El rastreo telefónico por la fuga de Puigdemont ofrece "algunas respuestas positivas"
La Unidad de Asuntos Internos de los Mossos dEsquadra ha trasladado a la magistrada María Antonia Coscollola que ha recibido «algunas respuestas positivas» –según ha podido saber LA RAZÓN– en sus gestiones con siete compañías de telefonía móvil con el objetivo de rastrear posibles contactos de Carles Puigdemont con los tres agentes a quienes la titular del Juzgado de Instrucción número 24 de Barcelona investiga por encubrimiento por haber supuestamente ayudado al expresidente de la Generalitat a burlar la orden de detención contra él en su fugaz visita a la ciudad condal en agosto de 2024.
La instructora ordenó el pasado 9 de diciembre a la Policía catalana la «recogida» o, en su caso, la «intervención forzosa» de los móviles de los agentes investigados –Xavier Manso, Jordi Rodrigo y David Goicoechea–. El objetivo, según explicaba, era analizar «los flujos de comunicaciones vía llamada, SMS o mensajes de aplicaciones de mensajería instantánea» en busca de posibles «comunicaciones entre los investigados y algún número vinculado» a Carles Puigdemont.
No fue hasta el 14 de enero cuando los Mossos se hicieron finalmente con esos terminales, tal y como adelantó este periódico. Todos ellos, según pone de relieve la División de Investigación Interna de los Mossos en el escrito dirigido a Coscollola solo 24 horas después, entregaron sus móviles voluntariamente cuando agentes del área de Anticorrupción Policial de los Mossos acudieron a sus domicilios o lugares de trabajo para ejecutar finalmente el mandamiento judicial.
Asimismo, en cuanto al resultado de los mandamientos judiciales con las compañías de telefonía móvil (Orange, Masorange, Aire Networks, Movistar, Vodafone, Digimóvil y Más Móvil), los Mossos ponen en conocimiento de la instructora que una vez tramitados todos esos mandamientos «se han recibido algunas respuestas positivas», en particular respecto a dos de esas compañías (Aire Networks y Masorange).
En proceso de análisis
A este respecto puntualizan no obstante que la información extraída está siendo analizada, por lo que el resultado de ese examen de su contenido se pondrá en conocimiento de la magistrada en un oficio ampliatorio.
En el mismo sentido, Asuntos Internos plasmará en sucesivos dictámenes ampliatorios toda la información extraída de esos teléfonos móviles, de cuyo análisis se encargan agentes de la Comisaría General de Investigación Interna y Asuntos Disciplinarios.
Tanto Manso como Rodrigo y Goicoechea pusieron a disposición de sus compañeros, cuando les fueron requeridos, sus dispositivos móviles, además de las claves y contraseñas de seguridad para su desbloqueo. Uno cada uno en el caso de los dos primeros y dos por parte de Goicoechea, que según explicó a los agentes en el momento en que se produjeron los hechos utilizaba otro móvil cuya tarjeta SIM usa en la actualidad en un dispositivo telefónico distinto.
Ahora, serán los agentes encargados del análisis de esos teléfonos lo que tendrán que precisar el alcance para la investigación de esas «respuestas positivas» de las dos compañías citadas. Y, también, detallar si el examen del contenido de los móviles facilitados por los tres agentes revela algún tipo de contacto de Carles Puigdemont con los investigados que puede arrojar o no indicios de encubrimiento.
Por orden de la Audiencia
Eso sí, ese rastreo de mensajes y llamadas debe limitarse a las fechas fijadas por la instructora: un mes antes del regreso del líder de Junts y 24 horas después de su segunda fuga (entre el 8 de julio y el 9 de agosto de 2024), tal y como ordenó a la magistrada la Audiencia Provincial de Barcelona después de que Coscollola rechazase acordar esas pesquisas como le había pedido Hazte Oír, que ejerce la acusación popular en el procedimiento, al igual que Vox.
Requisar esos teléfonos, advirtieron los Mossos en su petición al juzgado para conseguir la autorización judicial para la incautación de los teléfonos, resultaba crucial porque en la documentación que remiten las compañías de telefonía –que solo están obligadas por ley a guardar un año los datos de sus clientes (dos como máximo si hay requerimiento judicial)– no figuran «las comunicaciones realizadas vía aplicaciones de mensajería instantánea tipo WhatsApp y Telegram», que están almacenadas dentro de los terminales móviles «y no generan datos externos».
La tarea, advirtieron los propios Mossos, parece abocada al fracaso dado el tiempo transcurrido desde que se produjeron los hechos (casi año y medio desde la fuga de Puigdemont y el momento en el que los móviles de los tres mossos fueron requisados) y por la experiencia de los agentes, que acrecienta el riesgo de borrado del contenido de esos terminales.
Posibles trabas
La unidad de Asuntos Internos apuntó incluso la posibilidad de que los agentes investigados utilizasen en esas fechas otros teléfonos o recurrieran a tarjetas prepago ajenas para complicar su identificación. O, también, que hubieran llevado a cabo actuaciones «para estropear o cambiar sus terminales móviles» o realizado «un restablecimiento del sistema operativo severo». Todo con el objetivo de dificultar el análisis de los datos almacenados.
Dado el tiempo transcurrido, avisaban, habrían tenido tiempo suficiente para cambiar de móvil o «restablecer» las configuraciones de fábrica, borrando el rastro de llamadas y mensajes.
El análisis de estos teléfonos y de la información facilitada por las compañías telefónicas ha sido, precisamente, el argumento nuclear que ha esgrimido la magistrada a cargo de la investigación para prolongar seis meses (hasta el 9 de agosto) la investigación, tal y como le habían solicitado Hazte Oír y Vox sin la oposición de la Fiscalía (aunque la defensa de los imputados sí rechazó la prórroga de la instrucción).
Para la titular del Juzgado de Instrucción número 24 de Barcelona la medida resultaba «necesaria» porque «faltan por practicar diligencias de investigación ya acordadas», de las que podrían asimismo derivarse otras. Unas diligencias que, se excusó la instructora, «no se han podido practicar por los propios términos de lo acordado y por razones de agenda del juzgado».
La magistrada ha puesto especial énfasis en ceñir la investigación a la posible ayuda que pudieron brindar a Puigdemont los tres agentes investigados para sortear la orden nacional de detención que pesaba sobre el líder independentista ese 8 de agosto de 2024. Y a este respecto ha advertido en varias resoluciones, ante la petición de diligencias de la acusación popular, su rechazo a llevar a cabo una investigación «prospectiva».
De hecho, en junio del pasado año –cuando se negó a ordenar que los móviles de los tres agentes fuesen requisados en busca de contactos con el expresident– llegó a afirmar que la instrucción estaba a esas alturas «prácticamente concluida».
Una previsión que echó por tierra la decisión de la Audiencia de Barcelona de estimar el recurso de apelación de Hazte Oír y obligarle a requisar esos terminales como única alternativa para intentar acceder a su contenido, incluso en caso de que los mensajes se hubiesen borrado.