caso, propone: “Revisar la fórmula de asignación de recursos públicos a partidos políticos garantizando su suficiencia para mantener el pluralismo, pero bajo criterios de racionalidad presupuestaria, transparencia y fiscalización efectiva” (pág. 19).

Lo anterior, por lo que se refiere a los dos mencionados puntos más comentados. Por cuanto hace a asuntos que no están en el radar, y que en apariencia son irrelevantes, pero de los cuales algo grave, riesgoso o dañino intuye o sospecha el INE, procede hacer un amplio comentario en próxima ocasión.















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