El PP estudia llevar a los tribunales la regularización masiva del Gobierno: “El precio de salvar a Puente”

“Efecto llamada, barrios tensionados y servicios públicos al límite: el precio de salvar a Óscar Puente”, escribió Alma Ezcurra, vicesecretaria de Coordinación Sectorial, en su cuenta de X. El Partido Popular, que antaño aceptó tramitar una iniciativa legislativa popular en el Congreso de los Diputados para la regularización de unos 500.000 inmigrantes, ahora rechaza el acuerdo anunciado entre el Gobierno y Podemos. Y no solo. También estudia llevarlo a los tribunales, por el método elegido: mediante un decreto sin pasar por el Parlamento.

Desde que saltó la noticia ayer por la tarde, la dirigencia popular replica el argumento esgrimido por Alberto Núñez Feijóo: “Hasta 46 muertos. Cientos de heridos. Ninguna dimisión. Y la primera respuesta de Sánchez es una regularización masiva para desviar la atención, aumentar el efecto llamada y desbordar nuestros servicios públicos”. En la “España socialista”, denunció, “la ilegalidad se premia”.

Así pues, prometió una enmienda a la totalidad el día que llegue al poder. “La política migratoria de Sánchez es tan disparatada como la ferroviaria. Cuando lleguemos al Gobierno las cambiaré de arriba a abajo”. Poco después, fuentes de la dirección del PP insistieron en que “el acuerdo al que habrían llegado el PSOE y Podemos es una cortina de humo para no hablar del accidente de Adamuz, de los 46 muertos a consecuencia del caos ferroviario y de más de cien heridos por los que se están negando a asumir responsabilidades políticas”.

Sánchez, denunciaban en Génova, “intenta cambiar el foco a toda prisa y lo hace abriendo de par en par un Real Decreto de regularización masiva, sin control ni garantías”. Una decisión política que califican como “mala” porque “transmite el peor mensaje posible y consolida un modelo que no ordena la inmigración ni protege la convivencia”.

El PP le pone unos cuantos peros a la medida anunciada por el Gobierno: “No se aclara a quién afecta, en qué condiciones se integrará a esos cientos de miles de personas ni qué impacto real tendrá en vivienda, sanidad, educación y servicios sociales, trasladando el problema a los barrios, a los ayuntamientos y a las comunidades autónomas”.

En todo caso, los populares alertan: “Regularizar sin capacidad real de integración no mejora la vida de nadie. Alimenta la economía sumergida, incrementa la presión sobre los servicios públicos y genera frustración social”. Y tiran de “lo dicen los datos: cuando no hay empleo, idioma, vivienda ni recursos suficientes, las regularizaciones masivas solo cronifican la precariedad”.

Sobre la decisión de “dar papeles sin garantizar futuro”, alertan en Génova, “es una irresponsabilidad con consecuencias sociales muy concretas”. Porque, consideran, “acelera la fractura social, rompe la convivencia en barrios enteros y genera comunidades paralelas donde se pierde la referencia común de normas, cultura y pertenencia”.

España, concluyen, “no necesita un Gobierno dispuesto a subastar todo lo que tenemos en común para generar titulares que le den aliento”. España, contraponen las citadas fuentes, “necesita un Gobierno sólido, con un plan migratorio que consolide una inmigración mutuamente beneficiosa, ordenada y basada en un principio claro: contribuir debe ser motivo para permanecer”.

Después de alumbrar un plan migratorio hace escasos meses, los populares subrayan que “la nacionalidad y la residencia españolas se merecen, no se regalan”. Por eso, “el principal partido de España” -que también lo es de la oposición- “defiende una reforma profunda de la política migratoria que devuelva a la nacionalidad su sentido más elevado: un mérito, un premio al esfuerzo y a la integración real, no una simple gestión burocrática”.