La Asociación MIR pedirá una auditoría externa sobre los errores en el procedimiento
Ayer, miles de aspirantes a la Formación Sanitaria Especializada (FSE) se enfrentaron a los exámenes de Medicina, Enfermería, Farmacia, Psicología, Química, Física y Biología para instruirse en el Sistema Nacional de Salud (SNS) durante los próximos años. Sin embargo, la jornada estuvo marcada por una atmósfera de tensión, indignación y desconcierto, fruto de una gestión "caótica y poco transparente" por parte del Ministerio de Sanidad.
Desde primera hora de la mañana, los 25 centros de examen repartidos por toda España recibieron a los 35.503 aspirantes para cubrir las 12.366 plazas de convocadas. Los que se presentaron al MIR, en concreto, han sufrido la peor parte este año por una convocatoria plagada de irregularidades. La nota mínima, que tradicionalmente ha sido un filtro para garantizar la excelencia, ha sido rebajada, permitiendo que miles de candidatos se presentaran con el mínimo exigido.
Esta decisión ha generado preocupación entre los propios aspirantes y el colectivo médico, que teme una desvalorización del proceso y una saturación en la adjudicación de plazas.
Por otro lado, el Ministerio de Sanidad ha incurrido en un incumplimiento sistemático de los plazos fijados por ellos mismos en la Orden SND/928/2025. El departamento que dirige Mónica García cerró el plazo de solicitudes una semana más tarde de lo previsto y publicó las listas provisionales de admitidos y excluidos con más de un mes de retraso.
Además, adjudicó el contrato con la empresa encargada del procesamiento de datos tres meses más tarde que en convocatorias anteriores, lo que contribuyó al retraso acumulado y a que se produjeran errores masivos en la baremación académica –que afectaron a entre 10.000 y 12.000 aspirantes– y un calendario prácticamente imposible para revisar todas las reclamaciones.
También fijó el periodo de reclamaciones en pleno periodo navideño, dificultando la gestión para miles de aspirantes. A esto se suma que Sanidad emitió la resolución que ratificó la fecha del examen y nombró las comisiones calificadoras antes de publicar los listados definitivos, alterando de nuevo lo establecido en la Orden.
Estos inconvenientes se vieron agravados por decisiones como la rebaja de la nota mínima, la gestión improvisada de la logística del propio día de los exámenes, la comunicación confusa y los cambios de última hora en los listados de admitidos.
Todo ello ha derivado en una convocatoria caracterizada por la falta de transparencia y la inseguridad jurídica, denunciada por sindicatos y organizaciones profesionales. En un clima de enfrentamiento enconado del colectivo médico contra el Ministerio de Sanidad, lo sucedido con el MIR ha sido el toque de gracia final para que Mónica García se haya ganado el título de la ministra de Sanidad más odiada por los de su propia profesión.
"La ministra vive en un mundo paralelo"
Ante esta situación, el presidente de la Asociación MIR España (AME), Jesús Arzúa, ha anunciado que pedirán a una auditoría externa para esclarecer los motivos tras los retrasos y las irregularidades vividos en el proceso. "El Ministerio tiene que asumir sus errores y reconocerlos, ese es el primer paso". "Mónica García parece que vive en un mundo paralelo en el que todo está bien y no ha habido ninguna irregularidad. Le pedimos que nos deje de tomar el pelo", explica a este periódico.
Arzúa se refiere a las declaraciones de la ministra en respuesta a la petición de una comparecencia urgente ante la Comisión Permanente del Senado por parte del Partido Popular y ERC para dar explicaciones sobre lo ocurrido.
"No hay unos graves incumplimientos", aseguró, y atribuyó el ajuste de fechas a cambios internos del proceso. "Ha habido una transformación del procedimiento, lo que ha llevado a que se publiquen las listas un poco más tarde, lo cual no ha impedido en absoluto que se desarrolle el procedimiento como todos los años, de manera ejemplar", señaló.
"Si esto que ha pasado es el efecto de sus cambios en el procedimiento, le pedimos por favor que lo deje como está", ironiza Arzúa. "Este examen lleva realizándose más de 40 años sin incidencias y resulta que este año todo es un despropósito".
El presidente denuncia la "cadena de errores" que comenzó con la dimisión del comité evaluador en el mes de julio y que ha continuado con una serie de ilegalidades que han generado "desconfianza entre los opositores". Sostiene que la asociación que preside fue "la primera que alertó de que esta situación podría afectar a todo el procedimiento", como así ha sido, y denuncia que "nunca nos han querido dar ninguna explicación ni reunirse con nosotros, ni siquiera cuando se publicó el marco normativo que rige a los residentes" (la reforma del Real Decreto 1146/2006, que regula sus condiciones laborales).
También critica el "apagón informativo" y la "total falta de trasparencia" por parte del Ministerio: "No nos han querido recibir. Y, cuando intentamos hablar con ellos, nos pasaron a otro departamento que tampoco nos respondió".
Explica también que la junta directiva de la AME decidió esperar a que finalizara el MIR para solicitar formalmente una auditoría externa, con el fin de no aumentar el nerviosismo entre los residentes durante el proceso.
Por ello, "una vez finalizado el examen enviaremos una comunicación al Ministerio solicitando una auditoría y que se asuman responsabilidades", ya que considera que "se ha dañado la confianza de miles de opositores que estudian 10-12 horas al día y que no ven que se les esté dando una adecuada respuesta".
Los próximos días serán decisivos para conocer el alcance real de la crisis y las medidas que adoptará Sanidad. Aunque el Ministerio ha asegurado que los plazos establecidos en la norma eran "orientativos" y que todos los pasos se han consultado con Abogacía del Estado, la acumulación de irregularidades facilita que se pueda impugnar el examen con una base legal sólida, algo que sería muy dramático para los opositores que se han dejado la piel en su preparación.