La gestión ambiental de Castilla y León: el dolor de cabeza de Mañueco al final de la legislatura

Castilla y León afronta nuevo ciclo electoral: los comicios autonómicos del 15 de mazo servirán para ver la fortaleza o debilidad que afrontará el todavía presidente del Ejecutivo autonómico, cuya segunda legislatura —esta vez sí, agotada— ha sido especialmente tensa en Medio Ambiente. Las políticas que durante diez años ha ostentado Juan Carlos Suárez-Quiñones han pasado por mejores momentos políticos después de una legislatura marcada por la coalición con Vox, los incendios más graves de su historia en 2022 y 2025, los conflictos constantes con los sindicatos y la presión de la oposición para que la Junta cambie su estrategia y refuerce al personal, que también acumula paralizaciones de denuncias ambientales.

¿Las polémicas más recientes? La empresa familiar en la que participó un director general y consejero delegado de la empresa pública Somacyl a pesar de su incompatibilidad y otra condena por la estrategia de gestión forestal, por la que el Tribunal Superior de Justicia anuló parte de la Orden de guardias del operativo de prevención y extinción de incendios forestales.

La Consejería de Medio Ambiente es la tercera con más crédito presupuestario (con casi 697 millones de euros a 30 de noviembre de 2025), según los datos de la Consejería de Economía y Hacienda. Se encarga de la gestión del patrimonio natural, del sector forestal (y los incendios), caza y pesca, biodiversidad, cambio climático, vivienda, urbanismo y ordenación del territorio. Es una de las consejerías que más temas aborda, y eso que en 2022 Fernández Mañueco decidió que la gestión de las carreteras merecía una consejería propia (Movilidad y Transformación Digital). Durante los dos años de coalición con Vox, Suárez-Quiñones suavizó su discurso frente al cambio climático —el exconsejero de Presidencia y ahora alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, negó en 2022 que los incendios fueran como consecuencia del cambio climático y buscó a pirómanos como responsables, a pesar de que solo tres de los 17 grandes incendios de ese año habían sido intencionados— e incluso retiró las referencias a la Agenda 2030 en su Estrategia de Educación Ambiental.

Al frente continúa Suárez-Quiñones, que ha conseguido aguantar en el puesto a pesar de la presión política, social y mediática por su gestión de los incendios en 2022 —con tres muertos y 95.000 hectáreas quemadas en espacios naturales como la Sierra de la Culebra— y 2025 —cinco fallecidos y 143.880 hectáreas afectadas—. Está aún por saberse qué futuro deparará a uno de los consejeros más veteranos, con interrogantes como si volverá a encabezar la candidatura del PP por León al parlamento autonómico.

La presión que tiene Suárez-Quiñones

La figura de Suárez-Quiñones lleva años en cuestión, aunque crisis tan crisis consigue salir airoso: la última estaba relacionada con la empresa que dio un puesto directivo a su hijo —autorizó un macrovertedero al grupo empresarial donde su hijo fue directivo—, y muchos todavía recuerdan los audios 'pinchados' por la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional y su 'Yo soy la Administración' al constructor y empresario mediático José Luis Ulibarri. Las Cortes de Castilla y León —en las que el PP perdió su fuerza después de la ruptura de Vox, puesto que Mañueco gobierna en minoría— reprobaron al consejero por su gestión forestal. Los sindicatos y organizaciones profesionales de extinción de incendios han pedido en muchas ocasiones su dimisión (y la del director general de Patrimonio Natural, el verdadero ideólogo de la gestión forestal, José Ángel Arranz, que lleva en el cargo desde 2007).

El último acto público de Suárez-Quiñones es prueba de la debilidad del actual gobierno: las formaciones de la oposición acordaron habilitar el mes de enero para forzar así la comparecencia en Cortes —la semana previa a la convocatoria electoral— del consejero y Arranz, que en total sumaron una duración de ocho horas. Una comparecencia que en un primer momento ofreció —solo ante los medios— Suárez-Quiñones, aunque luego no ha cristalizado hasta ahora, a pesar de que es habitual que el consejero comparezca después del periodo de riesgo alto de incendios para hacer balance.

Las críticas de los sindicatos

Los trabajadores llevan años reclamando un operativo actualizado para el siglo XXI y que funcione todo el año y la solución autonómica ha sido 'parchearlo' con dos decretos-ley no negociados con los sindicatos y que ha rechazado la cámara legislativa, lo que ha obligado a Fernández Mañueco a convertir en fijos los puestos de trabajo del operativo de incendios forestales que hasta ahora trabajaban con contratos fijo-discontinuos para decir así que en la próxima campaña el operativo estará todo el año. Los sindicatos están recrudeciendo su presión sobre el Ejecutivo autonómico: Comisiones Obreras ha presentado una denuncia ante la Inspección de Trabajo contra la Consejería de Medio Ambiente por incumplir la Ley de Bomberos Forestales; mientras que CSIF ha presentado junto a UPL y Soria ¡YA! una Ley de Agentes Medioambientales, cuyo trámite deberá reanudarse con la nueva legislatura. También queda pendiente la Ley de servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento impulsada por los trabajadores de la Asociación de Trabajadores de Incendios Forestales (ATIFCyL).

La Consejería tiene otros frentes abiertos, como la paralización de cientos de denuncias medioambientales, que revierte en una menor seguridad para los agentes medioambientales y celadores que interponen las denuncias, puesto que los infractores se ven indemnes. Y todo, de nuevo, por falta de personal.