El Grupo Parlamentario de Vox en el Congreso ha registrado 34 enmiendas, lo que configura una impugnación de fondo al texto pactado inicialmente por PSOE y PP en las Cortes regionales. Más allá de correcciones puntuales, las propuestas de Vox dibujan una enmienda ideológica al modelo autonómico , con especial énfasis en el recorte del gasto político, la contención institucional y la recentralización de determinadas políticas. El discurso contra el gasto político y las duplicidades autonómicas atraviesa buena parte de las 34 enmiendas. Vox se opone al blindaje o creación de instituciones propias de la Comunidad Autónoma, como el Defensor del Pueblo regional, la Cámara de Cuentas o una eventual Agencia Tributaria autonómica, al considerar que debilitan la eficiencia administrativa y aumentan el coste del sistema. En este sentido, varias enmiendas plantean suprimir artículos completos del Estatuto relacionados con la delegación legislativa o el uso del decreto-ley por parte del Gobierno regional. Otro bloque relevante de las enmiendas de Vox se centra en el contenido ideológico y social del texto estatutario. El partido propone modificar referencias a igualdad, violencia de género, políticas migratorias o derechos sociales, sustituyéndolas por formulaciones más restrictivas. Entre sus propuestas figuran la introducción del concepto de «violencia doméstica» en lugar de violencia de género, la prioridad nacional en el acceso a ayudas sociales y vivienda, y la limitación de políticas de acogida a inmigrantes en situación administrativa irregular. En el ámbito competencial, Vox insiste en reforzar el papel del Estado y en subrayar la supremacía de la legislación estatal, especialmente en materias como agua, inmigración, fiscalidad o estabilidad presupuestaria. Varias enmiendas eliminan o acotan competencias autonómicas que el proyecto original desarrollaba con mayor amplitud, con el argumento de evitar conflictos competenciales y garantizar la igualdad entre españoles con independencia del territorio.
