El caso de las viviendas de protección pública (VPP) de la cooperativa Residencial Les Naus, en Alicante, ha puesto el foco no solo en la dimensión política de la polémica, sino en una pregunta más básica: ¿cómo se comprueba, en la práctica, que quien accede a una vivienda protegida cumple los requisitos económicos y de uso?
