La Fiscalía retira su acusación contra la empresa pública Mercasa
La Fiscalía ha informado al tribunal de la Audiencia Nacional que retira su acusación contra la empresa pública Mercasa en el juicio que arranca este lunes contra esa mercantil, contra otras empresas y contra hasta 17 personas porque, al tiempo de los hechos investigados, al tener carácter estatal, era «inimputable». Ha recordado que no fue hasta la reforma legal de 2015 que se incluyó en la ley como imputables a las empresas públicas. Ésta ha sido la primera cuestión previa planteada por el Ministerio Público en la vista oral que se celebra en la sede de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares por las presuntas irregularidades en contratos suscritos entre 2006 y 2016 para la construcción de un mercado mayorista en Luanda ( Angola ) . El escrito de acusación del fiscal recoge que se abonaron mordidas a autoridades y funcionarios de aquel país y que hubo una apropiación parcial de los fondos destinados a dicha construcción. Fue en abril de 2022 cuando el Juzgado Central de Instrucción Número 5 notificó su auto de apertura de juicio oral por delitos de corrupción en las transacciones económicas internacionales, malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, delito continuado de falsedad documental, y delito de organización criminal o subsidiariamente asociación ilícita. En esa resolución el magistrado instructor Santiago Pedraz ya establecía el pago de fianzas por un valor de 22,2 millones de euros para asegurar las responsabilidades pecuniarias, e incluía que las personas físicas acusadas debían abonar 16 millones para indemnizar a la propia Mercasa. Entre los acusados que se sientan en el banquillo de los acusados se encuentran varios directivos de Mercasa, como el expresidente Miguel Ramírez, la ex secretaria general María Jesús Prieto Jiménez, o el empresario José Herrero de Egaña, sobrino de Ignacio López del Hierro, exmarido de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal. A lo largo de la instrucción, la Audiencia Nacional detalló, además, la participación del comisionista prófugo de la justicia Oliveira Taveria Pinto , y que la trama se pudo embolsar 20 millones de euros con la cobertura de supuestos contratos de agencia y servicios inexistentes. El 'modus operandi' para canalizar los sobornos a las autoridades y funcionarios públicos era concertar acuerdos de consultoría y agencia con distintas personas físicas, a los que pagaban una comisión consistente en un porcentaje de la suma del contrato público conseguido. Estas comisiones ilícitas eran pagadas conforme las empresas españolas investigadas iban percibiendo los importes de los contratos públicos de los diferentes gobiernos. En este contexto, las comisiones eran detraídas de los montos de los contratos, simulando la existencia de contratos de representación y/o servicios inexistentes con comisionistas, intermediarios o con algunas de las mismas sociedades involucradas.
