El Supremo descarta un cumplimiento "a la carta" de la retirada del carnet de conducir eligiendo los días
El Tribunal Supremo ha determinado que la pena de privación del derecho a conducir, tras ser condenado por un delito contra la seguridad vial, debe ejecutarse de forma ininterrumpida, sin posibilidad de un cumplimiento fraccionado que no está previsto en la ley.
La Sala de lo Penal que esa inhabilitación temporal no impone la retirada del permiso durante una suma de "días de no conducción" susceptibles de reparto, sino que impone un periodo temporal de privación que se proyecta de forma continua desde una fecha hasta otra sin posibilidad de repartir esos días "a la carta".
El alto tribunal se pronuncia así sobre el caso de un conductor profesional condenado a un año y tres meses sin carnet de conducir tras dar positivo en un control de alcoholemia. Al tratarse de un conductor profesional, esgrimió que el cumplimiento ininterrumpido de la pena le ocasionaba un trastorno económico-laboral al entrar en colisión con su derecho al trabajo.
Pero para el Supremo "convertir la profesión del penado en razón habilitante de una ejecución a la carta no solo carece de cobertura en el Código Penal, sino que comprometería la igualdad en la ejecución de las penas y vaciaría parcialmente de contenido la inhabilitación temporal". "Desplazando el centro de gravedad -que fija una privación durante un tiempo- hacia un calendario confeccionado en función de la conveniencia particular", deja claro.
No al sistema de "ventanas"
"Fraccionar ese periodo -abriendo intervalos en los que el penado recobraría la posibilidad de conducir- equivaldría a mutar la pena desde una inhabilitación temporal (privación íntegra del derecho durante un tiempo) a un régimen de restricción intermitente (privación solo en ciertos tramos), modalidad que no está prevista en la ley para esta pena y que, por ello, queda vedada por el principio de legalidad en ejecución", concluyen los magistrados.
Según pone de relieve el Supremo, el artículo 384 del Código Penal, que sanciona la conducción tras haber sido privado del permiso de conducir por decisión judicial, se apoya en la idea de que, declarada judicialmente la privación, el penado queda excluido del derecho de conducir mientras aquella esté vigente..
"De ahí que resulte incompatible con el diseño legal reconducir la pena a un sistema de "ventanas" o tramos alternos, en el que el propio órgano ejecutor habilitaría espacios de conducción dentro del periodo de privación, pues ello introduciría un escenario no contemplado por el legislador y erosionaría el carácter plenamente excluyente de la decisión judicial durante el tiempo de ejecución", explica la Sala.
La ley no lo contempla
Otra evidencia de que la ley sanciona una ejecución ininterrumpida, sostiene, reside en el mandato procesal de que una vez impuesta la pena, el secretario judicial procederá a la "inmediata retirada del permiso" y remitirá mandamiento a la Jefatura Central de Tráfico para que "lo deje sin efecto y no expida otro nuevo hasta la extinción de la condena". Algo que, subraya el alto tribunal, descarta una ejecución "ininterrumpida, sin devoluciones periódicas ni activaciones y desactivaciones" a voluntad.
La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Pablo Llarena, señala que no puede aceptarse la objeción de que el ordenamiento sí admite, en otros supuestos, formas de cumplimiento "fraccionado" o "compatible con la vida laboral", como sucede con el pago aplazado de la pena de multa, o con la posibilidad de que la localización permanente se cumpla en sábados, domingos y festivos.
Esa previsión legal, recuerda, no está contemplada en este caso, pues ese cumplimiento por tramos supondría "una alteración cualitativa del contenido de la pena, al permitir que el penado condujera durante intervalos insertos en el tiempo fijado en la sentencia, lo que equivale a transformar una inhabilitación temporal plena en una habilitación parcial intermitente no contemplada por el legislador.