ICE, migración y derechos sociales en Chile
Profundo impacto ha provocado el asesinato de Renne Good, madre norteamericana de la ciudad de Minnesota, por la policía antimigratoria ICE, ocurrida este mes de enero. La reacción ciudadana de esa ciudad -y otras- fue la movilización para repudiar la política de persecución, por agentes federales enmascarados, de aquellas personas “no blancas” sospechosas de ser migrantes “ilegales”. Otro caso más reciente, es la comprobación forense que otro migrante muerto, de origen cubano, no se había suicidado estando detenido, según la versión oficial, si no que fue un homicidio por asfixia de sus custodios.
Estos hechos, vistos desde Chile, son preocupantes por varios factores. Entre ellos, la propuesta del electo presidente Kast respecto de la migración como de la restricción del gasto fiscal y el reciente anuncio de su gabinete; la absolución de C. Crespo por un Tribunal Oral aplicando la “legítima defensa privilegiada”; el clima “anti migración” instalado en la opinión pública y las deficiencias estatales para responder a los derechos sociales de la población migrante en el país.
J.A. Kast prometió un “Escudo Fronterizo”. Declaró: “Vamos a cerrar las fronteras, le vamos a exigir a esas 300 mil personas que entraron de manera irregular que dejen nuestra patria (…) Si no lo hacen voluntariamente, los vamos a buscar y van a haber sanciones”. “Aquí no van a haber posibilidades de que les arrienden viviendas ni posibilidad de que trabajen en Chile”, y se le impedirá enviar remesas, aseguró el líder republicano. Su nueva visita a Bukele este mes de enero es significativa, pues aquel ha sido criticado por la OEA y organismos de derechos humanos por gobernar bajo estado de excepción permanente, vulnerando los derechos civiles y políticos, y operando para controlar los demás poderes del Estado.
El gabinete de Kast, como se ha dicho, tiene dos ministros, el de Justicia y DDHH, y Defensa, que defendieron a Pinochet en su detención en Londres. Tenía derecho a defensa, sin duda, pero ideológicamente se identifican con su actuar y legado, lo que implica que lo pueden proyectar desde sus cargos para aplicar la política contra la población migrante en situación irregular, sin el debido respeto a los derechos de éstos, bajo el signo del “gobierno de emergencia”.
Respecto de la sentencia del “caso Gatica-Crespo”, la Ley Naim-Retamal ha abierto espacio a la impunidad aplicada por tribunales, que perfectamente puede ser utilizada en contra —y no solo— de la población migrante al estilo ICE, pues la “legítima defensa privilegiada” junto al debilitamiento del concepto de “apremio ilegítimo”, podrá aplicarse de forma desproporcionada y sin costos penales para sus ejecutores.
Si a lo anterior se suma la vinculación permanente y distorsionada entre crimen organizado y población migrante, que ha generalizado que todo migrante es sospechoso y al cual hay que temer, la legitimidad para reprimir sin respetar los derechos de ellos puede ser desestabilizante del orden jurídico y político. No se ha relevado que la población migrante contribuye “con un 10,3% del PIB chileno, superior a su peso poblacional (8,7%)”, ya que entre “los migrantes hay más personas en edad de trabajar (82,7% vs. 66,6% en nativos), pero también a su mayor tasa de participación laboral (78,8% vs. 67,4%) y a su menor tasa de desempleo (7,1% vs. 8,7%)”. Si en Estado Unidos se han movilizado contra el crimen de R. Good y la persecución indiscriminada de migrantes, acá podría ocurrir algo similar. El argumento del gobierno norteamericano ha sido que la víctima era una ultraizquierdista y que la ciudadanía movilizada es extremista, argumento conocido desde 1973.
Un último punto es que la aplicación de políticas de seguridad pública, para vivir en paz y sin miedo, no puede sustentarse en debilitar las políticas sociales, ni reducir los derechos civiles. Estas dos dimensiones no son excluyentes.
El capítulo del Informe Anual del INDH sobre “Migración y acceso a derechos económicos y sociales”, alerta sobre este último punto. El flujo migratorio desbordó las capacidades del Estado desde hace más de una década, y ello ha impedido o dificultado el que las personas y familias migrantes puedan acudir a procedimientos regulares que les permitan obtener su residencia. Hay temas importantes a resolver como la precariedad laboral; el acceso a educación pertinente, reconocimiento de títulos; créditos y otros mecanismos para obtener una vivienda, así como políticas locales de integración social y cultural en las comunidades teniendo en cuenta la opinión de éstas.
Entre las recomendaciones que hace el INDH a los órganos del Estado están, el “adoptar medidas administrativas para minimizar la migración irregular, a través de garantizar los recursos y coordinaciones necesarias para la gestión oportuna de permisos de ingreso y residencia…”,” avanzar en la regularización accesible y asequible de las personas migrantes, considerando el arraigo familiar, las circunstancias especiales de personas en situaciones de vulnerabilidad…”; “incluir al menos a los niños, niñas y adolescentes extranjeros en situación irregular en el Registro Social de Hogares (…) y prevenir que el acceso a planes y programas en el ámbito de la salud, la educación y la protección social dependa de decisiones administrativas diversas y arbitrarias.”; “adoptar las medidas necesarias para monitorear y reducir la informalidad laboral y el subempleo de las personas extranjeras..” con especial énfasis en las mujeres.
Será importante que las nuevas autoridades implementen sus políticas y programas en este ámbito considerando los derechos de la población migrante como de las chilenas y chilenos, no contraponiendo seguridad pública y derechos.