El TC retrasa la vuelta de Puigdemont: mantendrá su orden de detención
El Tribunal Constitucional (TC) no precipitará la vuelta de Carles Puigdemont. Como informó LA RAZÓN, el Pleno de la institución que preside Cándido Conde-Pumpido no accederá a la pretensión del expresidente de la Generalitat de que se suspenda de forma cautelar la orden de detención y entrada en prisión que mantiene en vigor contra él el magistrado del Tribunal Supremo (TS) Pablo Llarena. El Pleno tiene previsto respaldar esta semana la ponencia elaborada por la magistrada Laura Díez, que concluye que acordar la medida supondría adelantar la resolución del recurso de amparo de Puigdemont (que pretende tumbar en el TC la negativa del Tribunal Supremo a aplicarle la amnistía) e «interferir» en la labor jurisdiccional del Supremo, además de sacrificar el interés general en la persecución penal de los delitos investigados por el instructor de la causa del «procés».
De esta forma, el líder de Junts correrá la misma suerte que Oriol Junqueras, sobre el que todavía pesa la pena de inhabilitación que le impide presentarse a unas elecciones hasta 2031, y a quien la corte de garantías también se negó a suspender esa condena cautelarmente con similares argumentos. Ambos, ahora (como el resto de condenados a la misma pena y los huidos), están a la espera de que el TC resuelva sus recursos de amparo, lo que se espera se dilucide antes de marzo.
El veredicto del TJUE, decisivo
Y es que el Tribunal Constitucional quiere escuchar primero al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que en las próximas semanas determinará si la Ley de Amnistía colisiona con el derecho comunitario. Si Luxemburgo despeja el camino a la polémica ley en Europa, se da por hecho que el TC estimará los amparos, refutando los argumentos del Tribunal Supremo para negarse a amnistiar la malversación del «procés» al apreciar un enriquecimiento patrimonial por no haber pagado de su bolsillo, sino con dinero público, el desafío soberanista en Cataluña.
Pero por ahora, ese nuevo choque del TC con el Supremo –tras anular las condenas por el fraude de los ERE a los expresidentes socialistas de Andalucía José Antonio Griñán y Manuel Chaves– no se producirá. El borrador de la resolución elaborado por la magistrada Laura Díez incide en que suspender la orden de detención de Puigdemont (mientras se decide sobre su amparo) «supondría una interferencia directa en la función jurisdiccional del Tribunal Supremo», una «perturbación» y una «injerencia» en sus decisiones. Una decisión que por tanto ve «injustificada en un proceso penal abierto» y referido a «hechos muy graves».
Los perjuicios, por su "propia conducta"
Acceder a la petición del líder independentista supondría, expone, menoscabar el interés general en cuanto a la «eficacia de la jurisdicción penal y a la investigación de las conductas imputadas», un interés general que «debe prevalecer» sobre los perjuicios alegados por la defensa de Carles Puigdemont, que ejerce el letrado Gonzalo Boye.
El político catalán sostiene que mantener la orden de detención contra él vulnera su derecho a la libertad personal y a la libre circulación por territorio de la Unión Europea, así como su derecho de representación política (es diputado del Parlament). Pero la ponencia rechaza que intente justificar la suspensión en los perjuicios de la orden de detención cuando esta viene motivada por su «propia conducta procesal», al eludir la acción de la Justicia española con su huida.
Puigdemont también esgrimió el aval del TC a la Ley de Amnistía y se quejó de que la interpretación del Supremo para negarle la amnistía es «irrazonable» y no se ajusta al espíritu de la ley. Pero la ponencia elude entrar en este debate, pues precisa que ello supondría «efectuar un juicio previo» sobre el objeto de su recurso de amparo, lo que anticiparía el fallo.