El Gobierno alemán aprovecha el apagón de Berlín para marcar una línea dura contra el extremismo
El apagón que dejó sin electricidad durante días a decenas de miles de hogares en Berlín ha ofrecido a Alexander Dobrindt algo más que un desafío de seguridad interior. Le ha brindado el escenario perfecto para marcar perfil, endurecer su discurso y situarse en el centro de una respuesta política que va más allá del sabotaje concreto contra una infraestructura crítica. Desde el primer momento, el ministro del Interior alemán no se ha limitado a gestionar una crisis, sino que ha aprovechado el episodio para fijar un marco, señalar un enemigo y redefinir las prioridades del Estado frente al extremismo.
El incendio provocado en una instalación clave de la red eléctrica y que dejó sin suministro a unos 45.000 hogares y a más de 2.000 negocios, paralizó durante días varios distritos de la capital y obligó a activar planes de emergencia, pero para Dobrindt, uno de los pesos pesados del ala conservadora del Gobierno, el ataque no fue solo un delito grave, sino la confirmación de una amenaza que, a su juicio, había sido subestimada durante demasiado tiempo. "Estamos reforzando el aparato del Estado para combatir el extremismo de izquierdas", aseguró al presentar un paquete de medidas que combina refuerzo policial, ampliación de competencias digitales y una recompensa de dimensiones inéditas para localizar a los responsables. La autoría del ataque, atribuida por las autoridades a la llamada "Vulkangruppe" -una constelación de células activas desde hace años en Berlín y Brandeburgo-, sirvió para apuntalar ese giro.
Tanto la policía como los servicios de inteligencia consideran auténtico el comunicado de reivindicación y la Fiscalía General ha abierto una investigación por pertenencia a organización terrorista, sabotaje anticonstitucional, incendio provocado y alteración de servicios públicos. Sobre esa base, Dobrindt ha construido un relato que presenta el sabotaje como un ataque directo al funcionamiento del Estado y, por extensión, como una línea roja que exige una respuesta más contundente.
La recompensa anunciada, que según fuentes políticas alcanza el millón de euros, ilustra bien esa estrategia. El ministro la justificó por la magnitud del daño causado y por el elevado número de afectados, pero también por la necesidad de enviar una señal clara. No se trata solo de encontrar a los autores, sino de implicar activamente a la población y de subrayar que el Estado está dispuesto a utilizar todos los instrumentos a su alcance. La Policía criminal germana (BKA) ha reforzado sus equipos y ha lanzado una campaña permanente de recogida de pistas en Berlín y Brandeburgo, mientras el mensaje político se eleva de tono. Un endurecimiento que no se queda en el plano policial.
Dobrindt aprovechó la circunstancia para reabrir un debate sensible en Alemania, el del papel de los servicios de inteligencia. Su propuesta pasa por dotar a este organismo de capacidades operativas más amplias, más allá de la mera recopilación de información. "Quiero que sea un auténtico servicio secreto, que no solo observe, sino que pueda actuar cuando tenga conocimiento de amenazas", afirmó, consciente de que toca un nervio histórico en un país marcado por los abusos del pasado, pero también de que el clima político le es ahora más favorable. El paquete que impulsa incluye un aumento significativo de personal en los servicios de inteligencia y en el BKA, así como la ampliación de las herramientas digitales tales como el reconocimiento facial automatizado, análisis masivo de datos o la conservación de direcciones IP. Dobrindt insiste en que este refuerzo no implica desatender otras formas de extremismo, pero deja claro que su prioridad es corregir lo que define como una infravaloración previa del fenómeno de extrema izquierda.
El apagón se inserta además en un debate más amplio sobre amenazas híbridas. En paralelo, Alemania investiga una oleada de ciberataques dirigidos contra instituciones públicas y entidades financieras, incluida el Bundesbank, que el Gobierno vincula a redes con conexiones estatales. Para Dobrindt, no son frentes aislados, sino expresiones de una misma vulnerabilidad. "No podemos aceptar que se ataque constantemente a nuestras infraestructuras, a nuestras instituciones y a nuestras empresas" aseguró, antes de añadir una frase que resume el nuevo tono: "Responderemos, también en el extranjero". Una advertencia que apunta a una cooperación más estrecha entre los servicios de inteligencia y la policía federal y a la creación de un centro específico de defensa frente a amenazas híbridas, destinado a coordinar la respuesta ante sabotajes, espionaje y ciberataques.
Dobrindt defiende que Alemania ha entrado en una nueva fase también en materia de seguridad interior y prepara para el primer semestre del año un paquete legal con el que ampliar las capacidades del Estado en vigilancia, investigación y actuación operativa. Todo ello en un contexto de fuerte carga simbólica, marcado por el aumento de los delitos antisemitas y una creciente polarización social. El Gobierno presenta el giro impulsado por Dobrindt como una respuesta necesaria a una realidad más dura; no obstante, sus críticos alertan del riesgo de ampliar competencias sin suficientes contrapesos. Hasta entonces y más allá de ese debate, el apagón ha permitido al ministro del Interior fijar agenda, marcar perfil y consolidar una línea dura que, sin proclamarlo abiertamente, sitúa la seguridad en el centro de la acción política.