No basta con regularizar inmigrantes, hay que incluirlos

La regularización de migrantes que viven ya en España constituye, ante todo, una obligación derivada del marco internacional de derechos humanos asumido por nuestro país. Los compromisos adquiridos en virtud de los tratados internacionales ratificados imponen a los Estados el deber de garantizar condiciones de vida dignas y el acceso efectivo a derechos fundamentales con independencia de la situación administrativa.

España está dando, con esta regularización, una muestra de trato digno y respeto a los derechos humanos de migrantes en situación administrativa irregular que viven ya en el país, pero puede y debe seguir dando ejemplo internacional al no quedase únicamente en la dimensión jurídica del asunto avanzando con paso firme en su inclusión efectiva en la sociedad española.

El Gobierno ha aprobado un Real Decreto para una regularización extraordinaria al que podrán acogerse las personas que hayan estado en España antes del 31 de diciembre de 2025 y acrediten al menos cinco meses de estancia en el país, no tengan antecedentes penales ni supongan una amenaza para el orden público. Se busca poder otorgar permisos de residencia y trabajo a personas que se encuentran en situación irregular en el país y acceso a servicios públicos como la sanidad y la educación. Asimismo, otorgar protección contra la expulsión y posibilidad de reunificación familiar.

La regularización de migrantes en situación administrativa irregular es un derecho humano fundamental que busca garantizar la dignidad y la protección de las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Los migrantes, independientemente de su estatus legal, son titulares de derechos humanos fundamentales. El derecho a la vida y la integridad personal: a la protección de su vida y su integridad física, y no tienen por qué ser sometidos a tratos crueles, inhumanos o degradantes. Al derecho a la libertad y la seguridad: no pueden ser detenidos o privados de su libertad de manera arbitraria. El derecho a la no discriminación: ser tratados con igualdad y sin discriminación por motivos de raza, género, religión, nacionalidad, u origen étnico. Al derecho a la educación: independientemente de su estatus legal. Al derecho a la salud: tanto a la atención sanitaria como a la protección de su salud, independientemente de su estatus legal. Al derecho a la reunificación familiar: siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos por la ley. A la protección consular: a la protección y asistencia de su país de origen a través de su embajada o consulado. Al derecho a la no devolución: a no ser devueltos a su país de origen si corren el riesgo de sufrir persecución, tortura o tratos inhumanos. 

La persistencia de situaciones de irregularidad prolongada no es neutra desde el punto de vista jurídico, económico y social, ya que además de violatoria de derechos humanos fundamentales, incrementa el riesgo de explotación laboral, dificulta el acceso normalizado a los sistemas de salud y educación y tiende a reproducir dinámicas de exclusión y vulnerabilidad que trascienden a las personas afectadas y tienen efectos sobre el conjunto de la sociedad.

Desconocer este marco de derecho internacional y sus implicaciones demográficas, económicas, sociales y humanas para España, como lo hace la oposición de la derecha y la ultraderecha, vociferando argumentos falaces y mentiras, atribuyéndole dimensiones de engrosamiento del padrón electoral que ni tiene ni puede tener legalmente, solo contribuye al engaño, a la polarización, a la xenofobia delirante, a la aporofobia y a la crispación política.

La apertura de la consulta pública sobre una regularización extraordinaria que podría afectar a más de medio millón de personas que ya viven en España plantea un desafío que va más allá del debate normativo. Nos sitúa ante una prueba de coherencia entre los principios que defendemos y la capacidad real para traducirlos en políticas públicas eficaces.

Este debate no es nuevo. La Ley Orgánica de Extranjería, aprobada en el año 2000 en un contexto migratorio muy distinto del actual, ha quedado en buena medida desfasada frente a la realidad social, económica y demográfica de la España de hoy. En los últimos años, esta rigidez legal se ha ido corrigiendo de forma parcial a través de reformas del Reglamento de Extranjería, de manera destacada la modificación de 2022, que han ampliado y flexibilizado las vías de acceso a la residencia y al trabajo, especialmente mediante figuras como el arraigo. 

Episodios como la acogida del Aquarius en 2018 simbolizaron también una voluntad humanitaria hacia los migrantes, refugiados y solicitantes de asilo, que aún tiene que robustecerse en clave europea, pero también pusieron de relieve que la defensa de la dignidad humana no puede descansar únicamente en respuestas excepcionales ni en ajustes reglamentarios sucesivos. La regularización extraordinaria ofrece ahora la oportunidad de avanzar de forma más estructural y coherente en esa dirección.

