La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Toledo juzgará el próximo jueves a dos personas acusadas de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas, por unos hechos ocurridos en la madrugada del 25 de mayo de 2020. Según el escrito de acusación de la Fiscalía Provincial de Toledo, los procesados, identificados como F.J.D.M. y A.C.C., fueron interceptados sobre las dos de la madrugada en las inmediaciones del restaurante Los Arcos, situado en en la carretera CM-401 en el término municipal de Gálvez, después de que su actitud levantara sospechas a una patrulla de la Guardia Civil que realizaba labores de seguridad ciudadana. Tras proceder al registro del vehículo en el que viajaban, propiedad de uno de los acusados, los agentes localizaron distintas sustancias estupefacientes distribuidas por el interior del habitáculo. Entre la droga intervenida figuraban 97,54 gramos de cannabis sativa , 33,48 gramos de un preparado de cannabis, 2,34 gramos de anfetamina, 2,34 gramos de MDMA, 643,7 gramos de opio, 2,26 gramos adicionales de esta misma sustancia y 0,15 gramos de LSD, todas ellas, según el fiscal, destinadas a su posterior venta a terceras personas. Además, en el compartimento de los fusibles situado bajo el volante se encontraron ocultos 990 euros en efectivo , repartidos en billetes de 20 y 50 euros, que la acusación considera procedentes de la actividad ilícita desarrollada. El valor total de las sustancias en el mercado negro se fija en 39.442,72 euros, conforme a las tablas oficiales de precios de la Oficina Central Nacional de Estupefacientes. La Fiscalía califica los hechos como constitutivos de un delito contra la salud pública del artículo 368 del Código Penal, en relación con sustancias que causan grave daño a la salud y otras que no lo causan. Ambos acusados son considerados coautores, si bien en el caso de A.C.C. concurre la agravante de reincidencia , al haber sido condenado previamente en 2019 por un delito similar. Por ello, el Ministerio Público solicita para A.C.C. una pena de cinco años de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el mismo tiempo y una multa de 100.000 euros, mientras que para F.J.D.M. reclama cuatro años de prisión, la misma inhabilitación y una multa de 80.000 euros. Asimismo, la Fiscalía interesa el decomiso y destrucción de la droga intervenida, el decomiso definitivo del dinero y efectos incautados con destino al Fondo de Bienes Decomisados, así como el abono de las costas procesales.
