«A más tardar el 17 de enero de 2026». Esa fecha -víspera del accidente de Adamuz y tres días antes del de Gelida- concluyó el plazo dado por la UE para que cada estado evaluara los riesgos existentes en sus servicios esenciales -transporte ferroviario incluido-. España no realizó esa evaluación porque se recoge en la directiva para la Resiliencia de las Entidades Críticas que el Ministerio del Interior sigue sin transponer, pese a que debía haberlo hecho en octubre de 2024. La UE entiende por entidades críticas a las organizaciones públicas o privadas que prestan servicios esenciales (transporte, energía, banca, salud, digital, agua, alimentos...). El análisis que España debía haber realizado tenía que valorar los «riesgos naturales y de origen...
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