La Policía Nacional destapa una red de inversión cripto que operaba desde Málaga y movía millones
La Policía Nacional ha detenido a dos personas en las localidades malagueñas de Málaga capital y Fuengirola por su presunta implicación en una estafa masiva relacionada con inversiones en criptomonedas y un posible delito de blanqueo de capitales. La operación, desarrollada por el Grupo II de Delitos Económicos de la Comisaría Provincial, continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.
Según la información facilitada por fuentes policiales, los arrestados administraban varias sociedades vinculadas a plataformas de inversión que ofrecían supuestas oportunidades de negocio basadas en la compraventa de criptoactivos y en el arbitraje de divisas entre España y Colombia. La operativa prometía rentabilidades elevadas y rápidas, un elemento clave para atraer a un gran número de ahorradores.
Una denuncia que destapó el alcance del fraude
La investigación se inició tras la denuncia de una mujer que había invertido 4.000 euros a través de una plataforma promovida en su propio entorno laboral. Con el paso del tiempo, la falta de información clara y la ausencia de retornos despertaron sus sospechas, lo que la llevó a recopilar documentación y a poner los hechos en conocimiento de los investigadores.
Ese material resultó determinante. Incluía un archivo con datos de más de 3.000 personas que habrían invertido dinero en el mismo sistema, tanto en España como en distintos países de Latinoamérica. A partir de ese momento, los agentes pudieron dimensionar el alcance real del caso y estimar que el volumen económico defraudado podría superar los cuatro millones de euros.
Contratos aparentes y promesas de alta rentabilidad
Para dotar de apariencia legal a la captación de fondos, la trama utilizaba supuestos contratos de préstamo con finalidad inversora, firmados por las propias víctimas. Estos documentos servían para reforzar la credibilidad de la operación y transmitir una sensación de seguridad jurídica.
Los ingresos se realizaban tanto mediante transferencias bancarias como a través de envíos directos de criptoactivos y, en algunos casos, en efectivo. Todo ello se integraba en un circuito financiero complejo, diseñado para dificultar el seguimiento del dinero.
Desvío de fondos y uso de sociedades interpuestas
El análisis de las cuentas bancarias y de las billeteras digitales permitió a los investigadores detectar un patrón común: los fondos recibidos no se destinaban a las inversiones prometidas. En su lugar, eran desviados a otras cuentas, muchas de ellas en el extranjero, y utilizados para sufragar gastos personales y adquirir bienes de alto valor.
Entre los elementos detectados figura la compra de un vehículo de alta gama y la contratación de diversos servicios a través de sociedades interpuestas. Este esquema, habitual en delitos de blanqueo, buscaba ocultar el origen ilícito del dinero y dificultar su recuperación.
Registros, incautaciones y bloqueo de activos
Durante la fase de explotación de la operación, la Policía Nacional llevó a cabo un registro domiciliario en Fuengirola, donde se localizó abundante documentación relacionada con la investigación, así como 2.260 euros en efectivo, dispositivos electrónicos y soportes para la custodia de criptomonedas.
Además de las detenciones, los agentes procedieron al bloqueo de 27 cuentas bancarias y tres billeteras de criptomonedas, una medida clave para evitar la dispersión de los fondos y proteger los intereses de las víctimas.
Un fenómeno en expansión bajo vigilancia policial
Este caso se enmarca en un contexto de aumento de los delitos económicos vinculados a las criptomonedas. La facilidad para mover grandes cantidades de valor de forma transfronteriza y el desconocimiento técnico de muchos inversores convierten a estos productos en un terreno fértil para el fraude.
Desde la Policía Nacional recuerdan la importancia de extremar la precaución ante ofertas de inversión que prometen beneficios elevados y rápidos, especialmente cuando se apoyan en estructuras poco transparentes o en contratos difíciles de verificar.
La investigación permanece abierta y los agentes continúan analizando la información incautada para identificar a posibles colaboradores y determinar el alcance definitivo del perjuicio económico. La Policía Nacional mantiene activas las diligencias con el objetivo de esclarecer completamente los hechos y depurar las responsabilidades penales correspondientes.