Galicia lleva años sin poder gestionar la población de lobo. Y eso le preocupa a la conselleira Ángeles Vázquez (Melide, 1972), que ve al Gobierno «de la mano» del Defensor del Pueblo a la hora de ponerle nuevas trabas a los ejecutivos autonómicos en su tarea de controlar esta especie para proteger las explotaciones ganaderas. Aunque en Galicia, a diferencia de otras comunidades, el Tribunal Superior de Justicia (TSXG) tampoco ayuda. —¿Qué impacto ha tenido la suspensión por parte del TSXG de la caza del lobo que había autorizado la Xunta para esta temporada? —En primer lugar, hay un desprecio sin precedentes por parte del Ministerio de Transición Ecológica hacia las comunidades autónomas desde 2021. En 2025 hubo cambios normativos en la Comisión Europea, que entendió que había que gestionar a los grandes carnívoros, y se modificó la ley de desperdicio alimentario para que el lobo dejase de estar dentro del listado lesrpe. A pesar de todo esto, el Ministerio sigue incumpliendo y no envía el informe sexenal obligatorio por ley a Europa. Esto hace que el TSXG, de manera cautelar, suspenda cualquier actuación que hagamos en el territorio en relación al lobo. Y lo hace basándose en la situación en Portugal. Lo que estamos haciendo es trabajar todas las comunidades autónomas, sin ideología. Seguimos tomando decisiones. Y Galicia, sin duda, se va a personar ante el recurso de inconstitucionalidad que presentó en su día el Defensor del Pueblo, que me imagino que está perfectamente coordinado con el Gobierno. —¿Ve, entonces, al Gobierno detrás del recurso del Defensor del Pueblo? —Hay cosas que nos llaman la atención. No es lógico que el Gobierno decidiese de manera unilateral no mandar el informe sexenal en julio. Estamos finalizando enero, tampoco lo enviaron, y este viernes nos enteramos de que Europa acaba de abrir un expediente de infracción a España por no haberlo hecho. ¿Y cuál es la contestación del Gobierno? Esperar a que se decida por parte del Constitucional si una ley aprobada en el Congreso por la inmensa mayoría de los grupos políticos es o no constitucional. Con lo cual, todo parece indicar que están bastante de la mano. —¿Hay otras comunidades que estén teniendo problemas con sus tribunales superiores? —Galicia es un caso aislado. Castilla y León tiene la misma situación, pero La Rioja, Asturias o Cantabria sí que están haciendo extracciones. Aquí los datos son preocupantes, porque desde 2021 no pudimos hacer ninguna acción, y eso se traduce en que se incrementaron un 72% los ataques. Eso quiere decir que la biodiversidad está en peligro, porque igual que hay que velar por el lobo, hay que hacerlo por el caballo de monte, por la cabra o por la oveja. Hay zonas donde los ataques son continuados. El lobo ya está atacando incluso a perros de compañía. Lo que me llama la atención es que esa paralización en el TSXG es a instancias de alguna organización ecologista muy ligada a algún partido político, cuando en el bipartito se autorizaron 26 acciones de caza. Los mismos PSOE y BNG que ahora votan en contra en el Congreso y en Europa de que podamos gestionar el lobo y que la gente pueda seguir viviendo en el rural. —Así las cosas, ¿cuál sería un plazo realista de cuándo va a poder controlarse la presencia del lobo en Galicia? —No tenemos plazos. La ministra estaba invitada a la reunión del pasado viernes en Santander con todos los consejeros y a primera hora notificó que no iba a poder estar presente. Europa acaba de abrirle expediente porque la situación del lobo es favorable. Nuestros censos están avalados por el ministerio. Ahora no nos queda otra más que recurrir a la Justicia, que a veces es lenta. Mientras, si en el año 2021 fueron atacadas y murieron 2.000 reses, en la actualidad ya superamos ampliamente las 3.000 anuales. —Le pregunto ahora por Altri. ¿En qué punto estamos? —Hay una declaración de impacto ambiental que es favorable, pero hay un problema, y es que necesita luz. Y el Gobierno central, dentro de su planificación, decidió dejar a la provincia de Lugo sin conexión eléctrica. Es decir, sin posibilidades para que se instalen nuevas empresas. Y Altri es una más, por lo que no puede tener nuestra autorización si no tiene luz. Ahora se está haciendo el estudio jurídico correspondiente. Es un caso único, porque será la primera vez que el Gobierno central deje aislada a una provincia –entendemos que por ideología más que por otra cosa–. A partir de ahí tendremos que tomar la decisión correspondiente que, desde luego, ya no es una decisión de carácter medioambiental. —Por lo tanto, sin conexión eléctrica no hay Altri. No hay forma de que la compañía pueda esquivar este obstáculo y, en principio, la respuesta de la Xunta será negativa. —Ninguna empresa puede empezar a funcionar a día de hoy sin luz. Y si no puede empezar a funcionar, no se puede autorizar. Es inviable. Pero es que ninguna empresa empezaría a construir si no tiene el enganche de la luz. Ahora mismo lo que se está haciendo es la valoración jurídica correspondiente, pero ya excede la parte medioambiental. Es