La crisis del reparto de una promoción de 140 Viviendas de Protección Pública (VPP) en Playa de San Juan de Alicante a favor de cargos públicos y familiares suyos ha destapado un « escándalo » -en boca del propio alcalde, Luis Barcala- que refleja la codicia por el ladrillo en tiempos en los que lo que debería ser un derecho básico se ha convertido en un lujo inalcanzable. El origen, los cimientos de este desaguisado, se sustentan en una parcela de suelo municipal de más de 8.000 metros cuadrados que el Ayuntamiento vendió por seis millones de euros en 2022 en una subasta con litigio incluido. Antes, el proyecto se remonta casi una década con la fundación de la cooperativa para esta edificación, a la que se apuntó en 2018 Rocío Gómez, posteriormente concejal de Urbanismo a partir de 2023 y la primera conexión, dimitida hace una semana al destaparse el caso. Más de 5.000 interesados quisieron igual que ella uno de los pisos con garaje incluido y servicios en zonas comunes como piscina, algo habitual en las obras nuevas en Alicante, aunque no encaje a priori con la idea que se tiene de vivienda protegida, destinada teóricamente a familias vulnerables. En cambio, en esta zona noble de la ciudad y próxima a la playa, el precio oficial ya superaba los 200.000 euros y, según parece, se pedía otro tanto en dinero negro, una suma que se aproxima más a las tarifas de alrededor. La duda razonable es si ese sobreprecio en dinero opaco sin declarar se exigía a todos o sólo a quienes no tenían padrino. Otra incógnita y clave al mismo tiempo de este asunto turbio es quién podía asumir incluso ese coste declarado de una hipoteca de más de mil euros mensuales con unos ingresos de 50.000 euros del núcleo familiar. No obstante, el Gobierno autonómico de Carlos Mazón elevó ese listón a 66.000 euros en 2024, además de cambiar la prohibición de vender o alquilar de por vida a un máximo de entre 15 y 30 años. Incluso así, ahora hay dudas razonables de que los familiares y allegados de cargos públicos beneficiados, cumplan con ese requisito o el de no disponer de vivienda propia antes de optar a este residencial. Sobre todo, al descubrirse que un mismo funcionario de la dirección territorial de la Generalitat Valenciana ha revisado y visado favorablemente los expedientes de estos aspirantes. Ya está suspendido de empleo y sueldo porque había «omitido» datos de su mujer, a quien también se adjudicó uno de los pisos. De momento, ha trascendido igualmente que tuvieron idéntica suerte dos hijos y un sobrino de la directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos, María Pérez-Hickman (también dimitida), un arquitecto municipal, y la madre de las dos hijas del jefe de Gabinete de la Conselleria de Industria y Turismo, Miguel Ángel Sánchez, que ha renunciado. Más allá de la esfera pública, algunos apellidos conocidos de sagas pudientes se pueden ver en esta lista de elegidos que han pasado a residir en Les Naus, un icono de una nueva forma de picaresca: el uso perverso de la fórmula de la Vivienda de Protección Pública (VPP) para abaratar pisos de lujo a las élites económicas. Eso, cuando no han decidido rentabilizar estos pisos tan atractivos para especular, porque algunos se han ofertado en Internet para alquilar a 1.600 euros al mes, lo que también está siendo objeto de investigación. Y estas «situaciones que tienen que avergonzar » -tal como lo ha descrito el alcalde- han provocado un terremoto político que incluso ha resquebrajado la alianza del PP con Vox en el Gobierno municipal. Después de una legislatura sin sobresaltos con los votos juntos de ambos partidos, esta semana los de Abascal han pedido la dimisión de Barcala. Por primera vez, han marcado distancias y han coincidido -en esa reclamación de la salida del primer edil- con la oposición de socialistas, Compromís y EU-Podem, aunque en esa misma sesión plenaria, su portavoz, Mª Carmen Robledillo, llamó « ratas » a los concejales de izquierdas (luego lo retiró). Con estos mimbres, no parece que vaya a prosperar la moción de censura que va a intentar en los próximos días el único concejal de EU-Podem, Manolo Copé, a la vista de que el alcalde Incluso ha saltado la tensión al ámbito autonómico, donde Vox también se ha sumado a las peticiones del PSPV-PSOE de crear una comisión de investigación (además de la municipal). Si Vox mantiene su postura, el PP tendrá que rendir cuentas en ambos órganos de fiscalización política.
