En poco más de veinticuatro horas, la Guardia Civil y la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) han presentado las primeras conclusiones sobre las causas del accidente en Adamuz, con un saldo de 45 fallecidos. La investigación avanza con rapidez, aunque el atestado de la Guardia Civil, con más de 2.500 fotografías, ha sido entregado al juzgado de Montoro y, como debe ser, está sometido a reserva. No sucede lo mismo con el informe de la CIAF , que ha colocado en su página corporativa una nota informativa en la que resume sus conclusiones. La más importante, sin duda, es que la fractura de la vía férrea de Adamuz fue anterior al paso del tren de Iryo, cuyas ruedas fueron golpeando con los extremos del tramo roto hasta causar el descarrilamiento. No se entiende que el ministro Puente llamara a la tranquilidad a la vista de este informe de la CIAF, porque no hay dato que justifique ese llamamiento y porque todo lo que, en cuestión de horas, se está sabiendo es que la red de alta velocidad necesita una revisión general. Cualquiera que oyese este viernes al ministro Puente habrá pensado que todo funcionaba perfectamente, pero en esta versión tan optimista y oficialista siguen sin aparecer las respuestas que el Gobierno no da. Óscar Puente compareció para taponar la grieta que abrió el informe de la CIAF y se transformó en un perito, aunque su inseguridad lastró su intervención. Lo lógico hubiera sido que comparecieran de forma tan oficial y solemne los autores del informe de la CIAF. La omnipresencia de Puente combina la apariencia de un político que no se esconde con la realidad de un político que quiere velar las explicaciones científicas de los técnicos del ministerio, de la CIAF o de Adif. No hay tanta virtud en la exposición de Óscar Puente. El presidente del Gobierno también intuye que esta tragedia se le está yendo políticamente de las manos y, ante el ultimátum de Núñez Feijóo, ha anunciado su comparecencia, sin fecha, en el Congreso de los Diputados. El anuncio fue precedido de una declaración tan repetitiva como vacía en el discurso de Sánchez, la de que asume las responsabilidades por lo sucedido. El concepto que tiene Sánchez de la responsabilidad política es una frase vacía y, en términos éticos, una estafa. Ábalos, Cerdán o Salazar son apellidos de otras tantas responsabilidades que Sánchez ha esquivado por su preocupante falta de ética política. Las responsabilidades solo se asumen si van seguidas de la dimisión del responsable. Si no, ni hay responsabilidad ni hay responsable. Y en esta tragedia todo apunta a que hay ambas cosas en el Consejo de Ministros. Sánchez hará bien en comparecer y en responder preguntas, no en hacer más propaganda. Hay 45 muertos, decenas de heridos, familias rotas y un país traumatizado por la tragedia. Sánchez tiene que respetar este duelo y no burlarse más de los ciudadanos. Si comparece habrá de aclarar por qué la red viaria de la que tanto se jactaba es hoy un espacio que se percibe como inseguro , qué ha pasado con las inversiones en mantenimiento, por qué los maquinistas eran desoídos, cómo es posible que el tren Alvia estuviera abandonado a su suerte durante un tiempo precioso para la intervención de las emergencias, o qué opina de un ministro enfrascado más en el fango de las redes que en la eficacia de la gestión. No hay que esperar ninguna agradable sorpresa, porque, de una manera u otra, el Gobierno buscará culpables en el sector privado para salvar su cara.
