El Gobierno admite que habrá desahucios por el pacto con el PNV, pero ignora la cifra de afectados
- Se permite el desalojo de personas vulnerables sin necesidad de ofrecer alternativa
- Un cambio que no garantiza su aprobación
- Por qué se oponen el PP y Junts
El acuerdo entre el Gobierno y el Partido Nacionalista Vasco permitirá desahucios que hasta ahora estaban prohibidos. Es la conclusión que admite Moncloa y que ha llevado al enfado más absoluto a formaciones de izquierdas como Podemos e incluso Sumar, aunque la dirección ha optado por no elevar el malestar interno que hay en el partido desde este lunes.
Se permite el desalojo de personas vulnerables sin necesidad de ofrecer alternativa
El nuevo texto pactado con los jeltzales permite el desalojo de familias "vulnerables" si el arrendador "solo" —en palabras del Gobierno— tiene una o dos propiedades en alquiler —sin contar en la que vive—. Pero en el Ejecutivo aseguran que no han tenido en cuenta a cuántas familias vulnerables afecta el decreto ley aprobado por el Consejo de Ministros este martes, confirman fuentes gubernamentales a Confidencial Digital.
Un texto que cambia lo que el Ejecutivo de coalición viene aprobando desde hace cinco años. La moratoria antidesahucios —vigente desde 2020—, impide desalojos de personas vulnerables sin alternativa habitacional. Independientemente de cuántas viviendas en alquiler tenga el arrendador.
En un ejemplo práctico. Si una persona perdía el trabajo y dejaba de poder pagar el alquiler, esta medida impedía su desahucio. Ahora sí se podrá echarle de la propiedad si el casero tiene "solo" una o dos viviendas en alquiler, sin tener que garantizar alternativa, que pasa a depender exclusivamente de servicios sociales. Sin embargo, este cambio pone en riesgo a miles de ciudadanos que Moncloa no ha cuantificado. Sin restricción al desahucio, serían 70.000 las personas afectadas según cifras de las entidades sociales.
Un cambio que no garantiza su aprobación
El Gobierno se ha visto forzado a cambiar el decreto que tumbaron el Partido Popular, Vox y Junts el pasado 27 de enero. Las tres formaciones conservadoras votaron en contra de lo que entonces era un solo decreto porque mezclaba dos cosas distintas: la revalorización de las pensiones con el IPC y las medidas del conocido como "escudo social". Una iniciativa de baterías que se vienen prorrogando desde la pandemia, año a año, para proteger a colectivos especialmente vulnerables.
El Ejecutivo, a diferencia del año pasado, ha cedido: este martes, anunció que dividía el decreto en dos para garantizar el voto favorable a la revalorización de las pensiones, pero también el cambio en la moratoria antidesahucios. Una cláusula que ha conseguido meter el PNV, que ni siquiera se opuso al decreto la semana pasada, cuando no incluía esta modificación. Además, el cambio del Gobierno no garantiza el apoyo de Junts, que por ahora sigue en el "no" alegando los mismos motivos que el PP parta oponerse.
Por qué se oponen el PP y Junts
La oposición pidió separarlas para votar a favor de la subida del sueldo de los jubilados, pero oponerse al escudo social porque incluida un punto que, según el PP, permite que "se mantengan las okupaciones ilegales".
Este punto es la prohibición de desahuciar a personas vulnerables que carezcan de una alternativa habitacional. Una restricción que viene incluida en el escudo social desde la pandemia y que la mayoría de la Cámara Baja —incluido el PP— ha venido apoyando, incluso, el año pasado.
Hasta ahora, solo se permitía el desalojo si se garantizaba una alternativa habitacional para un inquilino en situación vulnerable, y se impide a todos los propietarios que no la garanticen. Es aquí donde el PP acusa del Gobierno de permitir la okupación.
Sin embargo, en 2025, el motivo que esgrimieron los populares para oponerse fue el Palacete de París confiscado por los nazis que el gobierno devolvía al PNV. Pero nunca rechazó la prohibición de desalojar a familias vulnerables que ahora ha provocado su voto en contra, que finalmente se volvió a aprobar.