España debe de ser de los pocos países que cuenta con una comunidad jurídica que homenajea a jueces y fiscales condenados por vulnerar los derechos fundamentales de los ciudadanos. Cada cual es libre de expresar sus adhesiones como crea oportuno, aunque cuando la adhesión es de un jurista, en cualquiera de las vertientes profesionales de esta condición, y a un condenado por el Tribunal Supremo, está justificado poner en duda los motivos y las intenciones de semejante apología. El ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz recibió el homenaje y el aplauso de decenas de juristas reunidos en el Ateneo madrileño. Jueces jubilados, fiscales, abogados, catedráticos recibieron al fiscal condenado por el Tribunal Supremo en pie y con aplausos fervorosos, después de firmar un manifiesto titulado 'Una sentencia inquietante', que más que el título de una novela es un ataque a la Sala Segunda del Alto Tribunal. Esta actitud de la izquierda jurídica no es nueva, porque hizo algo muy parecido y por motivos similares con Baltasar Garzón, inhabilitado como juez por haber espiado ilegalmente a unos abogados mientras se entrevistaban con sus clientes en prisión provisional. Pocas cosas más graves puede hacer un juez en el ejercicio de su potestas jurisdiccional que romper la confidencialidad del derecho de defensa. La izquierda jurídica despidió entre lamentos al exjuez Garzón, arrinconando cualquier empatía por los derechos fundamentales que este vulneró. Por supuesto, y con mucha coherencia biográfica, Garzón ha sido de los principales valedores de García Ortiz. En ambos casos, las críticas al Tribunal Supremo se basaron en una tergiversación de los respectivos procesos y de sus sentencias de condena. Lo importante en Garzón era su lucha contra la corrupción y en García Ortiz, su lucha contra los bulos. De esta manera, los entusiastas de los corruptores de la ley y de las garantías constitucionales enmascaran sus motivaciones puramente ideológicas. Garzón decía investigar a la trama Gürtel, que afectaba al PP; y García Ortiz filtraba datos personales del novio de la presidenta madrileña, también del PP. En ambos casos se atacó la imparcialidad del tribunal, el respeto a las garantías de los acusados y la rectitud de la condena. Se ve que, en la disyuntiva entre ideología y Estado de derecho, los apologistas de Garzón y García Ortiz optan por lo primero y, eso sí, asumen que el fin justifica los medios, principio inmoral que destruye los fundamentos de una justicia garantista. Lo preocupante de los apoyos a García Ortiz es que algunos proceden de fiscales en activo; y, aunque son minoría en el conjunto del Ministerio Público, transmiten el mensaje de que forman una unidad ideologizada cada día más desvinculada de las funciones que la Constitución atribuye a la Fiscalía: defender el principio de legalidad , amparar los derechos de los ciudadanos y el velar por la independencia judicial. No son compatibles estas misiones constitucionales con el apoyo al fiscal general condenado en firme por el más alto órgano de la jurisdicción ordinaria penal. Y ese apoyo, además, siembra de desconfianza legítima sobre la capacidad de esos fiscales para actuar imparcialmente en asuntos que comprometan a la izquierda política. Aplaudir a un condenado por el Supremo equivale a deslegitimar a los magistrados que firmaron su condena, a comprender el delito cometido, a culpar a la víctima. Es imprescindible que el CGPJ proteja a los jueces del Supremo de este acoso deslegitimante. Estos no pueden ser los fiscales que, el día de mañana, y si una sensata mayoría parlamentaria no lo evita, asuman la investigación de los delitos, en lugar de los actuales jueces de instrucción.
