Unos fiscales inquietantes
Supongo que les inquietaría saber que el jefe de Inmunología de su hospital es un antivacunas o que su párroco, si es que gastan de eso, es ateo y no admite la jerarquía de la Iglesia. No es para menos. El ejercicio de ciertos ministerios exige de una coherencia interna que hasta esperamos reforzada. Fíjense lo que estremece ver que en este país ha habido ministros y vicepresidentes que no solo no profesan creencias democráticas sino que son partidarios de barrer del país a los que piensen distinto. Incalificable e inaceptable, ¿no creen? Inquietante se queda, sin duda, corto.
Por este mismo razonamiento me han producido mucha inquietud los últimos movimientos de bastantes fiscales progresistas que, a lo que veo, y según dicen, consideran que la cúpula del sistema penal español está ocupada por una cohorte de prevaricadores que no respetan el principio ultra sagrado de la presunción de inocencia. Vamos, que lo han escrito, lo han dicho y hasta se han reunido en reivindicativa asamblea para clamarlo. Podríamos pensar que tienen derecho a pensar y a decir lo que quieran, aunque la cosa se complica cuando comprendemos que, pasado el acto y los aplausos al ex fiscal general condenado, van a seguir enviando al pueblo, a todos nosotros cuando corresponda, ante este mismo tribunal que consideran infame. Y es que todos los fiscales penales de este país acusan para lograr que los acusados sean condenados en sentencia firme por la más alta instancia, de llegarse a ella, y siguiendo la jurisprudencia por ella dictada. ¿No es esto un ejercicio de incoherencia y de cinismo máximo?
¿La Sala II dicta sentencias inquietantes, injustas e inaceptables cuando se trata de uno de los miembros de su élite y no cuando se trata de ciudadanos corrientes, políticos de signo contrario pobres diablos, destripaterrones y robagallinas varios?
Los firmantes del manifiesto, y del aplauso cerrado al único fiscal general condenado de la historia, incluían, además de a un buen número de jubiletas que incluso integraron esa Sala II, que con ellos dentro fue magnífica, a algunos nombres chocantes por sus relaciones con la cuestión. Estaba allí, de forma significada, Pepa Berdugo vicepresidenta de la Unión Progresista de Fiscales, verdadero núcleo irradiante de toda esta historia. La vice de los fiscales progresistas, la que se subió al estrado a clamar contra un proceso y una sentencia inquietante, es sobrina de uno de los magistrados que condenaron a Álvaro García-Ortiz. La familia que más pesa siempre no es la de la sangre y parece que es supeditada a la «famiglia» de la ideología. O bien tengan el caso de Joaquín Giménez, jubilado de esa misma Sala II en la que presidió el tribunal que firmó la otra condena sonada por prevaricación de este país: la de Baltasar Garzón. Ahora, unidos por la causa, firman el mismo manifiesto y demuestran que siempre se puede hacer un pelillos a la mar.
Y es que los fiscales progresistas y algunos aledaños me hacen cosas bastante inquietantes si uno se para a pensar. Tengamos a Diego Villafañe el hiperactivo –y supersimpático– ex teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la FGE con Álvaro Ortiz, su mano derecha, que llegó a estar imputado junto a él y se libró de la movida cuando buscó un abogado particular. Villafañe, defensor cerrado de la decisión de su jefe de incluir la frase que atentaba contra la presunción de inocencia del novio de Ayuso en la nota de prensa, perdió su puesto en la Fiscalía General y ahora aspira a que le den una plaza de fiscal de a pie en la Sección Penal del Tribunal Supremo, o sea, ante la Sala II que lo imputó y que condenó «malamente» a su jefe. ¿Le va a importar llevar ante tan malvados y prevaricadores magistrados a todos los que lleguen a su negociado? Verán que no si lo consigue.
Su superiora, Ana Isabel García León, callada jefa de la Secretaria Técnica con Álvaro García Ortiz, peleará por ser nada más y nada menos que jefa de la Sección Penal del Tribunal Supremo, es decir, jefa de todos los fiscales que desempeñan su trabajo ante la Sala II, la sala prevaricadora que condenó injustamente a su jefe y amigo, para que nos entendamos. ¿Puede Peramato darle este cargo a fiscales de Sala de largo recorrido en el tribunal, pero que son considerados conservadores? Después de haber visto naves en llamas cerca del hombro de Orión, no podemos pensar que no, aunque me gustaría creer que, aun siendo de la comandita de la UPF, una adscripción algo reciente, la nueva fiscal general es un poco más avispada y no estará por la labor.
No se han parado en chiquitas los abajo-firmantes puesto que un matrimonio indómito de jubilados zurdos –el formado por el fiscal Agustín Pantoja y la juez Virginia García Alarcón– han tenido a bien solicitar para él un indulto que el Gobierno ya está tramitando. Lo que no sé es de qué le van a indultar dado que la pena apañadita que le impuso el Tribunal Supremo devino inejecutable desde el momento en que dimitió y las multa e indemnizaciones, una vez pagadas –con el dinero de los colegas de la UPF–, no se devuelven ni se indultan. Todo porque esa Sala II a la que señalan gritando lawfare le hizo a don Álvaro un lawfare a la inversa, es decir, a su favor, condenándole a una pena inexistente de «inhabilitación para ejercer como fiscal general del Estado» en lugar de la «inhabilitación especial para empleo o cargo público», que es lo que establece el Código Penal, y que ha permitido que hagan una finta para dejarlo continuar en la carrera fiscal.
Así que todo bien, todos en misa y repicando, en el manifiesto y en el puesto, en la indignación y en el reparto. Todo bien porque al mío se le hizo «maltrato institucional» y aquí vengo yo a seguir tratando al resto del mundo exactamente de la misma manera. Eso sí que es inquietante.