La Guardia Civil ha procedido al cierre de un taller clandestino de motocicletas y ciclomotores en la localidad de Guadassuar ( Valencia ), con la correspondiente infracción administrativa. Las instalaciones no contaban con las medidas de seguridad necesarias, solo un extintor caducado, y en su interior hallaron chasis sin documentación y ajenos al control obligatorio de la DGT. Las sospechas comenzaron cuando, al realizar un servicio, una patrulla observó a un hombre salir con un ciclomotor de un bajo comercial cerrado al público cuyo rótulo correspondía a una ferretería y que poseía los cristales tapados con plásticos negros que impedían observar el interior. El varón señaló que había traído el ciclomotor para que le realizaran unos arreglos. En el interior, los agentes se encontraron un taller de reparación y puesta a punto de toda clase de motocicletas y ciclomotores, en diferentes fases de reparación. Hallaron elevadores, neumáticos de reposición, neumáticos al final de su vida útil, aceites de motor en garrafas, aceites de motor usados, todo tipo de herramientas propias de un taller, un torno, fresadora y, todas las herramientas necesarias para la actividad de taller. Ante esta situación, los guardias civiles del Puesto Principal de Carlet requirieron al gerente un rosario de documentos: la licencia ambiental o declaración de responsable y proyecto técnico, certificado de compatibilidad urbanística, seguro de la actividad, número NIMA, contrato con empresa gestora de la retirada de residuos, contrato con empresa de mantenimiento de extintores o medios contraincendios, número de industria con expresión de las actividades autorizadas, número de alta como autónomo, número de identificación fiscal para la realización de las facturas a los clientes, libro registro de entradas y salidas de vehículos reparados y contrato de alquiler del establecimiento o título de propiedad. El denunciado comunicó que no poseía ninguno de ellos y argumentó que los solicitó al Ayuntamiento hace tres o cuatro meses, con el objetivo de conseguir el certificado de compatibilidad urbanística con el que iniciar la actividad por el procedimiento de declaración de responsable ambiental, pero que le fue negado por no estar permitida dicha actividad en el emplazamiento en el que se encuentra, por lo que decidió iniciar la actividad igualmente al margen de los procedimientos establecidos y sin las garantías medioambientales necesarias. En el citado local observaron neumáticos al final de su vida útil apilados sin ser gestionados por empresa autorizada a su retirada, así como un bidón con un embudo donde el denunciado dice depositar los aceites quemados de las motocicletas y ciclomotores que arregla. Además, en el patio interior, se encontraba una bandeja con piezas encharcada en aceites, que pudieran estar siendo vertidos a la arqueta que posee dicho patio interior y con ello contaminar las aguas residuales del alcantarillado público. También tres chasis de ciclomotores cubiertos con una tela, totalmente desnudos de otras piezas. Por todo ello, al ser una actividad que se desarrolla al margen de la legalidad, a puerta cerrada y en la que se observan ciclomotores o motocicletas desguazados, sin matrícula y tapados, procedieron a realizar listado y comprobación de la situación legal de todos ellos, así como de todos los vehículos observados en el interior, de los que algunos carecían de documentación, de matrícula y, en un caso, no disponían del número de bastidor. Dos de los chasis no poseían documentación ni figuraban en DGT. Los agentes se percataron de que no disponía de los medios necesarios de extinción de incendios en atención al volumen de neumáticos almacenados, grasas y elementos fungibles. «Tan solo tenía un extintor de polvo ABC de 6 kilogramos caducado». Por todo ello, los agentes efectuaron el cierre de la actividad hasta subsanación de deficiencias y poseer las licencias o permisos preceptivos, poniendo en conocimiento del consistorio el peligro para la prevención y control ambiental que supone dicha actividad, en el caso que se produzca algún incidente. Asimismo, procedieron a imponer al dueño, un hombre de 26 años y nacionalidad española, la correspondiente denuncia por infracción a la legislación vigente, sustentada en la ley 6/2014 de 25 de julio de la Generalitat, de prevención, calidad y control ambiental de actividades en la Comunidad Valenciana y en la ley 7/2022 de 8 de abril de residuos y suelos contaminados para una economía circular.
