El ojo discreto pero constante de la videovigilancia municipal se ha convertido en un aliado esencial contra el delito en Madrid. Desde que José Luis Martínez-Almeida llegó a Cibeles y reforzó estos sistemas de seguridad, el uso de las cámaras de la Policía Municipal para ayudar a resolver delitos se ha triplicado. Así lo reflejan los datos: de poco más de mil peticiones de imágenes en 2020 se ha pasado a 3.154 solicitudes el año pasado, una cifra que crece año a año al mismo ritmo que la expansión de estos dispositivos por la ciudad. El balance lo ha presentado la vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, durante una visita al Centro Integrado de Señales de Vídeo (CISEVI), el corazón desde el que agentes especializados gestionan y custodian las grabaciones. Allí, Sanz ha subrayado que la videovigilancia facilita la labor policial de vigilancia, detección e investigación de delitos y, además, tiene un claro efecto preventivo, contribuyendo a reducir incidentes y a reforzar la percepción de seguridad entre los vecinos. Las cifras avalan esa afirmación. La evolución de las peticiones de imágenes de las cámaras de Policía Municipal para colaborar en la resolución de delitos ha ido creciendo, pasándose de recibir 1.023 solicitudes en 2020 a 1.697 en 2021, 1.791 en 2022, 2.470 en 2023, 2.970 en 2024 y, por último, 3.154 peticiones al cierre del año pasado. El 91,5 por ciento de las solicitudes de imágenes proceden de la Policía Nacional, dado que las competencias de seguridad ciudadana recaen en la Delegación del Gobierno, pero también de otros cuerpos de seguridad como las propias comisarías de Policía Municipal (un 6,6 por ciento), la Guardia Civil (un uno por ciento) y los juzgados (cerca de otro uno por ciento). Los delitos que motivan estas peticiones son, sobre todo, robos con violencia e intimidación, lesiones y hurtos, aunque también se recurre a las grabaciones en investigaciones más complejas, desde violencia de género hasta crimen organizado y homicidios. El impulso dado por el Gobierno municipal se traduce también en inversión. La Policía Municipal opera ya 404 cámaras, con un desembolso superior a los 5,5 millones de euros. Casi la mitad de estos dispositivos (el 45 por ciento, un total de 183) se han instalado desde 2019, cuando Almeida llegó a Cibeles. Sólo en el actual mandato se han incorporado 72 nuevas cámaras (las restantes 111, en el anterior) en enclaves sensibles como la Puerta del Sol, las plazas del Dos de Mayo y Elíptica, la calle Cullera o los parques Calero y Pradolongo. A este despliegue se suman los proyectos en marcha: nuevas instalaciones en las plazas de Oporto y Jacinto Benavente y en el parque Paraíso; la renovación de sistemas en Tirso de Molina y Azca; y la ampliación de la red ya existente en la calle de Peña Gorbea del barrio de San Diego (Puente de Vallecas). Además, buena parte de las cámaras cuentan ya con inteligencia artificial, una tecnología que agiliza las búsquedas y refuerza la eficacia policial: 120 dispositivos, casi un tercio del total, están dotados de estos sistemas avanzados. Sanz ha querido despejar cualquier recelo ciudadano: «No es ni será nunca convertir Madrid en un Gran Hermano, todo lo contrario, se trata de que siga siendo la misma ciudad libre que siempre ha sido. Y para que así sea, las cámaras de vigilancia seguirán siendo una herramienta fundamental que seguiremos usando de forma quirúrgica, en puntos concretos de la ciudad y con todas las garantías legales». Todas las cámaras están señalizadas, sus imágenes son supervisadas exclusivamente por agentes y su activación cuenta con el aval de la Comisión de Videovigilancia. El Gobierno del Ayuntamiento de Madrid seguirá escuchando a las juntas municipales de distrito y a los vecinos, además de a las fuerzas y cuerpos de seguridad, para detectar nuevas necesidades en esta materia en los casos donde sea técnicamente viable y policialmente útil.