El argumento centrado en los derechos humanos convive con otras dimensiones que conviene abordar con realismo. La migración tiene implicaciones demográficas y económicas claras. España afronta un proceso de envejecimiento que incrementa la necesidad de trabajadores en múltiples sectores. Pero tiene también una dimensión de seguridad que no debe eludirse. La irregularidad prolongada dificulta la identificación administrativa, debilita la trazabilidad de las trayectorias laborales y residenciales y genera espacios de informalidad que complican la convivencia y la actuación de los poderes públicos. La experiencia acumulada muestra que una regularización bien diseñada mejora el conocimiento de la población residente, refuerza la seguridad jurídica y facilita una gestión más eficaz desde el punto de vista administrativo y preventivo.

La magnitud del proceso refuerza la necesidad de ese enfoque. El Ejecutivo estima que la regularización podría alcanzar a unas 500.000 personas, mientras que otros cálculos, como los de Funcas, sitúan la cifra potencial cerca de las 840.000. En cualquiera de los escenarios, se trata de una intervención de gran escala, cuyos efectos se extenderán a múltiples ámbitos de la acción pública y exigirán una capacidad de gestión acorde.

Una regularización de esta envergadura no se define únicamente por su articulado legal. Su éxito dependerá, en gran medida, de cómo se implemente. El Estado es responsable de los procedimientos administrativos, pero la integración efectiva se produce en el territorio, a través de los servicios que prestan comunidades autónomas y ayuntamientos: sanidad, educación, servicios sociales y vivienda. Junto a ellos, las organizaciones del tercer sector desempeñan un papel esencial en el acompañamiento, la información y la mediación con las personas afectadas.

Conviene recordar, además, que esta iniciativa no surge en el vacío. El texto sometido a consulta tiene su origen en una iniciativa legislativa ciudadana avalada por más de 700.000 firmas, una expresión significativa de respaldo social. Este apoyo refuerza la legitimidad democrática del proceso y añade una responsabilidad adicional a las instituciones: convertir una demanda ampliamente compartida en una política pública bien diseñada y correctamente implementada.

Sin una coordinación real entre los distintos niveles de gobierno y los actores sociales implicados, incluso la mejor norma corre el riesgo de quedarse corta. España dispone de datos administrativos sólidos y de experiencia en la gestión de políticas públicas complejas. Incorporar desde el inicio sistemas de seguimiento que permitan anticipar impactos, identificar cuellos de botella y ajustar la intervención durante su despliegue no es una cuestión técnica menor, es una condición necesaria para que la política funcione. 

Conviene subrayar, además, que la regularización no termina con la concesión de un permiso. Es, en realidad, el inicio de un proceso. La integración efectiva requiere acceso al empleo formal, reconocimiento de competencias, información clara sobre derechos y obligaciones y apoyo en ámbitos clave como la vivienda, la sanidad y la educación de los menores. Todo ello exige planificación, recursos adecuados y una distribución equilibrada de responsabilidades entre administraciones.

Las experiencias internacionales muestran de forma consistente que las regularizaciones más exitosas son aquellas que se abordan con una visión integral, que anticipan el impacto sobre los servicios públicos y que establecen mecanismos de ajuste continuo. Cuando estas condiciones no se dan, los costes sociales y políticos aparecen con rapidez.

La regularización extraordinaria representa, por tanto, una oportunidad para reforzar la coherencia institucional y avanzar en dirección firme hacia una migración gestionada como lo plantean desde hace décadas las Naciones Unidas Es necesaria desde el punto de vista de derechos humanos, razonable desde una perspectiva demográfica y económica y útil para una mejor gestión de la convivencia y la seguridad. Pero su legitimidad y eficacia dependerán de la seriedad con la que se aborde su implementación.

España cuenta con administraciones públicas con experiencia, con un tejido social comprometido y con profesionales que, en todos los niveles, han demostrado capacidad para gestionar políticas complejas cuando existe una dirección clara y cooperación efectiva. Si los distintos actores implicados, Estado, comunidades autónomas, entidades locales y organizaciones sociales trabajan de forma coordinada, esta regularización puede traducirse en trayectorias migratorias más estables, en una inserción laboral más rápida y en una menor reproducción de situaciones de irregularidad en el futuro.

Gestionar la regularización con información, coordinación y capacidad de ajuste no es un ejercicio técnico accesorio. Es la condición para que la política migratoria deje de ser una sucesión de respuestas excepcionales y se convierta en un pacto de Estado, en una política pública previsible, ordenada y capaz de ofrecer seguridad a quienes llegan y a la sociedad que los acoge. Esa es, en último término, la medida de su éxito.