El reemplazo, según Podemos
Si algo bueno tiene la radicalización de los discursos es la sinceridad incontenible de los extremistas. Hablar sin freno puede provocar pronunciamientos desquiciados, pero son los que afloran las ideas auténticas del político. La ausencia de filtros ha hecho que Irene Montero desvele exactamente para qué quiere la regularización masiva de inmigrantes y su concepto guerracivilista de la confrontación política. Sin tapujos de ningún tipo, la dirigente de Podemos adoptó, ante un público arrebatado por sus despropósitos, una versión izquierdista de la 'teoría del gran reemplazo'. Hasta ahora, esta teoría era una conspiración ultraderechista que alertaba de la sustitución de la población blanca y cristiana europea por poblaciones africanas y musulmanas, consecuencia de los altos índices de natalidad de estas comunidades inmigrantes. Sin embargo, Montero ha regalado a la ciencia política –quizá sin sospecharlo, obviamente– una teoría progresista del reemplazo. Al grito de «ojalá teoría del reemplazo», reveló que quiere la regularización masiva de inmigrantes para darles voto y nacionalidad y así «barrer de fachas y racistas este país con gente migrante, con gente trabajadora». Le habría convenido a Montero analizar cuáles son las tendencias de voto de la clase trabajadora en España, porque puede acabar muy sola con su mensaje en las elecciones que van a celebrarse en diversas comunidades autónomas. El discurso de Montero destila un odio desbordante teniendo en cuenta que en sus conceptos de fascistas y racistas se encuentra toda la España que vota a la derecha. Por ejemplo, el 60 por ciento de los extremeños. Sus palabras suenan a amenaza de los años treinta, con una retórica de izquierda miliciana y mono azul, vieja, desfasada y ridícula. Montero abogó por una pura y simple limpieza ideológica de España –ETA practicó la suya en el País Vasco–. Para Montero y su izquierda, aquí no caben razones de justicia, ni demandas de dignidad. La regularización va a servir para voltear el censo electoral y que los inmigrantes den a la izquierda el peso que ahora no tienen. Es una visión totalitaria de la persona, porque la regularización que debería ser un reconocimiento de derechos sin condiciones políticas se ha convertido en un plan de fidelización ideológica que tiene la premisa de que los inmigrantes van a ser regularizados para votar contra la derecha. Las necesidades legales y laborales de los extranjeros sin papeles son cuestiones menores ante su condición de herramienta electoral de bajo coste, según el discurso de Irene Montero, cuya arrogancia la llevó a monopolizar el sentido del voto de esos futuros votantes, obligados a una especie de trueque a cambio de papeles. La falta de ética de este discurso se corresponde con la intención divisiva de quienes lo alientan. El reclutamiento de inmigrantes para «barrer» España de fachas y racistas, a modo de unas renovadas Brigadas Internacionales, es la manera de poner fin a la concordia constitucional por la vía de hecho, mediante el llamamiento a la colisión entre ciudadanos. Montero representa a una izquierda que está cómoda en el enfrentamiento cívico, que amenaza con la violencia para cancelar debates y que enarbola el reemplazo político como factor para que unos cientos de miles de inmigrantes paguen el precio de sus papeles a la izquierda. Montero ha hecho un favor a los partidos de extrema derecha, ha atemorizado a muchos ciudadanos moderados y ha dado razones a la Unión Europea para revisar con lupa una regularización en la que los motivos de justicia se ven sepultados con las verdaderas intenciones de esta izquierda que ha roto amarras con la democracia constitucional.
