La España que trabaja vs. la España que holga
España se enfrenta desde hace años a una fractura silenciosa pero cada vez más evidente: la que separa a la España que trabaja de la España que holga. No es una división ideológica ni territorial, sino económica y moral. Una brecha entre quienes sostienen el sistema con su esfuerzo diario y quienes han sido empujados –o acomodados– a una dependencia crónica del Estado. Una brecha que no surge de la casualidad, sino de políticas públicas mal diseñadas, mal incentivadas y profundamente cortoplacistas.
La España que trabaja, madruga, innova, arriesga, emprende, estudia y acepta salarios que, en muchos casos, no guardan relación con su preparación ni con su productividad potencial, sino que están injustamente por debajo, limitados por el igualitarismo salarial. Es una España asfixiada fiscalmente, que ve cómo una parte creciente de su renta es absorbida por impuestos cada vez más elevados y más confiscatorios, sin que se traduzca en mejores servicios públicos, mejores infraestructuras o mayores oportunidades. Al contrario: se traduce en frustración, desánimo y, cada vez más, en la decisión de marcharse.
Frente a ella, se ha ido consolidando una España subsidiada. No la de quienes atraviesan una dificultad temporal –a quienes un Estado responsable debe ayudar–, sino la de quienes han hecho del subsidio un modo de vida. Una España que no encuentra incentivos para reincorporarse al mercado laboral porque el sistema le ofrece más seguridad en la inactividad que en el esfuerzo. Cuando se sustituye la ayuda coyuntural por la prestación estructural, el resultado no es justicia social, sino destrucción de capital humano.
El Ingreso Mínimo Vital es un ejemplo de un sistema que no discrimina entre necesidad y abuso
El ejemplo, tristemente célebre, de aquella mujer que en televisión se jactaba de no trabajar, de «no hacer nada», mientras cobraba 1.400 euros del Ingreso Mínimo Vital, no es una anécdota irrelevante. Es un síntoma de un diseño de políticas públicas que no discrimina entre necesidad y abuso, entre ayuda y dependencia, entre solidaridad y picaresca. Cada caso de este tipo erosiona la legitimidad del sistema y mina la moral de quienes sí cumplen.
Porque cada euro mal asignado es un euro que sale del bolsillo de alguien que trabaja, que paga IRPF, cotizaciones sociales, IVA, impuestos especiales, tasas locales y una larga lista de gravámenes que convierten a España en uno de los países con mayor cuña fiscal sobre el trabajo. Una presión fiscal que no se destina prioritariamente a inversión productiva, sino a gasto corriente, subvenciones indiscriminadas y políticas de dudosa utilidad social.
El gran ausente de esta ecuación es la inversión. Inversión en infraestructuras, en su mantenimiento, en redes logísticas, energéticas y de transporte que mejoren la competitividad del país. Inversión ausente que hemos visto en el sistema ferroviario, desgraciadamente. Inversión en capital humano, en ciencia, en tecnología, en condiciones que permitan a las empresas crecer y pagar mejores salarios. En lugar de eso, se opta por un gasto público expansivo, pero estéril, que no genera crecimiento sostenible ni empleo de calidad.
El efecto sobre los jóvenes
Especialmente preocupante es el efecto de estas políticas sobre los jóvenes. Personas muy preparadas, con formación universitaria y postgrado, con idiomas y competencias digitales, que se enfrentan a salarios bajos y trayectorias laborales precarias. No porque su productividad sea baja, sino porque, como antes he anticipado, una política salarial mal entendida, igualitarista por abajo, desincentiva el esfuerzo y la excelencia. Cuando se penaliza al que aporta más y trabaja duro y se protege al que no quiere trabajar, el resultado es la fuga de talento.
No hay modelo económico viable que se sostenga sobre una base cada vez más estrecha de contribuyentes y una masa creciente de perceptores netos
España pierde capital humano de alto valor añadido mientras el Gobierno apuesta, retiene y financia actividades que aportan poco o ningún valor, con una descapitalización en recursos humanos. Es un intercambio perverso que empobrece al país a medio y largo plazo. No hay modelo económico viable que se sostenga sobre una base cada vez más estrecha de contribuyentes y una masa creciente de perceptores netos.
¿Solidaridad o sustituto permanente del trabajo?
La solidaridad es imprescindible. Pero debe ser inteligente, temporal y orientada a la reinserción laboral y profesional. No puede convertirse en un sustituto permanente del trabajo ni en un mecanismo de ingeniería social que debilite los incentivos individuales. Una sociedad dinámica y próspera se construye sobre el esfuerzo, la responsabilidad y la recompensa al mérito, no sobre la dependencia del subsidio.
España necesita volver a poner en el centro a la España que trabaja. Reducir la presión fiscal sobre el esfuerzo, disminuir el gasto público y reorientarlo hacia los servicios esenciales y la inversión productiva, exigir corresponsabilidad en las ayudas y recuperar una cultura del trabajo como vía de progreso. De lo contrario, la brecha seguirá ampliándose y el coste lo pagarán, como siempre, los mismos: quienes sostienen el país mientras otros viven de él.