Ministro Gajardo y primera conversación con Rabat: “Me quedo con una excelente opinión de él”

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, se refirió a las políticas del Gobierno en materia de derechos humanos, la continuidad de estas en el próximo periodo y el nombramiento de Fernando Rabat como su sucesor. 

Respecto al Plan Nacional de Búsqueda, el titular de Justicia insistió en que es un “imperativo ético, es algo que nuestra sociedad necesita”. En esa línea, explicó que la cartera que dirige lo lleva adelante porque tiene las atribuciones y facultades, que no necesita ley y que, por lo tanto, se ha hecho a través de decreto. 

Consultado sobre si le preocupa la continuidad de esta política en la próxima administración, Gajardo respondió: “Yo en esto quiero ser bien claro. No hemos visto ningún indicio del nuevo gobierno de que no vaya a mantener el Plan Nacional de Búsqueda, eso es una buena noticia. Tampoco lo vimos durante la campaña, las voces negacionistas vinieron de otros candidatos a la Presidencia de la República y tampoco lo hemos visto en este periodo”. 

“Cuando hagamos el traspaso con el nuevo gobierno y en particular con el nuevo ministro de Justicia, nosotros le vamos a entregar todos los antecedentes y no tengo ningún indicio de que no vaya a continuar”, reiteró.

El nombramiento de Fernando Rabat como próximo titular de la cartera de Justicia y Derechos Humanos, ha causado críticas de parte de organizaciones sociales y parlamentarios oficialistas, debido a su participación en la defensa del dictador Augusto Pinochet en el caso Riggs o causas penales como la Operación Colombo. 

Sobre el anuncio, el ministro Gajardo aseguró tener una buena impresión de su sucesor. “Ya conversé con él telefónicamente, tuvimos una primera conversación, con esa conversación me quedo con una excelente opinión respecto de él y, además, a nosotros no nos corresponde referirnos a quién nominó o no el Presidente de la República”, dijo. 

“Son personas que cumplen con todos los requisitos legales para ser ministros de Estado, en ese sentido, nosotros le vamos a entregar toda la información y esperamos que continúen este tipo de políticas (de derechos humanos) porque son necesidades del Estado”, continuó. 

Punta Peuco y críticas de Jaime Campos

Gajardo respondió también a las declaraciones del próximo ministro de Agricultura, Jaime Campos, exministro de Justicia de Michelle Bachelet, quien aseguró que la reconvención de Punta Peuco sería un “show comunicacional” y “arreglo cosmético”.

“Ya lo señalé, sin polemizar con el nuevo ministro de Agricultura, está muy lejos de ser un cambio cosmético o un cambio simbólico. Nosotros lo dijimos desde el día 1, en razón de la sobrepoblación que hay en nuestro sistema penitenciario hemos aperturado establecimientos penales y no teníamos ninguna posibilidad de cerrar, a diferencia de años anteriores, donde sí se podrían haber cerrado. En nuestro caso, las cosas son como son y no como uno quiere que sean”, expuso el secretario de Estado. 

Aseguró que se terminó con la condición que tenía el establecimiento, que de hecho “el decreto decía especialmente aquello, se cambiaron esas características y actualmente ya no existe Punta Peuco como tal, existe el Recinto Penitenciario Cárcel de Tiltil”, detalló.

“Hoy por hoy, según las capacidades, han ido ingresando personas que han cometido delitos comunes, pero además Punta Peuco está en proceso de remodelación, se están construyendo más plazas. Entonces, no es que haya sido un cambio simbólico o algo comunicacional, no, se hizo un cambio jurídico. Segundo, se ingresaron personas que están cometiendo delitos comunes. Tercero, se está adecuando la infraestructura para recibir más personas que hayan cometido delitos comunes”, expresó.

Proyecto que liberaría a presos de Punta Peuco

En cuanto a la tramitación del proyecto de ley de cumplimiento alternativo de penas privativas de libertad, el ministro Gajardo aseguró que “es muy malo técnicamente”. Asimismo, indicó deficiencias técnicas indicadas no solo por el Ejecutivo, sino que también por la Corte Suprema, que no se resolvieron durante la tramitación, aspectos que quedan inconclusas o abiertas a interpretación. 

“Es un proyecto que, en primer lugar, puede implicar que personas que cometieron los crímenes más graves de la historia de nuestro país, como fueron los de la dictadura militar, crimen que son realmente horrendos, que esas personas cambien su condena en la cárcel a arresto domiciliario. Eso también lo han dicho distintos organismos internacionales, puede implicar transitar hacia la impunidad”, planteó en primera instancia el secretario de Estado. 

Agregó que son personas con, incluso, penas de casi 1000 años, “entonces, corresponde que en esos casos terminen de cumplir su condena”. A lo anterior, sumó que “el Estatuto de Roma, que es el Estatuto de la Corte Penal Internacional, que nuestro país lo suscribió y ya se encuentra incorporado en nuestra legislación, establece que eventualmente estas personas podrían acceder a ciertos beneficios de este tipo, pero bajo ciertos requisitos”. 

“Dentro de esos requisitos está que las personas hayan colaborado con la justicia, que las personas hayan mostrado arrepentimiento del crimen que cometieron y que además hayan cumplido al menos dos tercios de sus condenas. Eso lo establece con pristina claridad el artículo 110 del Estatuto de Roma. Sin embargo, este proyecto no establece ninguno de esos requisitos”, aseguró. 

Otra advertencia que hizo el jefe de cartera es que podría sustituirse la pena para otro tipo de criminales, como “Julio Pérez, quien cometió los graves crímenes de Alto Hospicio, 14 mujeres de distintas edades, de 13 años la más pequeña, que violó y asesinó a estas mujeres en distintos momentos de la historia de nuestro país”.