El Parlamento sigue aprobando leyes. En este caso se trata de la nueva Ley Universitaria Para Andalucía (LUPA), que ha sido refrendada en el primer pleno ordinario del nuevo período de sesiones en el que la Junta quiere sacar adelante todas las leyes que pueda antes de que se acabe la legislatura. Ha salido adelante con los únicos votos de la mayoría absoluta del PP-A, mientras que los cuatro grupos de la oposición, PSOE-A, Vox, Por Andalucía y Mixto-Adelante Andalucía han votado en contra. El consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, ha manifestado tras la aprobación de la ley que se ha trabajado «para conseguir el máximo consenso posible , para conseguir el máximo apoyo posible y, además, para intentar tener la mejor ley posible para Andalucía«. Ha agradecido a los grupos políticos su trabajo y que hayan estado abiertos al diálogo y a la búsqueda de acuerdo. Ha defendido que es una norma que «da estabilidad al sistema universitario andaluz, especialmente al sistema universitario público«, donde las universidades públicas »ganan en autonomía« en política de personal, para la ordenación académica, para planificar la organización departamental y se blindan los derechos de los estudiantes. La nueva norma sustituye al actual marco legal, que data de 2013, y, en materia de estudiantado , reconoce por primera vez mediante ley el derecho de los alumnos a acceder a un sistema de bonificación de los precios de las matrículas. Además, recoge la exigencia del B2 en la acreditación de un idioma extranjero para la obtención de un título oficial universitario y para el acceso del profesorado a las categorías de ayudante doctor y contratado doctor. También la norma incorpora, por primera vez, «la necesidad de fomentar el acceso a la vivienda y a las residencias de los estudiantes a través de programas de actuación conjunta de las universidades», y «garantiza por ley la movilidad internacional de los universitarios a través de los programas de ayudas y becas al estudio que oferten las instituciones académicas públicas y estén financiados por la Junta». Asimismo, se fijan medidas para «asegurar la cobertura inmediata de la docencia cuando exista una vacante y en tanto se realiza el proceso administrativo de contratación de nuevos docentes, y se amplían las funciones del Consejo Asesor de Estudiantes«. Otro de los aspectos en los que profundiza el texto es el impulso a la formación continua, con el reconocimiento de títulos propios de las universidades y microcredenciales . Por primera vez, la Junta tendrá en cuenta estas titulaciones en los concursos que realice. En lo que respecta a la internacionalización, se establece la creación de una estrategia que atenderá a cuestiones «relacionadas con la investigación y la captación del talento», y se apunta a la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) como «pieza clave de esa línea de trabajo». Para «favorecer la retención del talento y dar estabilidad a la carrera académica del profesorado», el documento incorpora diversas medidas como la limitación del «uso indebido» de la figura de profesor sustituto interino. En el articulado de la ley también se determina la disposición de un modelo de financiación común para el conjunto de las universidades públicas, revisable cada cinco años, «respaldando así tanto los principios como la estructura que sustentan el actual modelo acordado por unanimidad con los rectores». En el ámbito de la gestión universitaria, uno de los aspectos más relevantes es que se regulan, por primera vez, los campus universitarios, mientras que, por otro lado, se refuerzan las funciones de los consejos sociales en la captación de fondos, se garantiza su financiación a través del modelo de financiación, se incluyen mayores exigencias de transparencia y objetividad en sus actividades y se crea el Consejo Andaluz de Consejos Sociales Universitarios. En materia de coordinación, se crea el Consejo Andaluz de Coordinación Universitaria para ampliar la representación del actual Consejo Andaluz de Universidades. Por otro lado, la ley aumenta los requisitos para la creación y funcionamiento de las instituciones académicas privadas en Andalucía, con el objetivo de «reforzar la calidad y excelenci a del sistema universitario y de asegurar la prestación de este servicio público». Entre las exigencias, se requerirá que los promotores y gestores de las iniciativas dispongan de una «trayectoria contrastada en el servicio público de educación superior» En el turno de intervenciones de los grupos durante el debate, el diputado del PSOE-A Antonio Ruiz Sánchez ha indicado que la LUPA establece una doble vara de medir para las universidades públicas y privadas. «A las universidades públicas se les exige mucho en investigación, en transferencia y en transparencia y, en cambio, a las privadas se les exige muy poco en investigación, poquísimo en transferencia y casi nada en transparencia«, a señalado. «Guantes de seda para las universidades privadas, pocas exigencias para ellas y, sin embargo, nuevos derechos, como, por ejemplo, entrar en el pleno del Consejo Andaluz de Coordinación Universitaria, y lo hacen con voz y con voto», ha denunciado el diputado del PSOE-A, apuntando que esta nueva norma «recorta autonomía en las universidades públicas». El parlamentario de Vox Alejandro Hernández ha manifestado que se trata de una ley «peligrosa porque debilita la autonomía universitaria y porque si mañana gobierna la izquierda, deja un instrumento perfectamente diseñado para intervenir, dirigir e ideologizar la universidad«. «La autonomía universitaria no es una concesión del poder político, es un principio constitucional pensado precisamente para proteger la universidad del propio poder, sea del signo que sea», ha dicho Hernández, apuntando que la Junta, con la LUPA, «multiplica controles, informes y condicionantes y reduce los márgenes reales de decisión académica y organizativa». Por su parte, la diputada de Por Andalucía Esperanza Gómez ha manifestado que la ley surge en un contexto en el que se han creado en la comunidad cinco universidades privadas en los últimos años «de escasa calidad, que aportan poco al sistema universitario andaluz, y que se han hecho incumpliendo normativa básica estatal». A su juicio, «lo peor que está pasando es el problema de financiación de las universidades públicas», cuyas dificultades económicas lastran su competitividad. El presupuesto con el que cuenta, según ha dicho, «difícilmente les da para pagar el capítulo 1 (gastos de personal), prácticamente para sobrevivir, y así es muy difícil invertir en investigación, avanzar y, por tanto, competir con las universidades privadas». El portavoz de grupo Mixto-Adelante Andalucía, José Ignacio García,ha alertado de que es una «auténtica imposición ideológica» y es una pieza más para la «privatización» del sistema universitario. Ha denunciado además que el PP-A introduce una enmienda parcial de modificación de la Ley de Transparencia «para eliminar el régimen sancionador que se establece» en ella para que «cualquier infracción en materia de transparencia o en materia de incompatibilidad que hagan los altos cargos de la Junta no tenga ninguna sanción económica». El diputado del PP-A José Carlos García ha manifestado que se trata de una ley «clave para el presente y para el futuro del sistema universitario andaluz» para «modernizarlo, hacerlo más competitivas y para que las universidades sigan creciendo». La LUPA «ayudará a que nuestras universidades puedan desarrollar todas sus capacidades con el objetivo de lograr la mayor excelencia», ha dicho.
