Entre las muchas lecturas que pueden extraerse de los comicios de Aragón quizá la más evidente sea la del avance conjunto de los partidos de la derecha, que suman 40 diputados en las Cortes. Nunca antes en la historia de la democracia autonómica, uno de los dos lados del arco parlamentario había logrado una cifra semejante. El resultado ofrece una imagen nítida y contundente de un movimiento profundo del electorado hacia posiciones más conservadoras, un desplazamiento de calado que no puede despacharse como un fenómeno coyuntural ni debe desoírse en favor de las estrategias de cada formación. Los dos partidos que hoy representan ese espacio político están obligados a ofrecer una respuesta coherente a unos votantes que se han expresado con claridad. El mensaje de las urnas es inequívoco para la región y, junto al de anteriores comicios, apunta a una voluntad compartida: poner fin al ciclo del sanchismo y a unas derivas políticas que muchos ciudadanos perciben como dañinas. Ni el PP, que sigue siendo la fuerza hegemónica, ni Vox, que ha duplicado su resultado, pueden enredarse en estrategias estériles para disputar la primacía dentro de la derecha. Ambos deben priorizar una respuesta eficaz y responsable a los intereses de los aragoneses mediante un gobierno que, sea cual sea la fórmula, refleje la voluntad de las urnas. Es legítimo que cada formación conserve su autonomía, defienda su perfil ideológico y aspire a crecer electoralmente, pero ni los votantes de Aragón ni los ciudadanos que se identifican con la derecha en el conjunto de España entenderían que PP y Vox trabajaran el uno contra el otro , neutralizándose en lugar de complementarse y convirtiendo sus diferencias en un espectáculo que solo serviría para aliviar la presión sobre el sanchismo. La fragmentación estratégica de la derecha sería interpretada como una irresponsabilidad política en un momento en el que los electores han pedido, precisamente, lo contrario: entendimiento, madurez y capacidad de gobierno. Existen, sin duda, condicionantes que complican ese entente. Vox no debe dejarse arrastrar por la tentación de convertir su crecimiento en una pugna inmediata por el liderazgo de la oposición o del bloque conservador. La experiencia reciente demuestra que los partidos emergentes que confunden el éxito inicial con una hegemonía inevitable corren el riesgo de diluirse tan rápido como crecieron, como ocurrió con Podemos o Ciudadanos, y terminan por arruinar las opciones de gobierno que defienden. El entusiasmo legítimo por los resultados no debería hacer que los de Bambú olviden esas lecciones. Al mismo tiempo, el PP debe asumir con realismo que Vox no es un fenómeno pasajero y que su presencia condiciona la gobernabilidad de numerosos territorios. La nueva derecha populista, aunque desde una posición más sólida que en otros países europeos, no puede refugiarse en una idea abstracta de pureza ni en torres de marfil alejadas de la realidad electoral. Gobernar exige reconocer el tablero tal como es, no como a uno le gustaría que fuera. Las declaraciones del líder del PP apuntan a que Génova ha abierto los ojos y asumido este nuevo equilibrio. Lo mismo debería hacer la formación de Santiago Abascal, facilitando cuanto antes y en los términos que sean la gobernabilidad en comunidades como Extremadura y cerrando un acuerdo estable en Aragón. Ambos partidos están condenados a entenderse si quieren responder al mandato de las urnas y construir una alternativa sólida, responsable y duradera al proyecto de la izquierda. No hacerlo sería defraudar a quienes les han confiado su voto y desaprovechar una oportunidad histórica para la reconstrucción democrática de España.
