Del sacrificio invisible al derecho social: hacia un nuevo pacto de cuidados
Chile está viviendo un momento histórico: la creación del Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados. Hoy se promulgó la ley que crea Chile Cuida, el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados. Por primera vez nuestro país se atreve a responder una pregunta que por décadas se mantuvo fuera del debate público: ¿Qué ocurre cuando una sociedad deja de tratar el cuidado como un asunto privado y comienza a asumirlo como una responsabilidad colectiva?
La pregunta es clave. Según el CENSO 2024 la esperanza de vida alcanzó 81,10 años y para el 2028 habría más personas mayores de 64 años que menores de 15 años, teniendo cada vez más personas que requieran apoyos. Al mismo tiempo, la mayor participación laboral femenina y los cambios culturales reducen la disponibilidad de quienes histórica y mayoritariamente asumieron estas tareas, generando una crisis de cuidados que durante décadas recayó casi exclusivamente en las mujeres, generando empobrecimiento, exclusión laboral y deterioro de la salud. Avanzar hacia un Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados implica, por tanto, un cambio de paradigma: el cuidado deja de ser una carga invisibilizada y privada para ser reconocido como un derecho social y una responsabilidad compartida.
En los últimos años, este giro comenzó a materializarse. Se publicó el estudio del Ministerio de la Mujer y UNICEF que valorizó el costo de la crianza, y el presupuesto impulsado por el Gobierno aumentó los recursos destinados a Chile Cuida, fortaleciendo programas existentes y asegurando financiamiento. A ello se suma la valorización económica del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, presentada por el Ministerio de Hacienda y ComunidadMujer, que estimó su aporte en un 19,2% del PIB ampliado. Visibilizar este aporte es clave para consolidar una política estructural de cuidados y fortalecer el sistema de protección social.
Este avance no es exclusivo de Chile. Tal como muestra el documento “Experiencias para construir un Sistema Nacional de Cuidados en Chile”, disponible en la página de OPES Chile, distintos países han desarrollado respuestas innovadoras desde una mirada pública y comunitaria. Colombia, por ejemplo, implementó las Manzanas del Cuidado, espacios urbanos que articulan servicios para las cuidadoras y para quienes requieren apoyos. Uruguay avanzó con Iniciativas Locales de Cuidado diseñadas desde las propias comunidades. Chile ha dado pasos relevantes con los Centros Comunitarios de Cuidados, cuyo desafío hoy es consolidarse como nodos urbanos integrados con escuelas, centros de salud y espacios públicos, situando el cuidado en el centro de la vida comunitaria.
Pareja de adultos mayores. Foto: Aton.
La experiencia comparada también advierte sobre los riesgos. En Argentina, de las más de 50 políticas de cuidado impulsadas en años recientes, sólo permanecen tres tras el cambio de gobierno. Por eso, ad portas de un nuevo ciclo político, el principal desafío será la implementación efectiva y sostenida del Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados. Resguardar lo avanzado no es solo una cuestión de continuidad institucional, sino una definición política de fondo: evitar que el cuidado vuelva a ser empujado al ámbito privado y a la precariedad.
Este debate no es técnico ni menor, es profundamente político. Se trata de decidir si seguiremos descansando en el sacrificio silencioso de millones de mujeres, o si avanzaremos hacia un sistema amplio de cuidados, que reconozca a todas las personas que ejercen tareas de este tipo y garantice apoyos, derechos y corresponsabilidad social, especialmente cuando el CENSO 2024 nos deja profundos desafíos demográficos. Chile tiene una oportunidad única, es momento de construir un pacto social y político de cuidados sostenible, justo y transformador.
La responsabilidad del futuro gobierno no será con la agenda del Ejecutivo saliente, sino con las personas cuidadoras, y con una sociedad que ha comenzado a reconocer que el cuidado es valioso para el sostenimiento y desarrollo de nuestro país, y constituye una responsabilidad colectiva. El principal riesgo es que la futura administración vacíe de contenido la implementación del Sistema, reduciéndolo a una institucionalidad mínima, sin capacidad de fortalecer el sistema de protección social ni de articularse con salud, educación y seguridad social. A ello se suma el peligro de que, sin una apuesta real por la corresponsabilidad social y de género, el Sistema termine consolidando, en lugar de transformar, la histórica asignación del cuidado a las mujeres.
Valentina Rojas Castañeda y Antonia Allende Contreras, investigadoras OPES.