Hace justo 15 años, la juez sevillana Mercedes Alaya inició la instrucción del caso ERE tras descubrir que un exdirigente local del PSOE en el municipio jienense de Baeza había sido incluido como «intruso» en un expediente de regulación de empleo (ERE) presentado por Mercasevilla en el año 2007 y costeado por la Junta de Andalucía. Sin haber puesto un pie en la lonja hispalense, Antonio Garrido Santoyo, como se llamaba el «intruso cero» que dio origen al caso ERE , cobró 78.908 euros correspondientes a una ayuda sociolaboral a la que no tenía derecho. Nunca había trabajado allí y por este motivo va a sentarse en el banquillo cuando se celebre el juicio de la pieza separada de la...
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