un problema que tiene la empresa y las empresas que quieran instalarse en Lugo con el Ministerio que dejó a una provincia sin posibilidad de avanzar desde el punto de vista industrial. —El PSdeG reclama una comisión de investigación por un supuesto memorando oculto de la Xunta con Altri. ¿A qué cree que responde tanto interés? —El PSOE tiene un problema en Galicia. Uno no, tiene muchísimos. Entonces algo tiene que inventarse para intentar esquivar la problemática interna y que la opinión pública se centre en otros temas. Yo creo que el PSOE ha de centrarse en Galicia, ha de saber lo que quiere ser ahora mismo, pero también lo que quiere ser de mayor, porque dando estos pasos en falso, huyendo hacia el futuro, inventándose una cosa tras otra, los visos son casi de desaparecer. —¿En qué punto se encuentra la recuperación de las zonas que se quemaron el pasado verano? ¿Qué impacto han tenido las borrascas de los últimos días? —Los recursos ya están en el territorio y se tienen que ir haciendo las evaluaciones pertinentes, pero es cierto que tenemos una tierra rica y ya se ven los brotes. Ahora llovió muchísimo y hay que ver cómo afectó eso a los arrastres. Pero sin duda se está trabajando por parte de las distintas consellerías, en coordinación con los ayuntamientos, con distintas asociaciones, con la parte del voluntariado. Todavía queda mucho trabajo por hacer, pero lo importante es la rapidez que también pedimos al resto de los que tienen que ayudar porque tienen sus competencias, como es el Gobierno central, que va bastante más lento. —¿Cree que la pelea entre su departamento y la Confederación Hidrográfica genera desconcierto entre los afectados? —No es que genere desconcierto, pero sí es cierto que la ley es igual y se hacen distintas interpretaciones. Donde Aguas de Galicia tiene las competencias, que es en Galicia-Costa, decidió simplificar. Y simplificando hacemos más y cuidamos más el territorio. Nos gustaría que la Confederación Hidrográfica fuese en la misma línea. Es más, estoy convencida de que tendría que haber una única competencia para que no hubiese una Galicia de primera o de segunda en función de quién tenga las competencias en el territorio. —El Parlamento aprobó esta semana la Ley del Clima. La oposición la ve vacía de contenido. —Es una auténtica irresponsabilidad, por parte del PSOE, sobre todo, viendo cuál es la situación en los últimos tiempos. Tenemos borrasca tras borrasca, tenemos fenómenos atmosféricos que nos tienen que hacer repensar cómo actuar. Debemos anticiparnos, y esto es lo que recoge la Ley del Clima: dotarnos de mayor seguridad jurídica en la acción contra el cambio climático. Es una oportunidad única, porque somos la única comunidad autónoma que ha establecido por ley que tiene que alcanzar la neutralidad climática en menos de 15 años. Nos adelantamos a España y a Europa. Regulamos las proyecciones climáticas e impulsamos la contratación pública verde. También la fiscalidad verde, que no es lo mismo que crear nuevas figuras impositivas, que es a lo que está acostumbrado el Gobierno central. Y apostamos por la investigación y por algo fundamental: por anticiparnos y que cuando haya borrascas intensas la gente pueda tener la información con 72 horas de antelación. También aporta seguridad jurídica a la coordinación entre la Aemet y Meteogalicia. Por ejemplo, la Aemet no tiene el radar en funcionamiento en Galicia desde el año 2022 y no pasa nada porque la lectura sea a través del radar que tiene Meteogalicia. Por lo tanto, no entiendo por qué votaron en contra. Nosotros seguiremos trabajando. —Una vez aprobada la ley, ¿van a pisar el acelerador en la reclamación de las competencias meteorológicas? —Ahora mismo damos el primer paso para la coordinación y para la seguridad jurídica. A partir de ahí, si algo impera impera en Galicia es la sensatez, el sentido común. Cuando teníamos perfectamente estudiadas nuestras competencias en el ámbito de la costa fuimos a por ello. Desarrollamos la ley. Ahora partimos de lo que es la base y luego iremos dando pasos, que es lo que tenemos que hacer como administración. —¿Qué balance hace del traspaso de las competencias del litoral? El balance es muy favorable. Somos una administración que está mucho más cerca del ciudadano, y eso ya está suponiendo un antes y un después en los tiempos y en las interpretaciones que son, sin duda, fundamentales en la prevención, en la restauración de las zonas y en la puesta en valor de nuestra costa, que hay que recordar que es la de mayor dimensión de toda España: 2.500 kilómetros. Ya estamos desarrollando actuaciones que son importantes. Este año será el del 'Camiño do Litoral', con 1.300 kilómetros para recorrer a pie o en bicicleta. También hemos hecho modificaciones para que los chiringuitos en dominio público marítimo terrestre puedan estar abiertos desde Semana Santa hasta el 31 de octubre de manera ininterrumpida. Y, por supuesto, actuar de manera homogénea en las tres provincias, ya que nos encontramos con que las concesiones eran distintas en función de cada una.
