Los promotores de la regulación masiva de inmigrantes proyectan casi un millón de favorecidos
El Movimiento 'Regularización Ya', afincado en la órbita de Podemos, ha aproximado hasta casi el millón de inmigrantes que se verán beneficiados por la regulación masiva acordada entre Podemos y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como primera medida legislativa tras el accidente ferroviario de Adamuz que dejó 45 muertos, en la provincia de Córdoba.
Con su particular celebración en sus redes sociales, la organización cifra en cerca de 700.000 los migrantes que habitan en el territorio nacional de manera irregular y se podrán acoger a la medida presentada que, a la espera de conocer las especificaciones una vez se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE), eliminará los "procedimientos de retorno o las órdenes de expulsión por motivos administrativos". La asociación, que cuenta con el apoyo del exvicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, ha tachado de "logro histórico" la nueva cesión del Ejecutivo tras más de cinco años de reclamos.
Fuentes consultadas de la formación morada señalan que todos los extranjeros que "carezcan de antecedentes penales relevantes" se podrán acoger al procedimiento antes del 30 de junio de 2026. Desde Moncloa se apunta que la intención es comenzar la regulación extraordinaria en el mes de abril y cada permiso no se extenderá por encima de los 15 días.
Debido a que los datos del INE no marcan una tendencia certera, como respuesta a la decisión del Gobierno, el centro de análisis Funcas- expertos en los movimientos migratorios en España- publicó el pasado lunes un informe sobre el impacto de la inmigración irregular en España. Con los datos facilitados hasta el 1 de enero de 2025, los ilegales que provienen de países no comunitarios representan un 17,2% de los ciudadanos ajenos a la Unión Europea. Exceptuando el periodo entre el 2021 y el 2022, cuando se cerraron las fronteras a nivel global por el impacto de la Covid-19, en todos los años registrados la tónica es ascendente con el conocido "efecto llamada" denunciado por los principales sindicatos policiales.
A efectos numéricos un total de 840.000 personas no han superado los trámites administrativos para regularizar su situación. "Esta nueva estimación apunta a un crecimiento considerablemente sostenido del número de extranjeros en situación irregular desde 2017, cuando la cifra apenas superaba los 100.000, (4,2%)", reza el documento presentado.
Una técnica potenciada y repetida por Sánchez
Salvo que se produzca una nueva anomalía democrática bajo el mandato del líder de los socialistas, el reglamento señala que las personas que puedan acogerse al fundamento del arraigo podrán reclamar la nacionalidad en dos años, lo que dejaría, por los plazos, sin opciones a los ciudadanos que llevan cinco meses en España. Ahora bien, en el caso de que haya una repetición electoral el escenario cambiaría.
Tal y como informó LA RAZÓN el pasado mes noviembre, el jefe del Ejecutivo otorgó la nacionalidad a 170 descendientes de los miembros de las Brigadas Internacionales. Desde Moncloa se señaló como "un honor llamarles compatriotas", apelando a la defensa de la democracia ante "un tiempo de amenaza e involución". Entre 2009 y 2013 fueron premiados un total de 23 personas por su condición de voluntarios integrantes.
Con unos sondeos electorales que apuntan al ocaso del 'sanchismo', el presidente del Gobierno buscará mantenerse en el poder azuzando con el 'fantasma de la extrema derecha' para sembrar discrepancias entre Vox y el PP.