Caso Procultura: Corte confirma libertades de Alberto Larraín y otros tres imputados
La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó este jueves la decisión del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago y rechazó decretar prisión preventiva contra Alberto Larraín, María Constanza Gómez, María Teresa Abusleme y Evelyn Magdaleno, todos imputados en el denominado caso Procultura. De esta forma, los cuatro permanecerán únicamente con la medida cautelar de arraigo nacional.
La Fiscalía Regional de Antofagasta había apelado el lunes pasado a la resolución del juez Patricio Álvarez, quien negó las solicitudes de prisión preventiva. En su lugar, el Ministerio Público pidió arresto domiciliario total, requerimiento que tampoco prosperó tras los alegatos realizados ante la Corte.
En su apelación, la Fiscalía sostuvo que no compartía lo resuelto por el tribunal de garantía, argumentando que la gravedad de la pena asignada al delito formalizado, que contempla pena de crimen de cumplimiento efectivo, la existencia de procesos pendientes y el hecho de haber actuado en grupo eran elementos suficientes para justificar la prisión preventiva.
Asimismo, el órgano persecutor enfatizó que los hechos investigados afectan la probidad administrativa y el patrimonio fiscal, recordando que el monto comprometido supera los $1.680 millones y que la comunidad se habría visto perjudicada en una materia “tan sensible como la prevención del suicidio”, en referencia al programa “Quédate”, financiado en 2022 mediante una transferencia desde el Gobierno Regional de Santiago a la Fundación Procultura.
Sin embargo, la Corte de Apelaciones desestimó los argumentos del Ministerio Público. En su resolución, señaló que “se encuentra controvertida tanto la naturaleza como el régimen de las partidas presupuestarias y el destino de los recursos recibidos, conforme al convenio por la Fundación Procultura”.
Alberto Larraín, exdirector ejecutivo de la Fundación ProCultura. Foto: Aton.
El tribunal agregó que dicha controversia “impide, al menos en esta etapa procesal, traducir el debate interpretativo, administrativo y contable en un soporte cautelar robusto que justifique la imposición de medidas particularmente intensas, como lo son la prisión preventiva y el arresto domiciliario”.
Además, la Corte sostuvo que no existen antecedentes “bastantes y concluyentes sobre el vínculo o acuerdo de voluntades y, por lo tanto, sobre el dolo común necesario para sostener con la intensidad requerida la participación punible alegada”, afirmando que comparte lo razonado previamente por el tribunal de garantía.
En esa línea, el fallo indica que los antecedentes invocados por los acusadores “no alcanzan a satisfacer el estándar exigible” para imponer medidas cautelares más gravosas, subrayando la diferencia entre el estándar requerido para una condena y el estándar cautelar aplicable en esta etapa del proceso.
El tribunal también cuestionó la calidad de parte del material presentado por la Fiscalía, al advertir que mensajes exhibidos de forma fragmentaria y un error en la atribución de una conversación “disminuyen la fiabilidad probatoria” del sustento ofrecido para justificar la prisión preventiva.
Con esta resolución, la Corte ratificó que, por ahora, los imputados enfrentarán la investigación en libertad, bajo la medida de arraigo nacional, mientras continúa la indagatoria por el destino de los fondos públicos asignados al programa de prevención del suicidio.